En los últimos 25 años, en México, se han consolidado las instituciones que garantizan el respeto al voto y se crearon las normas legales que permiten a todos los ciudadanos participar en los procesos electorales sin restricción alguna. Sin embargo, la transición democrática solo ha cubierto el aspecto electoral y no el de un gobierno ciudadano e incluyente. La construcción de la cultura política requiere de un intercambio de ideas que, a través de la discusión y argumentación, contribuya a proponer soluciones a los problemas nacionales y latinoamericanos. Es así como la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE), a través del Certamen de Ensayo Político, uno de sus instrumentos de inclusión política, fomenta una exposición de reflexiones que abonan a una construcción colectiva de la democracia.

La décimo novena edición de este certamen se destacó por la presencia de América Latina. Además de los ensayos escritos por mexicanos, hubo participantes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador y Venezuela. Hay que celebrar que Latinoamérica está presente en un ejercicio tan destacado de pensar la democracia. Además, a partir de diferentes marcos de interpretación, los trabajos compilados hacen valiosas exposiciones sobre los retos de construir una cultura política en el siglo XXI. Los temas abordados por los participantes del certamen se pueden agrupar en cuatro categorías: los millennials y la democracia; la reconfiguración política en América Latina; las prácticas democráticas en México, y las mujeres y la participación política.

En lo referente a la llamada generación millennial, es importante identificar que posee una forma específica de informarse y de construir una opinión sobre sus representantes, con base en los medios digitales. En el texto “Bots, trolls, fake news y memes: contextos contemporáneos de participación política de los millennials”, Víctor Gabriel Castañeda analiza los fenómenos digitales que rodean las elecciones y que los millennials deben enfrentar para participar políticamente.

Actualmente, la comunicación política necesariamente pasa por internet, por lo tanto, las estrategias de difusión, de discusión y de sátira han ido evolucionado. Aunque esto tiene ventajas, también ha generado obstáculos. Entre los fenómenos que han surgido, encontramos los bots, los trolls, las fake news y los memes, los cuales han saturado de información para publicitar algunos temas o censurar otros; generan confusión y rebajan la calidad de la discusión.

A pesar de poseer un nivel de educación mediática mayor, el millennial debe estar preparado para saber discernir entre fuentes de información confiables y las publicaciones que solo cumplen un propósito publicitario, lo cual pervierte la democracia mediante la confusión y la ambigüedad. Se debe reconocer que los contextos comunicativos de participación política de los millennials pueden ser alentadores o desorientar, de acuerdo con las armas que tenga la población para informarse, pensar críticamente y decidir libremente sobre el futuro del país.

Por otra parte, la penetración de internet en México y el uso generalizado de las redes sociales han contribuido a la aparición de un fenómeno inédito en el país. Así, han surgido diferentes actores, blogueros, opinólogos que en redes sociales se pronuncian respecto a temas de interés político y social, a través de un simple tuit, un video o un meme.

Hiram Piña Celaya, en su ensayo “El voto razonado en la era de las redes sociales: ¿posibilidad o manipulación?”, reflexiona si estas acciones, por muy sencillas que parezcan, surten efecto en nuestra democracia. Aunque internet se ha convertido en una arena importante para el debate público, tiene un gran riesgo. El siglo XXI se ha caracterizado por el resurgimiento de los nacionalismos, populismos y extremismos de todo tipo, y distintos actores políticos han aprovechado la web para encontrar una audiencia a la cual seducir para conseguir sus objetivos. Por ello, el autor considera que esto debe ser una advertencia para evitar la polarización y fragmentación de la sociedad, las cuales impiden la construcción de consensos.

Otro aspecto fundamental sobre los millennials es el prejuicio que existe sobre esta generación, pues se le considera como un grupo de personas egoístas, flojas y apáticas. En “Democracia 2.0.18: La democracia para la generación millennial”, Pablo de los Cobos Alcalá nos invita a cambiar esta idea e identificar que esta generación lucha por “un gobierno democrático con altos estándares de participación ciudadana, que no considere los valores burocráticos y formales como los principios rectores, sino la transversalidad, el diálogo y el fondo”. ² Sin embargo, estas expectativas no se han cumplido, debido a que las instituciones no evolucionan al mismo ritmo que se les exige, lo cual inhibe el interés de las nuevas generaciones para contribuir a la democracia.

Para acercar a esta generación a los procesos democráticos, el autor propone tres acciones fundamentales. En primer lugar, debe haber una mayor apertura a la participación dentro de las instituciones, para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa y deliberativa. En segundo lugar, las políticas públicas deben recuperar los temas más relevantes para los milenials, como son el problema de la ciudadanía, los derechos humanos, la precariedad laboral, la regulación de la tecnología y las elecciones, para el diseño de acciones. En tercer lugar, para que las instituciones no pierdan a gran parte de su talento, deberán otorgar mayor flexibilidad, trabajos a distancia y tener mayor horizontalidad en los proyectos laborales. ³ Entender los cambios actitudinales y culturales de la llamada “generación milenial” es vital para construir la democracia del siglo XXI.

Por otra parte, para comprender la reconfiguración del panorama político latinoamericano, es vital reconocer que el mundo ha entrado en una gran recesión democrática y, para salir de esta situación, las naciones del mundo deben compatibilizar el gobierno con una ciudadanía incluyente. Este asunto es abordado en el ensayo “El control de convencionalidad como remedio al desequilibrio de poderes en América Latina”, de Walid Tijerina Sepúlveda. El problema en América Latina es transitar de meras democracias electorales a democracias ciudadanas, donde no solo se cristalicen los derechos políticos de los ciudadanos, sino también los derechos económicos y sociales.

Por ello, es necesario “fortalecer las instituciones gubernamentales que hayan demostrado características inherentes, para convertirse en promotores y garantes del progreso social. La vía para intensificar las ciudadanías democráticas es la continua consolidación de los pesos y contrapesos”. ⁴ En este escenario, ha aparecido una herramienta que se ha posicionado como vehículo potencial para remediar los bajos índices democráticos de la región: el control convencional o constitucional de los derechos humanos. De esta manera, el poder judicial garantizaría que las democracias constitucionales no solo sean una “construcción jurídica”, sino también una “construcción política y social”. ⁵

En otro de los ensayos que contiene este libro, se problematiza el riesgo de construir modelos predictivos que no consideren las particularidades de distintos escenarios sociales. Así, Martín Ignacio Borquez Concha, en “Modelos de crisis sociales en Chile: una aproximación epistemológica”, reflexiona sobre un proyecto de investigación llamado modelos de crisis, financiado por la iniciativa pública Núcleo Milenio en Chile. Su objetivo es generar conocimiento que permita anticipar y gestionar la emergencia de crisis sociales.

La propuesta integra recursos interdisciplinarios de ciencias duras y sociales, pero las técnicas de estudio empleadas tienen un valor muy relativo, si se trata de enfrentar y predecir variables de un fenómeno con exacta precisión. El proyecto de Núcleo Milenio tiene la pretensión de desarrollar un esquema analítico posible de aplicar, posteriormente, en otros espacios y momento sociales. No obstante, “ello conlleva el riesgo de caer en implicaciones centralistas, propias del universalismo en ciencias sociales, el cual delimita a la sociología como la ciencia de lo social, en tanto lo social sea lo universal de lo humano”. ⁶ Tal noción posee poca capacidad de respuesta ante las particularidades sociales, culturales e históricas de los distintos escenarios sociales.

Para hacer frente a estas limitaciones, el autor invita a generar debate entre los integrantes del Núcleo Milenio, con el fin de identificar cuáles son los alcances y limitaciones, tanto teóricas como operativas, del proyecto. Al mismo tiempo, busca profundizar en elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos propios de la investigación social. Aunque la crítica que realiza Ignacio Martín Borquez al proyecto, respecto a la falta de relación entre la teoría y la praxis, el lector hubiera agradecido que se proporcionara un ejemplo de cómo el proyecto Nuevo Milenio ha trabajado algún fenómeno social en Chile. Así, sería posible verificar las dificultades que enuncia el autor.

Continuando el recorrido por el Cono Sur, la llegada de Alberto Fujimori en 1992 al gobierno de Perú sigue teniendo un impacto en ese país, debido a que su legado sigue vivo a través de sus hijos y su partido político: Fuerza Popular (FP). Adriana Marcela Sánchez Ospina, en el ensayo “La oposición como mayoría en el Congreso. Estudio del partido Fuerza Popular en la administración de Pablo Kuczynski”, considera que el país andino vive una fuerte crisis de representación que afecta la confianza en las instituciones y la participación ciudadana.

Fuerza Popular, partido que preside Keiko Fujimori, se ha convertido en la mayor fuerza opositora al presidente de Perú. Al ser mayoría en el Congreso, ha marcado la agenda del país; tiene la capacidad de censurar al gabinete de Kuczynski y ejerce un control político. Incluso, el perdón otorgado a Alberto Fujimori dejó ver que el indulto no era una prerrogativa de FP, sino que su intención es llegar al ejecutivo nacional.

Este partido cimbró las bases del sistema político peruano, y nos invita a reflexionar sobre los límites de la oposición y los sistemas presidenciales para no generar una crisis de gobernabilidad; sobre todo, cuando surge de partidos, no de movimientos sociales, y cuyo objetivo es llegar al poder sin importar el medio. Comprender esta situación nos permitirá conocer qué tan grave ha sido la crisis que ha impedido la movilización de una sociedad tan polarizada como la peruana.

Por otra parte, en los ensayos del certamen destaca el interés por analizar el papel de la confianza institucional y los factores que la generan, para construir las bases de la participación ciudadana y, con ello, fortalecer las prácticas democráticas en el sistema político mexicano. En “La construcción de la confianza en las instituciones políticas a partir de su desempeño. La perspectiva de los jóvenes en Monterrey, México”, Luis Enrique Pérez Castro analiza, desde la mirada de estudiantes de entre 15 y 17 años, la percepción negativa sobre el desempeño de las instituciones. Esto no solo es atribuido a la falta de capacitación, sino a la baja eficacia y la falta de ética de la burocracia. Para resolver esta deficiencia, el autor confía en que los jóvenes se convertirán en ciudadanos defensores de las libertades democráticas, poco satisfechos con el funcionamiento del régimen y, por consecuencia, exigirán a las instituciones políticas un mejor desempeño.

En consonancia con la eficiencia de las instituciones en el cumplimiento de sus labores, Armando Salas Cruz aborda en su ensayo “¿Y después de la sentencia? Cumplimiento y poderes de ejecución de la Sala Regional Especializada” la importancia del cumplimiento y la ejecución de las sentencias emanadas de los tribunales de justicia electoral. Más allá de permitir al Tribunal Electoral hacer uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir sus sentencias, es vital que lo resuelto por los tribunales se traduzca en una realidad. El cumplimiento de la sentencia es una manifestación efectiva de un proceso justo y una garantía del Estado de derecho.

Asimismo, es importante identificar que la Revolución mexicana se convirtió en el mito fundacional del siglo XX, debido a que los distintos intereses de los grupos que participaron fueron plasmados en una Constitución social. En “Derechos políticos, hegemonía y la arquitectura del constitucionalismo mexicano desde 1917”, Octavio Spíndola Zago identifica que la Constitución de 1917 estableció funciones metaconstitucionales que marcaron el proceso de hegemonía en el cual los ciudadanos han negociado sus derechos políticos. A partir de la década de 1920, el titular del Ejecutivo gozó de amplias facultades, por ejemplo, la capacidad de intervenir en los gobiernos de otros estados y contar con el respaldo del ejército y su partido. Pero estas atribuciones no bastaban para evitar los errores que tuvieron los gobiernos decimonónicos para imponer una hegemonía cultural.

Para resolver esta dificultad, cabe recordar que la Constitución de 1917 imprimió al nuevo Estado un carácter social. De esta manera, el constitucionalismo mexicano desplazó a la idea de la primicia de los derechos individuales, por la preeminencia de la necesidad social expresada en el interés nacional. “La definición de este principio jurídico se forjó en la fragua de los enunciados con los que los dominantes y subalternos han venido reconociendo, interpelando o resistiendo al poder, pero ya no fuera de él”. ⁷ Ello sirvió a ciertos sectores de nuestra sociedad, como los indígenas, para utilizar el lenguaje político de este constitucionalismo social y recurrir a los amparos, con el fin de evitar las desamortizaciones.

A pesar de que el autor hace un salto cronológico muy grande ―al narrar las negociaciones de los derechos políticos de los ciudadanos, en el proceso hegemónico que la Constitución de 1917 esbozó―, se puede entender la vigencia indiscutible de la Constitución como el marco para articular estrategias que nos permitan interpelar o legitimar al poder.

Por último, se debe destacar la importancia de las reformas político- electorales para consolidar la participación de la mujer en México. Elizabeth Vázquez Leyva, en “La participación política de las mujeres mexicanas: una meta alcanzable”, reconoce el mérito de estas reformas para garantizar la paridad de género. Este es un mecanismo que tiene como propósito alcanzar una igualdad entre los géneros, al reducir los actos discriminatorios que han sufrido históricamente las mujeres.

La paridad de género se concretiza con las cuotas de género, el lenguaje incluyente y la postulación paritaria. Sin embargo, la violencia de género y la falta de sanciones por los delitos infringidos a mujeres son obstáculos que impiden una plena participación política. Por lo tanto, es vital eliminar la opacidad, mediante transparencia y rendición de cuentas. Se necesita mantener un seguimiento a las instituciones para que sean efectivas en temas de género y se promuevan los diversos protocolos que existen al respecto. Además, se debe involucrar la participación de organizaciones civiles y de investigadores, para que, de manera progresiva, la violencia política de género que se ejerce contra las mujeres sea inexistente.

Además de las mujeres, es necesario garantizar los derechos políticos de todos los sectores de la población. Por ello, Jessy Guadalupe Cetz Celis, en el ensayo “La invisibilización de la violencia política contra las mujeres indígenas en México. Retos en el acceso a la justicia”, analiza la violencia que enfrentan las mujeres indígenas al participar en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas. A pesar de que se ha legislado para lograr el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y se ha creado el protocolo para atención de la violencia política contra ellas, estas medidas no eliminan de inmediato la discriminación estructural. Es necesaria la implementación de campañas para aumentar la conciencia pública sobre el problema y el diseño de medidas de prevención, atención y sanción de la violencia y acoso político contra las mujeres. No podemos construir la democracia del siglo XXI si no logramos que todas y todos tengamos voz en la toma de decisiones.

Para concluir, los ensayos del XIX Certamen de Ensayo Político son una invitación a todos los que se dedican al análisis de la política, a los dirigentes políticos, a los que hacen marketing político y a la burocracia de los organismos electorales. Estamos frente a escenarios completamente distintos para aprender y hacer política. No basta con garantizar los derechos políticos y dar certezas en los procesos electorales, sino que se debe involucrar a todos los sectores de la sociedad para construir una democracia participativa. Solo así se alcanzará el pleno ejercicio de nuestros derechos y se contribuirá a que las instituciones mejoren en su desempeño. No se trata de que todos tengamos la misma opinión, sino de que, a través del debate y la argumentación, seamos capaces de construir acuerdos que nos permitan afrontar los retos del siglo XXI.