1. Introducción

En Veracruz, después de décadas de gobiernos priistas, el panista Miguel Ángel Yunes Linares ganó las elecciones para gobernador del 5 de junio de 2016, como candidato de la coalición PAN (Partido Acción Nacional)-PRD (Partido de la Revolución Democrática). En un primer nivel de lectura, el cambio político parece ser el desenlace lógico del descrédito del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), entendido como la expresión última del autoritarismo estatal, ya en plena descomposición, lo cual cerraría el ciclo del “enclave veracruzano”.

Sin embargo, dos elementos impiden una interpretación lineal del cambio político: primero, las continuidades autoritarias transversales a las élites políticas y a los partidos; segundo, la implementación del modelo neoliberal como eje de la crisis sociopolítica actual. Los escenarios posteriores a cambios políticos a nivel nacional y en otros estados mostraron ya los límites de ese tipo de interpretación.

Así, aun teniendo características específicas, la crisis veracruzana está inmersa en una crisis nacional que combina precisamente esos dos elementos, desde los inicios de la transición, pasando por los gobiernos panistas, cuando estalló la violencia ligada al crimen organizado y a la “guerra” contra éste, hasta el regreso del PRI al gobierno federal en 2012. La crisis tiene también una dimensión global, dadas las políticas de liberalización económica que dan cuenta de la incorporación de la economía mexicana al marco competitivo de la globalización neoliberal. Paradójicamente, en México como en toda América Latina, la democratización coincidió con la instauración del modelo neoliberal, cuando en países donde se considera que la democracia es arraigada la globalización neoliberal desembocó en una situación conceptualizada como posdemocrática (Crouch, 2004).¹

Este artículo esboza un análisis del cambio político y de la situación de los movimientos sociales en Veracruz y plantea que las dinámicas y demandas de éstos rebasan el tema de la transición a la democracia para desplazarse hacia el terreno del neoliberalismo, lo cual se refleja en su relación, entendida como un eje estratégico para analizarlos. Después de introducir el tema de la posdemocracia con algunos matices sobre el “momento democrático” que la precedió, se presenta la interpretación del cambio político nacional en esta perspectiva. A determinada distancia del paradigma de las transiciones a la democracia, incluyendo la variación crítica que recalcó “la continuidad en el cambio”, se considera la propia naturaleza problemática del cambio en el contexto neoliberal, implicando a la liberalización política y a la misma “democratización”, en donde las continuidades autoritarias y el fracaso de la transición deben ser ubicados. Lo anterior impone una mirada histórica más amplia sobre los procesos sociopolíticos de México, sus continuidades y sus discontinuidades. Finalmente, se examina el escenario de los movimientos sociales en este contexto nacional y en el contexto del cambio político en Veracruz.²

En este apartado resaltamos dos momentos, el primero en el cual las protestas y los movimientos sociales impulsan y aprovechan las condiciones de la transición política en el periodo que van de 1980 al año 2000, y donde las demandas democráticas están al centro de las luchas sociales. Para ejemplificar seleccionamos el papel que han tenido las movilizaciones indígenas por la alternancia municipal y las luchas por el territorio, a sabiendas que en otros ámbitos se dan los procesos por la alternancia, sin embargo las movilizaciones en este sector nos brinda una perspectiva amplia de las demandas políticas e identitarias. El segundo momento, es la respuesta de organizaciones y movimientos sociales a la intensidad con que se manifiesta el modelo neoliberal, a través del neoextractivismo. Esto lo analizamos en el período que va aproximadamente del año 2000 al 2016 y donde seleccionamos casos que claramente responden a esta nueva etapa, como Caballo Blanco en la minería, la instalación de hidroeléctricas y la generalización del fracking en algunas regiones petroleras. Las características del tipo de empresas le imprimen a las protestas un doble carácter, por un lado una respuesta local, anclada en el territorio y por otro una resistencia que rebasa lo local, estatal y nacional. En este sentido el papel que juega el sistema político estatal es de promover las inversiones de estas empresas sin ser un regulador y protector de los derechos de los grupos sociales afectados. La alternancia estatal del 2016, no ha variado esta perspectiva.

2. Neoliberalismo y posdemocracia

En su ensayo, Colin Crouch asocia la posdemocracia a la predominancia desenfrenada de los intereses empresariales y financieros expandidos en el espacio global, así como de gobiernos y élites políticas comprometidas con ellos; a la pérdida de sentido de la rivalidad partidista, cuyo énfasis se trasladó de las bases sociales y militantes hacia la captación de recursos y de votos, el espectáculo mediático y la mercadotecnia; al desmantelamiento de los Estados sociales y la comercialización de la ciudadanía; al declive de los contrapoderes y la reducción de la participación en el voto, beneficiando la reproducción de élites cerradas y autónomas respecto del control ciudadano; y a la abstención masiva y la apatía de los sectores, en particular obreros, relegados por esos procesos económicos y políticos.

El sociólogo británico contrasta la posdemocracia con un “momento democrático” anterior, más igualitario, que supuso el ascenso de las luchas, organizaciones y partidos obreros, la limitación de los intereses empresariales, la inclusión social y política de las demandas de las masas, la institucionalización de amplios espacios de participación y el auge de los Estados de bienestar. Así, la posdemocracia significaría hasta cierto punto el regreso a un escenario predemocrático y a las viejas lógicas liberales de exclusión, aunque sea “pos”, ya que conserva las formas democráticas, y la cooptación de las instituciones es más sofisticada.

Sin embargo, algunos de sus fenómenos como el papel central de los medios masivos de comunicación, la consolidación de centros tecnocráticos de decisión y la evolución mercantil de la política se fueron dando desde la era de los Estados de bienestar.³ Desde entonces, se observaba una confluencia de mutaciones tecnológicas, económicas, sociales, políticas y culturales que justificaban conceptualizaciones como “sociedad del espectáculo” (Debord, 1967), “sociedad industrial avanzada” (Marcuse, 1964) y hasta “sociedad postindustrial” (Touraine, 1969).

Por ello, entre la posdemocracia y el “momento democrático” existen también continuidades. Pues la extensión de los derechos y la integración de las masas a los sistemas políticos fueron el resultado de luchas sociales y políticas, al mismo tiempo canalizadas y neutralizadas. La regresión se produjo dentro de un cambio cualitativo en el capitalismo que rebasó las relaciones institucionalizadas, ya que introdujo otras discontinuidades, pero se gestó en ese momento, donde se perpetuaba la dominación capitalista. Así, la cooptación de las instituciones, el cierre de la representación política y la reducción de los contrapoderes involucraron mecanismos políticos e institucionales que ya operaban a favor de la dominación, paralelamente a mutaciones más amplias y relaciones de fuerza que lo posibilitaron, siendo irreductibles al liberalismo del siglo xix. La pérdida de derechos colectivos, la exclusión y la fragmentación social en el contexto de la domesticación capitalista y del expansionismo de la racionalidad del mercado, lejos de favorecer las luchas estructurales, convergieron hacia la clausura actual. Si bien se acompañan de redefiniciones en las luchas sociales y políticas, tienen extensos efectos de imposición que favorecen el statu quo y las corrientes populistas, en particular de extrema derecha, donde hay que resaltar las propias tendencias autoritarias y populistas de las élites neoliberales.⁴ Movimientos y liderazgos conformados desde las lógicas del “mercado político” llegan a desplazar a los partidos políticos, provocando nuevas configuraciones de fuerzas y recomposiciones partidistas, ya que los partidos siguen siendo agentes centrales del proceso, donde los factores burocráticos conservan un peso importante, integrados a esas lógicas.

Se insiste marcadamente también en contraponer la globalización neoliberal a los Estados-naciones, a escala de los cuales se construyeron democracias que serían desbordadas por dinámicas supranacionales; pero la globalización toma sus raíces de un sistema de antemano mundial que contiene la génesis, transformación, posiciones y relaciones de los Estados nacionales, grupos sociales e intereses políticos y económicos, implicando sus continuidades entre el “momento democrático” y las dinámicas actuales. Los procesos regionales y nacionales deben ser puestos en esta perspectiva, considerando sus convergencias y sus diferencias.⁵

3. Neoliberalismo y continuidades autoritarias

En México, la problematización de los procesos políticos internos suele girar en torno a la oposición entre el pasado autoritario y la democratización.⁶ Esa lectura pone el acento en las continuidades autoritarias dentro del cambio, señalando sus recomposiciones y su generalización más allá de la competitividad electoral, de la pluralización partidista y del cambio político, en detrimento de la democratización y hacia la “restauración” del gobierno priista de 2012, planteándose el tema de la transición fallida.⁷ En particular, se resalta el carácter inacabado de la transición, cuyos pactos se centraron en los procesos electorales, en detrimento de la refundación del régimen (Merino, 2003). El problema debe ser desplazado hacia un nivel más estructural de análisis, considerando la propia naturaleza problemática del cambio en el contexto del capitalismo global, donde hay que ubicar la estructuración, mutaciones y continuidades del sistema político mexicano.

En América Latina, la integración de las masas a los sistemas políticos estuvo a la orden del día, desde los años treinta y cuarenta del siglo pasado, con los modelos de desarrollo hacia adentro por sustitución de importaciones, donde destacaron las vías nacional-populistas como rechazo de una modernización impuesta desde afuera, como expresión de esa modernización. Esas experiencias entraron en crisis con las polarizaciones sociopolíticas de los sesenta y de los setenta, lo que da lugar al desarrollo de movimientos revolucionarios y luchas armadas, así como a procesos represivos, golpes de Estado y gobiernos militares.

En México, dentro de los nacional-populismos latinoamericanos y en la trayectoria singular de la Revolución mexicana, el régimen surgido de su “institucionalización” se distinguió por haber permanecido más allá de esas polarizaciones.⁸ El momento posrevolucionario constituyó un poder político sui generis.⁹ El régimen se construyó en torno a la herencia revolucionaria y a su neutralización por los vencedores, en oposición a la dictadura porfiriana y a su modelo de modernización (1876-1911), así como abriendo espacios para la renovación de las élites políticas que ya se venía dando, pero vinculándose al Porfiriato por la continuidad capitalista y por el imperativo desplazado de la modernización.¹⁰ Aun impulsando derechos sociales y simulando la democracia, tal como lo establecía la Constitución de 1917, se erigió un Estado autoritario y corporativo de integración desde arriba, fundado en pactos entre camarillas políticas y cacicazgos, en una red política central que ejercía un control directo sobre bases, cuyos derechos eran condicionados al control autoritario y hasta a mecanismos de corrupción, quedándose restringidos y frágiles, en medio de la persistencia de la marginalidad social, de aspiraciones al cambio y de múltiples rebeliones localizadas.

El régimen se caracterizó por sus mecanismos sofisticados de reproducción, los cuales oscilaron entre la cooptación y una represión de baja intensidad, por su capacidad para encuadrar las masas que habían irrumpido en la escena revolucionaria, por su relativa disyunción frente a las élites económicas¹¹ y su conflicto con la Iglesia católica, así como por la instauración de un modus vivendi con ellas,¹² por su pragmatismo extremo y la fuerza de su imaginario y, finalmente, por su capacidad para marginar las oposiciones de derecha y de izquierda, siendo a la vez un lugar de apoyo y de exilio para los revolucionarios de la región, lo cual daba testimonio de su independencia, en particular ante el poderoso vecino estadounidense.

En América Latina, los movimientos y gobiernos nacional-populistas solieron construirse en torno a una figura histórica central, como lo fue, por ejemplo, Domingo Perón en Argentina. En México no fue así, por el simple hecho de que la Revolución Mexicana había surgido en contra de la dictadura personalizada de Porfirio Díaz, excluyendo cualquier posibilidad de reelección y de continuidad del poder personal. Aun así, Lázaro Cárdenas se mantuvo como su máximo referente histórico, siendo el cardenismo (1934-1940) el momento de mayor consolidación del régimen. Desde antes, el Maximato, (1928-1934), había canalizado las pugnas entre los caudillos revolucionarios a través de la creación del Partido Nacional Revolucionario, el antepasado del PRI.¹³ Ese proceso culminó con la centralización del poder político en la figura presidencial, las nacionalizaciones, la búsqueda de la independencia económica y el esfuerzo de desarrollo de la industria nacional, durante el periodo de Lázaro Cárdenas, cuando la integración popular, las reformas sociales, como la reforma agraria, la movilidad de las élites políticas y el prestigio simbólico del régimen, ya totalmente edificado, alcanzaron su auge.

Sus evoluciones posteriores apuntaron rápidamente hacia más liberalismo económico, exclusión y clausura de las élites políticas, dando mayor cabida al desarrollo de un sector empresarial, así como a elementos tecnocráticos y al capital extranjero, pero todavía legitimándose en la herencia revolucionaria, en el marco conservado de los tres pilares del régimen: el presidencialismo, el partido hegemónico y el sindicalismo corporativo. No obstante, lejos de restringirse a un pasado autoritario, el momento posrevolucionario encarnó una vía propia de modernización en las condiciones latinoamericanas, donde destacó la excepcional continuidad del régimen, si bien en medio de discontinuidades que siguieron hasta cierto punto las evoluciones latinoamericanas.

En contraste, los gobiernos latinoamericanos de seguridad nacional instalados en los setenta introdujeron importantes rupturas, ya que no sólo significaron un cambio de gobierno, como después de golpes anteriores, sino que tuvieron la ambición de cambiar radicalmente los escenarios y las relaciones de fuerza sociopolíticas en una perspectiva contrarrevolucionaria que abría camino al neoliberalismo o, por lo menos, generaba un terreno favorable para su implementación. Si bien la institucionalización de las democratizaciones materializó las luchas en contra de esos gobiernos, incluyendo a sectores de las izquierdas que habían militado por la revolución social y siguieron luchando en contra del neoliberalismo desde sus propias visiones democráticas, tales democratizaciones se ubicaron también en esa continuidad, coincidiendo con la imposición de los modelos neoliberales.

En México, el giro neoliberal se originó desde el interior del régimen posrevolucionario con la reforma del Estado, contribuyendo al debilitamiento de la relación orgánica entre el Estado, el partido hegemónico y las bases corporativas, a la par con las pugnas a favor de la liberalización política y de la “democratización”, ya productos de una crisis económica y política anterior. Entre ambos procesos, existen convergencias y contradicciones, por lo que son a la vez inseparables e irreductibles el uno al otro. Por un lado, la desintegración del régimen autoritario abrió espacios para la oposición política y los movimientos sociales, al mismo tiempo que provocó la diferenciación de las élites políticas y la autonomización de actores sociales. Por otro lado, la oposición política y los movimientos sociales solieron articular las luchas en contra del régimen autoritario y del giro neoliberal, incluyendo el surgimiento de una oposición “democrática” desde el interior del PRI que defendía la herencia nacionalista y la visión social del “momento posrevolucionario” en contra de su liquidación autoritaria y neoliberal. Es así como distintos sectores políticos y sociales confluyeron para fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incorporándose a la dinámica de la “transición” desde una doble perspectiva “revolucionaria” y “democrática” que terminó involucrada en las lógicas autoritarias y neoliberales de las élites nacionales y del sistema político.

La mutación culminó con la llegada al poder del Partido de Acción Nacional (PAN), es decir, de un polo conservador y empresarial que respaldaba la unidad del cambio democrático y neoliberal en contra del régimen autoritario y corporativo, siendo simultáneamente comprometido en las recomposiciones autoritarias y corporativas del sistema político. No obstante, la “modernización neoliberal” había sido impulsada por los gobiernos priistas, desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), obviamente en una óptica de conservación del poder, lo cual implicó la propia mutación del partido. Junto con la consolidación del polo panista que ya tenía una larga historia,¹⁴ las élites políticas se diferenciaron entre tecnócratas y “políticos”, herederos del régimen posrevolucionario, ya en el interior del PRI, provocando pugnas y recomposiciones internas. Los nexos empresariales y la propia estrategia empresarial del partido se combinaron con el control autoritario y corporativo y el imaginario heredados de su conformación nacional-populista como partido de masas, en declive como tal, a favor del neoliberalismo y a contracorriente de su proyecto histórico. El enfoque populista del salinismo (1988-1994), cuando se profundizó la tecnocratización de las élites gubernamentales,¹⁵ y la propia ecuación del regreso del partido al gobierno federal, en el 2012, con Enrique Peña Nieto, contienen esas ambivalencias.

Si bien esa dinámica incluye posiciones y características diferenciadas entre los partidos, redes y élites políticas, es ante todo un dinámica de conjunto, donde la generalización de las lógicas competitivas, autoritarias e incluso mafiosas implica juntos la tecnocratización de las élites y las prácticas heredadas, los pactos entre partidos y la circulación transpartidista de las redes de poder, la colonización y rebasamiento de los partidos por las camarillas políticas y sus alianzas con los poderes fácticos, tanto corporativos como emergentes. Después del fracaso de la “ecuación salinista” y del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), que en cierto modo ya preparaba al cambio político, esa dinámica desplazó el PRI del poder para prorrogarse con los gobiernos panistas y favorecer el regreso posterior del PRI, que siempre conservó posiciones importantes en la política nacional. Sin lugar a duda, la eventualidad de una próxima alternancia, dependiendo de sus características, tiene altas posibilidades de perpetuarla.

En síntesis, el problema involucra el cambio mismo, combinado con las continuidades autoritarias, en el contexto neoliberal. El “momento autoritario” puede también ser definido como un “momento integrador”, similar al “momento democrático” en otros lados, aunque despojado de la ilusión democrática, ya que esa integración resultó más precaria. En contra de la dictadura porfiriana y del carácter excluyente de la modernización emprendida, el régimen posrevolucionario asumió y desplazó el liberalismo en una óptica nacional-populista que, si bien simulaba el liberalismo, respondió a sus paradojas en las condiciones latinoamericanas, de las cuales fue también una expresión.

Inversamente, los fenómenos típicos de la posdemocracia, como el desarrollo del poder empresarial transnacional y nacional y de las tecnocracias, el reduccionismo electoralista y la evolución mercantil de la política y la centralidad de los medios masivos de comunicación y de la mercadotecnia son constitutivos de la “democracia” mexicana. Si bien sus efectos se agudizan por las herencias autoritarias del sistema político, el cierre oligárquico de élites que se van homogeneizando y autonomizándose del control ciudadano es una tendencia general de los sistemas políticos actuales, de ninguna manera exclusiva de México, donde define también una regresión propia, incluyendo al tema de la soberanía.

Asimismo, la combinación entre los fenómenos típicos de la posdemocracia y las continuidades de los sistemas políticos, incluyendo pues al reduccionismo electoralista, es un problema que se plantea en todas las transiciones a la democracia, en particular en América Latina, con sus variaciones, incluso donde hubo una mayor refundación del régimen, por lo que trasciende la heterodoxia de la transición mexicana, aunque esta última tenga su importancia.¹⁶ Entre la conformación del poder nacional, durante el periodo posrevolucionario, y el giro neoliberal existen contradicciones, pero también continuidades, cuyas raíces son incluso anteriores. En este contexto, el resurgir populista es una respuesta a la postdemocracia y una expresión de la misma.¹⁷

Lo anterior impide cualquier interpretación lineal del resultado electoral del 2016 y del cambio político de Veracruz, ya que significa una doble continuidad con las lógicas autoritarias y neoliberales del país y del Estado. La conservación de la hegemonía estatal del PRI en el contexto de la mutación neoliberal y el cambio político nacional en medio de las continuidades del sistema político habían sido espejos invertidos de un mismo proceso de conjunto, donde los niveles supranacional, nacional y subnacional están interrelacionados. El “enclave veracruzano” define dinámicas específicas en un escenario más amplio de fragmentación y privatización del poder político.

Se debe ubicar el cambio político de Veracruz en ese escenario. Si bien ese cambio ha sido el resultado del desprestigio del PRI estatal y nacional, el clivaje político no se plantea principalmente en términos de partido hegémonico/oposición (como en el 2000), ni tanto de izquierda/derecha (como en el 2006), sino en torno a la dicotomía entre las fuerzas políticas del “Pacto por México”, incluyendo al PRD, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. Pues, aunque se quiera presentar a Andrés Manuel López Obrador como la mayor expresión de la continuidad del viejo régimen, su actualización de la herencia “nacional-revolucionaria” encarna una doble oposición a la regresión neoliberal y a las continuidades del sistema político, al mismo tiempo que se encuentra involucrada en ellas. Si bien la salida del PRI del gobierno estatal no es nada anodina, Veracruz es ante todo uno de los campos de batalla de esa pugna política y electoral, donde resulta ser estratégico.

Sin embargo, el proceso de cambio iniciado en los años 1980 implicó también luchas sociales que, al margen del pacto corporativo, habían pugnado a favor de la democratización, articulándose hasta cierto punto y desde distintas intenciones con sus procesos políticos, si bien otras fuerzas sociales y políticas mantuvieron una oposición radical a la política institucional. Ante las tendencias neoliberales y autoritarias del sistema político, se observa fenómenos de desarticulación con la política institucional. Paralelamente, el debilitamiento de los pactos corporativos en ese mismo contexto neoliberal ha dado lugar a luchas que cambian la tradicional estructura corporativa, afectando tanto al PRI como a los partidos comprometidos en las recomposiciones del corporativismo mexicano, lo cual resulta decisivo en el escenario político y los procesos electorales de Veracruz. En efecto, esa contestación puede ser canalizada por Morena, definiendo distintos tipos de relación, lo cual contribuye a rearticularla con la política institucional, pero tampoco se subordina, ni se reduce a esa expresión política.

4. Movimientos y protestas en el Veracruz neoliberal

Con esta perspectiva es necesario conocer más precisamente cuál es el papel que los movimientos y las protestas sociales han tenido en el Estado de Veracruz. Nos situamos a nivel estatal, con algunos ejemplos que pueden permitirnos entender las características de la acción colectiva.

Para ello, es necesario hacer a un lado una visión aislada del estado, como la ha planteado la clase política en el poder, como un estado autosuficiente, productor petrolero y ganadero que poco necesita de la federación. Más bien, es necesario analizar cómo el estado se ha vinculado históricamente a la economía nacional e internacional, ya sea a través del petróleo, la ganadería o la emigración principalmente a Estados Unidos; más aún, cómo Veracruz se está articulando a un modelo internacional extractivista a partir de la explotación minera, petrolera, y de la implantación de hidroeléctricas. Por otro lado, cómo las actividades del narcotráfico penetran la economía y la política.

En los últimos 20 años la economía del estado se ha estancado y continúan vigentes las actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la explotación petrolera, por lo cual se ha visto acentuada la migración y el desempleo. Este panorama ha llevado al gobierno estatal a seguir estrategias económicas inmediatas, como la de adecuarse a las nuevas demandas de los organismos internacionales.

Como se planteó anteriormente, en América Latina se ha instaurado el paradigma neoliberal del modelo extractivo exportador, vinculado éste a la criminalización de la protesta, que ya se ha mencionado (Svampa, 2008). Estas tendencias que se observan para América Latina, sin lugar a dudas hacen eco en nuestro país, especialmente a partir de la institucionalización de dicho modelo, que se dio con la aprobación de las reformas estructurales aprobadas por el conjunto de los partidos políticos en el Pacto por México. Se aprobaron la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones y la reforma fiscal. Una característica general del conjunto de las reformas es que se propicia la flexibilización laboral en todos sus ámbitos; por ejemplo, la reforma educativa hizo hincapié en la pérdida de derechos y no en los cambios pedagógicos y educativos.

Previo a la consolidación de este proceso, desde finales de los años setenta se inició la “transición política” con un lento proceso a nivel nacional que tomó distintos matices en los estados. En el estado de Veracruz se completa con la alternancia a nivel estatal, con los resultados de las elecciones del 5 de junio de 2016, donde triunfa la alianza PAN-PRD. En sus inicios se expresaron luchas sociales que encontraron en la competencia electoral una vía para canalizar sus demandas, principalmente a nivel municipal. El largo y accidentado proceso de transición política sirvió a diversas organizaciones y movimientos sociales en Veracruz como una apertura en la estructura de oportunidades políticas para ganar municipios y con ello redistribuir recursos económicos y políticos en las diversas regiones.

Por ello, a continuación mostraremos estas dos etapas. La primera va de los años ochenta al 2000; en ésta comentaremos, a modo de ejemplo, algunas luchas sociales características del periodo. La segunda va de 2000 a la actualidad; en ésta mencionaremos algunas luchas sociales que se resisten al modelo neoextractivista.

5. Protestas indígenas y transición política

En el marco de un sistema político autoritario como lo ha sido el veracruzano, las transformaciones políticas nacionales que se comenzaron a dar en el contexto de la llamada transición política, sin lugar a dudas favorecieron brindar cobijo a una serie de movimientos y luchas sociales que enarbolaron un conjunto de demandas económicas y sociales en el estado de Veracruz y que no encontraban salidas en el marco de una estructura de oportunidades políticas cerradas.

En Veracruz, la lucha electoral brindó la posibilidad de que varios movimientos y organizaciones se aliaran a los nuevos partidos políticos para tener la posibilidad de competir por los ayuntamientos. La llamada lucha municipalista se dio a lo largo y ancho del estado. Tener acceso al poder que confería un ayuntamiento significaba, a nivel local, tener la posibilidad de hacer llegar recursos económicos a aquellos sectores más vulnerables y ensayar nuevos esquemas de participación que había bloqueado el PRI en su larga hegemonía política.

Un ejemplo de ello lo tuvimos en varios municipios del sur del estado como Zaragoza, Cosoleacaque, Oteapan, Coacotla, Tatahuicapan y Pajapan, cuyos habitantes son de origen nahua, y quienes, durante el periodo que va de 1990 a 2000, emprendieron múltiples movilizaciones para tratar de ganar los ayuntamientos de sus municipios (Aguilar, 2009).

En estos municipios se organizaron los llamados Comités de Defensa Popular, que tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas comunidades. Es necesario mencionar que estos comités se formaron bajo la influencia de la teología de la liberación, que fue propagada a través de sacerdotes jesuitas que se asentaron en la región. Sin embargo, para lograr que estos comités tuvieran la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, era necesario impulsar un cambio democrático que consistía en lograr a nivel nacional la alternancia política, aspecto que se tendría que replicar en los niveles estatal y municipal.

Por ello, los distintos comités que se formaron entre las décadas de los ochenta y los noventa en esa región, como los de Oteapan, Coacotla, Pajapan, Cosoleacaque y Zaragoza, tuvieron como objetivo participar en las contiendas electorales, disputando el ayuntamiento principalmente contra el PRI. El PRI integraba a los viejos cacicazgos políticos, representados por ganaderos y dirigentes petroleros de la región. Se han escrito varios textos dando detalles de estas luchas (Aguilar, 2009; Skerrit, 2012; Roca, 2013), pero lo que nos interesa en estos momentos es dejar en claro que, para ese periodo, la transición política era una especie de acicate en las luchas indígenas por ganar los ayuntamientos y, con ello, tratar de desmantelar el sistema político autoritario.

El caso de Zaragoza es emblemático por varios motivos: primero, el comité de defensa constituido logra impactar a la mayoría de la población y, con ello, triunfar durante tres periodos en las elecciones municipales; segundo, porque, especialmente en la primera etapa de vida de esta organización, las demandas indígenas fueron canalizadas adecuadamente y también fueron puestas en marcha nuevas prácticas de participación ciudadana. En cuanto a dichas prácticas, a fin de llevar a cabo el plan de desarrollo municipal, el comité de defensa realizó asambleas comunitarias en los cuatro barrios de Zaragoza, lo que permitió priorizar las necesidades de los habitantes de acuerdo con las demandas detectadas. Pudimos constatar que durante la gestión de los presidentes municipales que propuso el Comité de Defensa Popular de Zaragoza (CDPZ), se llevó a cabo mucha obra pública: mercado, cooperativas, pavimentación de calles, escuelas, introducción de agua potable, viviendas, etcétera.

La figura de la asamblea fue muy importante, pues se hizo práctica recurrente la consulta pública, donde se informaba de los avances y problemas de la gestión municipal. Tres trienios de elecciones ganadas a través de la figura partidaria del PRD fueron todo un acontecimiento en un municipio donde el PRI había tenido el control de éste. ¿Por qué el CDPZ pierde las elecciones en la primera la década de 2000, si había generado obra pública, y tenía mecanismos de información constituidos? Nos parece que la respuesta a esta pregunta va orientada a la incapacidad del CDPZ de generar cambios generacionales y, con ello, democratizar los tipos de elección interna en el comité, merced a lo cual las nuevas generaciones y las mujeres pudieran acceder a los puestos de dirección y a los puestos públicos. Este es el principal elemento. No bastaba la alternancia municipal, se debía revisar cómo se construyen nuevas prácticas sociales y políticas.

Aunque con diferencias, se produjeron fenómenos parecidos en los comités constituidos en Cosoleacaque, Coacotla, Oteapan y Pajapan. Por ejemplo, en Cosoleacaque, donde también se ganó la presidencia municipal, la diferencia entre las bases y el equipo del presidente municipal se debió a que éstas se sintieron traicionadas al no dárseles participación en la gestión municipal, pues el presidente municipal, durante el periodo, pensaba que la gestión municipal requería una especialización mayor, que no tenían las bases de apoyo (Aguilar, 2009).

De estas experiencias se derivan algunas conclusiones; por un lado, los cambios políticos que se dieron con la incipiente democratización del sistema político permitieron posibilidades de participación de movimientos y luchas sociales, que encontraron en la vía electoral una salida a sus demandas. Por otra parte, el propio esquema de la democracia representativa limitaba la dinámica radical de participación de los grupos sociales, que pensaban que la lucha por el ayuntamiento representaba también prácticas de tomas de decisiones y participación que desbordaban el esquema electoral.

6. Las movilizaciones indígenas y la reconfiguración del territorio

En este mismo periodo, llamado de la transición, en regiones indígenas también se dieron varios casos de demandas de nuevos municipios, como en los casos de Sochiapa, Tatahuicapan y en el Uxpanapa, por mencionar algunos representativos. En los tres casos se observa una participación de grupos indígenas en la lucha por esta demanda. En la creación del municipio de Tatahuicapan confluyen varios aspectos: el primero, consiste en que los habitantes de este poblado quisieron separarse del municipio de Mecayapan, también de origen nahua, porque no coincidían con las prácticas políticas de los habitantes de dicho poblado y consideraban además que los recursos no eran bien administrados y distribuidos.

Un segundo aspecto, muy importante, es que en esta población se ubica el río que abastece de agua a los habitantes de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, y se consideraba que el gobierno estatal no retribuía con mejoras económicas y sociales al pueblo de Tatahuicapan. La población se organizó para constituir un nuevo municipio que le permitiera tener autonomía económica y política, la cual obtuvieron después de emprender una serie de movilizaciones y de protestas, como tomas de carreteras y el cierre de las llaves de abastecimiento de agua a las ciudades ya mencionadas (Roca, 2013).

En el caso del municipio de Sochiapa, parte de los demandantes pertenece a una élite indígena en ascenso, que disputa recursos económicos y simbólicos con los mestizos del lugar. La creación de este municipio se da en 2001, después de una larga lucha que llevaron a cabo aproximadamente 67 comunidades mayoritariamente indígenas. En el caso de la constitución del municipio de Uxpanapa, formado por 13 poblados cuyos habitantes fueron reubicados en esa región por la creación de la presa Cerro de Oro, y que son indígenas principalmente provenientes del estado Oaxaca, después de varios años de depender del municipio de Minatitlán éstos consideraron importante tener autonomía, la cual fue lograda después de que el Consejo Indígena de Uxpanapa realizara movilizaciones y gestiones ante el gobierno estatal (Aguilar, 2012; Tomic, 2011).

No es el objetivo de este artículo describir las movilizaciones, sino ejemplificar que durante el llamado proceso de transición se abrieron algunos espacios que fueron aprovechados por diversos sectores como el indígena, en los niveles municipal y estatal, como el caso de la lucha por los ayuntamientos y por la constitución de los nuevos municipios.

7. La resistencia al neoextractivismo

Digamos que en el inicio de la primera década de 2000, el modelo neoliberal intensifica su capacidad de acumulación a través de una especie de regreso a la reprimarización de los países pobres a través de lo que se ha llamado el neoextractivismo. En América Latina vemos, en la mayoría de los países, empresas transnacionales explotando diversos recursos, agua, petróleo, minería, etc. Esta extracción de los recursos se realiza en un esquema de desregulación que beneficia principalmente a las empresas, y en el que las comunidades quedan prácticamente desprotegidas.

En México, desde hace varios años, vienen trabajando empresas que han devastado los territorios donde intervienen, como el caso de la minería a cielo abierto, o la explotación petrolera a través del fracking. Sin embargo, las condiciones favorables para estas empresas se consolidan con la aprobación de las reformas estructurales aprobadas a partir de 2012 durante el gobierno de Peña Nieto. Estas reformas se caracterizan por golpear los derechos de los trabajadores y flexibilizar la fuerza de trabajo, por una parte; y por otra, crean todas las condiciones favorables para que las empresas inviertan y se vean bien retribuidas. Esto en perjuicio de los trabajadores y de las comunidades.

En Veracruz, hemos venido constatando la instauración de este modelo, a través de inversiones de las empresas privadas mexicanas y extranjeras. Por ejemplo, en varias partes del territorio se han hecho o tratado de llevar a cabo hidroeléctricas, que tienen como objetivo generar electricidad y abastecer de agua a ciudades medias, como los casos de Zongolica, El Naranjal y Jalcomulco. O aquellas empresas que tratan de explotar los metales a través de la minería como el caso de Caballo Blanco en la región de Alto Lucero. También hemos observado la forma en que tanto Pemex como otras empresas petroleras están intensificando sus métodos de explotación en algunas zonas, como en la región del llamado Paleocanal, particularmente en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, en donde se ha afectado a comunidades (tanto de Puebla como de Veracruz) por la contaminación de sus fuentes de abastecimiento de agua.

Otra de las reformas estructurales fue la reforma educativa, que básicamente fue una reforma laboral, en la que se ha visto afectado un conjunto de los derechos del magisterio a nivel nacional. En Veracruz, la oposición a la reforma educativa generó impactantes movilizaciones de los maestros, mismas que no se habían visto desde 1923. La movilización magisterial ha tenido varias repercusiones, pues este sector se ha caracterizado por ser parte del andamiaje político del sistema político veracruzano vinculado al PRI. Aunque el resultado de las movilizaciones no desestructuró el SNTE, sí generó grietas, inconformidades, nuevas tendencias y también nuevos sindicatos, lo que cambia la tradicional estructura corporativa. En las elecciones de junio de 2016, varios sectores de maestros y de maestras se expresaron electoralmente por la oposición, ya fuera PAN-PRD o Morena.

A diferencia de los académicos que plantean que no existe respuesta o resistencia por parte de diferentes sectores de la ciudadanía, lo que se muestra más bien es que se ha ido conformando un historial de luchas y de protestas contra este conjunto de iniciativas de explotación de los recursos naturales y del territorio de campesinos e indígenas. Podríamos pensar que son luchas históricas contra el capitalismo (Touraine, 1997). Lo más interesante es que algunas de ellas han logrado frenar estos proyectos en la medida en que se han articulado diversos grupos sociales.

8. Las luchas sociales y sus repertorios de acción

¿Cómo han respondido los grupos afectados por estos proyectos? Es muy interesante conocer las trayectorias de los actores que se oponen. Por ejemplo, la empresas extranjeras y nacionales están tratando de llevar a cabo proyectos hidráulicos en la cuenca de La Antigua y en la zona de Amatlán de los Reyes. Las estrategias para lograr tales propósitos son parecidos: ocultan o dan la información a cuentagotas a las comunidades afectadas, se presentan con el apoyo gubernamental, crean expectativas de empleo y de trabajo en los habitantes del lugar, cuando la situación se complica se generan sobornos, y en momentos muy difíciles se amenaza y se criminaliza la protesta.

Sin embargo, la respuesta de las comunidades ha sido interesante. En el caso de la cuenca de La Antigua, se formó una organización llamada Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), conformada por habitantes de las comunidades afectadas, empresarios turísticos de la región y La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA). Esta alianza entre empresarios turísticos que utilizan el río para actividades recreativas, los habitantes de comunidades que se verían afectados por la desviación de los cauces de los ríos y los activistas ecologistas agrupados en LAVIDA permitió articular luchas para oponerse al proyecto e incluyó una diversidad de protestas: lucha jurídica, estudios de impacto ambiental, toma de carreteras, bloqueos, difusión de la información en asambleas comunitarias, todo lo cual permitió que el proyecto no se lleve a cabo por lo menos en lo que resta del sexenio del gobierno de Javier Duarte (Rodríguez, 2015).

En el caso, del proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal, que pretende impactar varios municipios como Amatlán de los Reyes, Fortín de las Flores, El Naranjal, Yanga, Cuichapa y Coetzala, entre otros, se formó la organización Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, integrada aproximadamente por 30 comunidades, ecologistas y miembros de la Iglesia católica. Esta articulación de fuerzas ha logrado frenar el proyecto, por la intensidad de sus movilizaciones y protestas (Hernández, 2016).

En el caso del proyecto minero Caballo Blanco, el gobierno del estado autorizó en 2010 la explotación de minerales a la empresa canadiense Goldgroup Mining Inc., en un amplio espacio geográfico que va del municipio de Alto Lucero al de Actopan. Uno de los argumentos de la empresa es que la región tenía territorios con baja densidad de habitantes y éstos en condición de pobreza extrema, por lo cual la explotación minera los beneficiaría. La explotación minera a cielo abierto es extremadamente contaminante y depredadora, por lo cual las protestas de los grupos organizados en LAVIDA no se hicieron esperar, e informaron además a las comunidades las repercusiones del proyecto. Las protestas, las movilizaciones y la difusión de los impactos ambientales ocasionaron la alianza entre habitantes de un grupo de comunidades y LAVIDA, lo que llevó a posicionar el proyecto a nivel nacional como un proyecto inviable. El gobierno del estado anunció que el proyecto no continuaría (Esteva, 2016).

Si bien algunos de estos proyectos no han fructificado dada la capacidad que han tenido los grupos que serían afectados de organizarse y lograr coordinar sus protestas, en este periodo también el gobierno estatal ha entrado en una crisis estructural que no le permite brindar respuestas certeras a las empresas que están intentando implantar este tipo de proyectos.

Un último caso que exponemos, se refiere a la explotación petrolera. En la medida en que las reservas petroleras disminuyen, la competencia en el mercado petrolero lleva a intensificar la explotación de este recurso. En el caso de México, hemos visto cómo en 2013 se aprobó la reforma energética, que tiene como objetivo generar condiciones óptimas para la inversión por parte de empresas nacionales y extranjeras; en contraparte, se afecta los derechos de aquellos posesionarios o propietarios de tierras donde se llevaría a cabo la perforación petrolera, así como los derechos de los trabajadores que laboran en esta industria. De hecho, Pemex se ha reestructurado; y de una empresa con objetivos de beneficio social, se ha convertido en una empresa con objetivos comerciales.

En este contexto, en Veracruz, en la zona llamada del Paleocanal de Chicontepec, se reanimó a inicios de la primera década de 2000 el proyecto de Aceite Terciario del Golfo, en Pemex, con la idea de explotar los yacimientos petroleros que se localizan en un amplio perímetro que abarca 12 municipios, nueve en el estado de Veracruz y tres en el estado de Puebla.

Lo característico de estos yacimientos es que se encuentra el petróleo en áreas muy profundas, por lo que su extracción se complica y tiene que hacerse con otros métodos, como el fracking. Este método se ha aplicado en algunas zonas como el municipio de Venustiano Carranza, ubicado a 45 minutos de la ciudad de Poza Rica. Dicho método consiste en perforar de manera vertical y horizontal y, con explosiones subterráneas, fracturar las capas geológicas. Esto ha ocasionado que el aceite se desvíe hacia los cauces de los ríos y de los manantiales que abastecen a las comunidades. Esto sucedió en varias comunidades del municipio de Venustiano Carranza y en comunidades veracruzanas, por lo que los habitantes protestaron en contra de la contaminación del agua y de la destrucción de sus parcelas (Aguilar, 2016).

Las protestas en su momento (2010) fueron muy intensas, y se reflejaron en negociaciones con las empresas petroleras, sin lograr que se dejara de explotar el petróleo, pero obteniendo respuestas complementarias como indemnizaciones, construcción de escuelas, clínicas y otros tipos de infraestructura.

Un comentario final lo podemos hacer en el sentido de que los ciclos de protestas en el estado de Veracruz ya no están centrados en la competencia electoral y en la democracia como forma de mejorar las condiciones de vida, sino más bien en oponerse a un conjunto de proyectos que impactan el territorio y las formas de sobrevivencia.

El neoextractivismo ha rebasado la propia estructura del sistema político estatal, porque la dinámica de estos proyectos impacta también los tradicionales acuerdos corporativos entre el Estado y los trabajadores, como hemos podido observar en diversos movimientos, como el de los trabajadores de la educación. En este caso, el punto de quiebre fue la ruptura de las alianzas entre los grupos de profesores y el PRI. En las manifestaciones que se llevaron a cabo de finales de 2012 hasta 2013, las protestas incluían la amenaza de no votar por el PRI, en rechazo a la aprobación que senadores y diputados del PRI concedieron a la reforma educativa. El mismo rechazo mostraron contra los políticos del pan y del PRD; un sector del magisterio apoyó (e incluso contribuyó con candidatos) al nuevo partido de oposición, Morena, en las elecciones de 2016.

En el caso de las empresas mineras e hidráulicas y sus objetivos, trazados para explotar los yacimientos mineros y lograr la instalación de las empresas hidráulicas, observamos que los gobiernos estatales juegan un papel de aliados. Y sólo cuando las condiciones de la movilización se combinan con una crisis financiera y política, como sucedió en Veracruz, estas empresas pueden ser temporalmente frenadas. El caso del petróleo es otro. Pues Pemex es una empresa de larga data en el estado, y ha sido vista hasta antes de la reforma como una empresa de beneficio social, y aunque su actividad es contaminante, tenía el objetivo de subsidiar diversas actividades sociales y a la misma economía del país. Con la reforma energética esta perspectiva cambió, transformándose en una empresa comercial y, por lo tanto, compitiendo o aliándose con empresas petroleras privadas y extranjeras. La intensificación de la explotación petrolera ha llevado a una especie de regreso al tipo de explotación que se hizo en el periodo anterior a la nacionalización del petróleo.

9. Conclusión

El cambio político de Veracruz se produjo, cuando el presente político de México parece cerrar el ciclo de la transición a la democracia y refrendar su fracaso. Por lo tanto, el análisis del cambio político de Veracruz no puede plantearse en esos términos, pues implica una lectura crítica de las interpretaciones de la transición, que se centran en las continuidades autoritarias del sistema político, en detrimento de la consideración de la naturaleza problemática del cambio en el contexto global, nacional y subnacional del neoliberalismo y en la trayectoria histórica del capitalismo y de las modernizaciones sucesivas de México, lo cual involucra las dinámicas de las élites políticas y cuestiones relativas al régimen.

Si bien, ya fuera de toda idealización, las contradicciones entre el neoliberalismo y los neopopulismos resultan ser una reminescencia de las que prevalecieron entre el liberalismo y el populismo en el pasado mexicano, así como de las contradicciones al interior de ambos¹⁸. En ese sentido, el nuevo ciclo apunta hacia redefiniciones mucho más amplias que abarcan también a los movimientos sociales.

Los casos presentados en Veracruz permiten observar una desarticulación creciente entre las luchas y la política institucional, entre su oposición a las políticas neoliberales y las perspectivas de la democracia liberal. Sectores que se habían vinculado con esos procesos y perspectivas, por ejemplo el sector indígena a nivel local, ya tomó sus distancias. Otros, cambian la tradicional estructura corporativa, como los sectores petrolero y magisterial en Veracruz. En estas tendencias, aunque los partidos históricos logren conservar ciertas bases sociales, se rompe la relación con ellos. En fin, los movimientos sociales no se vinculan orgánicamente con el cambio político de Veracruz, redefiniéndose distintas posiciones ante él. Esas tendencias pueden ser aprovechadas por la corriente política de Morena, pero tampoco resulta siempre así, pues no se establece una relación estable con ella.

Lo anterior podría ser interpretado como un síntoma de la crisis de la democracia y posdemocracia, sin embargo existen y se expresan demandas de igualdad y derechos en un sentido democrático fundamental, no siempre muy delineada, pero en todo caso más allá de la posdemocracia, tal como se experimenta en México y Veracruz; combinándose con los rasgos autoritarios del sistema político en un escenario de violencia social, política y criminal, donde se cristalizan el pasado y el presente, lo global y lo nacional, es decir, las estructuras y relaciones de fuerza constituidas en el tiempo y en el espacio.