Los derechos humanos son resultado tanto de las doctrinas liberales como de las luchas por mejores condiciones sociales (Prieto, 2001, p. 19; Anaya, 2014, p. 59). Aunque ha sido difícil trazar con exactitud dónde inicia la historia de los derechos humanos, la normativa internacional se puede ubicar claramente a mediados del siglo xx, cuando, como resultado de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, se proyectó como discurso universal (Roniger, 2018, p. 14). Desde entonces, el anclaje jurídico de los derechos humanos se ha reflejado tanto en los convenios y tratados internacionales como en los marcos jurídicos nacionales. Pese a esto, las violaciones a derechos humanos no han cesado, incluso se han intensificado en algunos momentos.

En el caso de América Latina, los derechos humanos no han sido progresivos, su historia revela una serie de avances —instauración de mecanismos de defensa como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos— y retrocesos —dictaduras, intervencionismo, políticas neoliberales, crisis económicas, desigualdad y pobreza, entre otros—. Tras la entrada de la globalización neoliberal, América Latina ha experimentado mayores violaciones a derechos humanos, principalmente relacionadas con la segregación social, el abuso de poder, el desplazamiento de personas y la igualdad sustantiva.

Con base en lo anterior, este dossier está compuesto por nueve artículos, un ensayo y tres reseñas; tiene por objetivo abordar problemáticas sociales que se traducen en violaciones a derechos humanos: aquellas asociadas con la reproducción de alguna de las formas violencia y las asociadas con la movilidad humana. En este sentido, el dossier se encuentra dividido en dos partes: la primera parte se encuentra dedicada a abordar los problemas sociales relacionados con la reproducción de la violencia en América Latina y con cómo estas formas de violencia propician violaciones a derechos humanos.

En esa línea, en el artículo de Edgar Baltazar Landeros, a partir de testimonios y de la revisión de trabajos periodísticos en El Salvador, se exploran los principales obstáculos que enfrenta actualmente la Policía Nacional Civil para cumplir con una función democrática según lo establecido por los Acuerdos de Paz. Los problemas que atañe están relacionados con la inseguridad y violencia en la región de Centroamérica, privatización y militarización de la seguridad pública, y deficiencia en los mecanismos de profesionalización policíaca.

El artículo de Mariana Jesica Lerchundi, a través del uso de entrevistas a profundidad a los jóvenes varones detenidos por aplicación del Código de Faltas, demorados y perseguidos por la policía, de sectores populares, de Río Cuarto, provincia de Córdoba (Argentina), muestra la escasa formación en derechos humanos y garantías constitucionales de los agentes de policía; y que las experiencias de detenciones-demoras-persecuciones fueron generando cambios en los sentires, decisiones, hábitos, modos de vestir o transitar la ciudad de los jóvenes de los sectores populares, hasta un punto de naturalizar esos nuevos modos de vida.

En el artículo de Silvestre Licea Dorantes y Dulce María Quintero Romero se plantea que hay una constante en la violación de los derechos humanos a partir de la reproducción del comportamiento de la clase política. Con el objetivo de un nuevo acercamiento al fenómeno de la violencia, las autoras explican, con base en la teoría civilizatoria de Norbert Elias, que existe una relación positiva en el comportamiento de la clase política para socializar conductas delictivas. Particularmente, el caso del estado de Guerrero, en México, tiene un grado de la monopolización de la violencia, y con la interdependencia política se reproducen las prácticas de control y violencia que generan la violación de derechos humanos.

En una segunda parte se abordan los problemas sociales relacionados con la movilidad humana y la violación de derechos humanos. Aunque las disposiciones internacionales de derechos humanos obligan a un Estado a asegurar que todas las personas dentro de su territorio y sujetas a su jurisdicción gocen de los derechos ahí reconocidos, existen varias lagunas y ambigüedades que comprometen el reconocimiento efectivo de los derechos de las y los migrantes y, por lo tanto, su acceso a estos derechos (Ghosh, 2002, p. 2). No sorprende que esta falta de especificidad respecto a los derechos básicos de las y los migrantes se refleje a menudo en las legislaciones nacionales. Tanto la falta de reconocimiento de ciertos derechos como el no reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos, en especial los que poseen un estatus migratorio irregular, incrementan las violaciones a sus derechos humanos. Así pues, en esta sección encontramos los siguientes artículos.

El artículo de Mirza Aguilar Pérez y Jazmin García Gómez se centra en el debate sobre los retos que deparan a las nuevas disposiciones sobre derechos laborales para las trabajadoras del hogar en el ordenamiento jurídico mexicano; en particular, los autores destacan los desafíos para la mejora a las trabajadoras del hogar migrantes en situación irregular. Uno de los problemas centrales que abordan los autores es la poca valoración social del trabajo doméstico en México. Para entender dichos desafíos en el cumplimiento de la normativa en México, los autores realizaron un seguimiento documental, así como un análisis a partir de datos complementarios sobre discriminación y desigualdad en el trabajo doméstico de las encuestas Enadis 2010 y 2017.

El artículo de Stoessle y González revisa el marco legal del derecho humano a la salud reconocido por México, con la intención de identificar las condiciones reales en las que se ejerce el derecho a la salud de las personas migrantes irregulares en el estado de Nuevo León. El trabajo es un análisis de casos, y se enfoca en analizar el respeto del principio de accesibilidad que debe cumplir todo sistema de salud; identifica limitaciones y barreras en la ejecución del principio de accesibilidad (económica, física, informativa y no-discriminación), además de que esboza pistas de reflexión para el mejor goce del derecho a la salud de las personas migrantes.

El artículo de Rafael Alarcón Medina y Blanca Laura Cordero Díaz se centra en la discusión sobre cómo el capitalismo subsume y articula las formaciones culturales y políticas emergentes en el proceso de creación de nuevas formas de explotación laboral y acumulación de valor. El trabajo utiliza una metodología cualitativa con 23 entrevistas a trabajadores deportados, centroamericanos y mexicanos, que fueron expulsados de Estados Unidos y se quedaron a laborar en Tijuana y la Ciudad de México, territorio mexicano, en la industria digital. Los autores observaron que la deportación no sólo precariza la fuerza laboral, sino que además contribuye a la explotación laboral de maneras específicas, como la creación de este segmento de la clase trabajadora transnacional que está atravesado por la producción interna de diferencias culturales y estereotipos que son aprovechados y reproducidos en la industria de los centros de llamada (call centers).

El artículo de Alma Alejandra Soberano Serrano y Beatriz Reyes-Foster se centra en un diagnóstico sobre el capital social migratorio de las mujeres indígenas mexicanas en Orlando (Florida), a partir de ciertos elementos, tales como la existencia de redes sociales, que facilitan la movilidad social. La investigación utiliza una metodología mixta que considera una entrevista inicial a las autoridades consulares y la aplicación de una encuesta a 515 usuarios. Los resultados indican la existencia de relaciones de capital social durante y después del proceso migratorio, además de una vinculación entre el estatus migratorio y los elementos asociados al capital social en las trayectorias migratorias.

El artículo de Marisol Pérez Díaz y Gerardo Aldo García Hernández muestra cómo se ha llevado a cabo una reconfiguración de las relaciones sociales en la región centroamericana, en detrimento de las condiciones sociales, que han resultado en patrones de expulsión sistémica, si bien no siempre hacia Estados Unidos, sí con la constante de buscar nuevos espacios para un asentamiento permanente. Los autores enfatizan en la importancia de la interacción entre las condiciones de expulsión y atracción y en cómo esto produce un efecto puente que, a su vez, genera nuevos imaginarios sociales y condiciones materiales, poniendo en tensión la pertinencia y viabilidad de la experiencia migratoria.

Finalmente, el artículo Márcio de Oliveira y Renata Brockelt Giacometti muestra una nueva dimensión del fenómeno migratorio: los posibles casos de desaparición de inmigrantes en Brasil. Los autores abordan el problema a través del estudio de los caso de 25 inmigrantes ilegales que desembarcaron en el puerto de Paranaguá (estado de Paraná) entre 2006 y 2017, uno de los lugares de llegada más importantes; también realizan un pequeño estudio de caso en dos situaciones específicas que revelan dos puntos: existe una organización informal en los puertos que facilitan la entrada a inmigrantes clandestinos en barcos específicos y las fallas en los procedimientos para prevenir los polizones a los puertos. Asumen que la economía de la migración clandestina es precisamente la unión informal de los intereses diversos y no necesariamente concertados.

En los últimos años, la migración internacional como fenómeno social se ha complejizado por el carácter masivo y por las tensiones que derivan del ingreso autorizado y no autorizado de millones de personas extranjeras a estados de los cuales no son nacionales (Rodríguez, 2007, p. 197). En este sentido, se observan y acentúan importantes cambios sociales que constituyen un desafío para los Estados-Nación, por cuanto erosionan las fronteras o los límites que los definen y muestran características que sobrepasan el tratamiento unilateral de la migración (Martínez, 2006, p. 20). La protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, es un tema que debe ser primordial en la agenda de los Estados, la sociedad civil y los organismos internacionales.