2.1. El carácter mercantil de las operaciones financieras

Para determinar el carácter mercantil de las operaciones, tanto en la doctrina como en la legislación mexicana, se toman en cuenta dos aspectos, uno objetivo y uno subjetivo. ⁴

El primero de ellos se refiere a la naturaleza del acto. En ese sentido, la legislación de la materia señala qué actos deben ser considerados como mercantiles; así, por ejemplo, el Código de Comercio establece, en su artículo 75, que se reputan actos de comercio, entre otros, las operaciones de los bancos, los contratos de seguro, los depósitos en los almacenes generales de depósito y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como pudieran ser fideicomisos, contratos de arrendamiento financiero, factoraje, emisión de obligaciones, etc.; es decir, prácticamente abarca todas las actividades que llevan a cabo las distintas entidades de carácter financiero.

Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, el propio Código de Comercio determina que se reputan comerciantes, además de las personas físicas que tengan la capacidad jurídica necesaria y hagan del comercio su actividad ordinaria, a las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, así como las sociedades extranjeras, filiales o sucursales que realicen actos de comercio en el país. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 1, reconoce que tienen ese carácter, entre otras, la sociedad anónima y la cooperativa. Esto significa que cualquier sociedad de este tipo, por el sólo hecho de constituirse en el país, estará sujeta a las leyes mercantiles al ser considerada como comerciante, además de que cualesquiera controversias que se susciten con motivo de una operación en la que participe un comerciante sean resueltas conforme a las leyes mercantiles. ⁵

Ahora bien, las diversas leyes financieras mexicanas establecen como regla general que las sociedades de capital privado que participen en el sector financiero, con el carácter de intermediarios, deberán estar constituidas como sociedades anónimas, salvo algunas excepciones, como es el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y las sociedades mutualistas de seguros. ⁶

Esto significa que, ya sea por la naturaleza del acto o de la institución que lo realiza, las actividades que se lleven a cabo en este sector serán de índole comercial y, por ende, le son aplicables los ordenamientos de mercantiles.

2.2. Posibilidad de ser arbitradas las controversias financieras

El principio en que basa su existencia el procedimiento arbitral privado de carácter comercial es, sin lugar a dudas, el de la autonomía de la voluntad. Si las partes no han manifestado su consentimiento en el sentido de someter sus diferencias al arbitraje, éste no podrá llevarse a cabo, es decir, es un requisito sine qua non que las partes tengan pactado un acuerdo arbitral para aplicarse en caso de surgir una desavenencia en su relación jurídica, sea mediante una cláusula en el contrato principal o en convenio por separado, antes de surgir el problema o una vez que éste se presenta.

Sin embargo, para que un acuerdo arbitral sea válido debe ser lícito; además, es necesario que la materia sea arbitrable. ⁷ Es decir, existen cuestiones litigiosas que la propia ley establece que no pueden ser materia de arbitraje, siendo en este caso intrascendente la voluntad de las partes; de ahí la importancia de referirnos a la posibilidad de que las controversias derivadas de las operaciones financieras puedan llegar a ser arbitradas.

Cabe señalar que tanto por razones de interés general como para proteger ciertas situaciones la ley puede prohibir que se recurra al arbitraje en ciertas materias. ⁸ Ahora bien, el hecho de que existan ciertas materias que no son susceptibles de resolverse mediante el arbitraje implica necesariamente una limitación a la autonomía de la voluntad de los particulares que es impuesta por el Estado en aras del interés general y que se presenta en aquellos casos en que el propio Estado considera que la materia no afecta únicamente a los contendientes, sino que tiene una repercusión de orden público. En materia comercial la regla general es que las controversias entre particulares pueden resolverse mediante el procedimiento que nos ocupa; sin embargo, existen algunas excepciones, por ejemplo, los conflictos que surjan con motivo de la competencia desleal entre comerciantes, como sería el uso indebido de una marca, del nombre comercial o la realización de actos que impongan barreras a la competencia y la libre concurrencia al mercado, o incluso el concurso mercantil del comerciante cuando cae en insolvencia, etc. Éstas son algunas de las materias que no podrán ser resueltas por las partes mediante arbitraje, sino que requieren la intervención del Estado, sea en vía administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. ⁹

En el ámbito financiero mexicano, el legislador estableció expresamente que las controversias que se lleguen a suscitar entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios que aquellas prestan sean susceptibles de ser resueltas mediante arbitraje.

Así, encontramos que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Leprodusef) establece en su artículo 1 que tiene por objeto precisamente la protección y defensa de los intereses del público usuario respecto a los servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social que estén autorizadas por el Estado para prestar dichos servicios, y entiende por institución financiera a todas aquellas sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los usuarios. ¹⁰

La Leprodusef contempla como mecanismos de resolución de controversias la conciliación y el arbitraje, y fija las reglas bajo las cuales habrá de seguirse el procedimiento.

El procedimiento inicia cuando la Condusef recibe una reclamación en contra de alguna institución financiera, y entonces debe agotar el procedimiento de conciliación, para lo cual correrá traslado a la institución, acompañando los elementos que el usuario reclamante hubiere aportado, requiriéndole que rinda un informe sobre el particular, respondiendo en forma razonada cada uno de los hechos que dieron motivo a la reclamación y fijando la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación.

En la audiencia se exhorta a las partes a conciliar sus intereses y, en caso de no llegar a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esa misma ley, a efecto de informar a las mismas si la controversia es susceptible de resolverse mediante el arbitraje de esa Comisión; de ser el caso, las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Condusef, quedando a su elección que sea en amigable composición o de estricto derecho. En el supuesto de que alguna de las partes decida no someterse al arbitraje, entonces se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes.

Como podemos observar, de acuerdo con la legislación mexicana, las controversias que se susciten entre los prestadores de servicios financieros y los usuarios son susceptibles de ser resueltos mediante el procedimiento arbitral. Ahora pasaremos a analizar la cuestión de si es conveniente que la controversia deba ser resuelta por un organismo público o si es conveniente que sea un ente privado quien funja como árbitro, sea árbitro único o tribunal arbitral.

3.1. El problema de la imparcialidad en cuanto a carácter de entidad pública

Ahora bien, pese a que se ha venido contemplando que la autoridad pueda participar como árbitro en este tipo de procedimientos, detectamos un punto que puede ser relevante para influir en el ánimo de las instituciones financieras para negarse a someterse al arbitraje: consiste precisamente en el objeto de la ley y en el de la propia Comisión, que puede provocar cierta resistencia de las instituciones financieras en cuanto a la imparcialidad de la Comisión.

En efecto, como lo señalamos anteriormente, la Leprodusef establece que su objeto es la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas. Queda claro que la finalidad primordial de la ley es proteger y defender los derechos de los usuarios de los servicios financieros y establece en su artículo 4 que dicha protección y defensa estará a cargo precisamente de la Condusef.

Ahora bien, la protección y defensa que esta ley encomienda a la Condusef, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.

Tal vez sea una apreciación errónea de las instituciones, pero seguramente se preguntarán si es conveniente elegir como árbitro a una institución cuya finalidad principal es defender al contrario y además al amparo de una ley que tiene precisamente ese objetivo.

Recordemos que uno de los principios fundamentales en los que descansa la figura del arbitraje es el principio de igualdad de trato a las partes, que, conforme a lo establecido en el art. 1434 del Código de Comercio, consiste en “tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas la oportunidad de hacer valer sus derechos”. Este principio también se encuentra contenido en otros ordenamientos tanto nacionales como internacionales más importantes en la materia. ¹²

Respecto a la aplicación de este principio en el procedimiento de arbitraje que nos ocupa, cabe señalar, como lo comentamos anteriormente, que está regulado tanto en la propia ley como en las reglas para el procedimiento expedidas por Condusef. Conforme a dichas disposiciones jurídicas, la substanciación del procedimiento está a cargo de un funcionario de la Condusef denominado instructor del procedimiento arbitral, quien, una vez agotado el procedimiento, elabora un proyecto de laudo y lo envía conjuntamente con el expediente a la Dirección General de Arbitraje y Sanciones de la propia Condusef, quien emitirá el laudo; sin embargo, para que éste tenga el carácter de definitivo, deberá ser aprobado por el Comité Arbitral Especializado. ¹³

Entonces, tanto el procedimiento como el dictado del laudo estarán a cargo de la autoridad financiera, y para disminuir un poco el riesgo de que sea dictado parcialmente, la ley le otorga a las instituciones financieras la posibilidad de solicitar que el comité arbitral especializado esté integrado exclusivamente por árbitros independientes, cuyos honorarios estarán a cargo de la propia institución. Con esta medida se pretende que las instituciones tengan la seguridad de que el dictado del laudo se hará con imparcialidad.

Además, no olvidemos el principio de legalidad, tan arraigado en la tradición jurídica mexicana, que significa, respecto de la autoridad, que ésta sólo puede realizar aquellos actos que la ley expresamente le autoriza a realizar; y si bien el artículo 5 de la Leprodusef prescribe que deberá actuar en los procesos arbitrales con imparcialidad, la duda será si su razón de existir, es decir, la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios financieros, puede en un momento dado influir de tal manera que deje de actuar con imparcialidad, sobre todo al momento de dictar el laudo. Es una duda razonable al menos desde la perspectiva de las instituciones financieras.

Ahora bien, un punto importante que no podemos dejar de considerar es el de la razón por la cual el legislador brinda esa protección al usuario de los servicios financieros e instituye una entidad pública para esos efectos. El sustento legal se encuentra contenido en el artículo 4 de la Leprodusef previamente citado, en el sentido de que el objetivo principal de dicha entidad es procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras; lo que detectamos prima facie es que existe un desequilibrio entre ambas y que es necesario corregirlo.

De muchas que seguramente existen, una razón que pudiera ser considerada como factor de desequilibrio es el poder económico que normalmente tiene una institución financiera frente al común de los usuarios que le permite tener una estructura legal adecuada para atender las operaciones; un segundo punto podría ser el conocimiento de la materia financiera que obviamente se tiene en las instituciones, y no así todos los usuarios.

Otro de los factores a considerar es de índole jurídico, y lo podemos encontrar en la libertad contractual, que consiste en que ambas partes tengan la posibilidad de establecer sus propias regulaciones de conformidad con sus necesidades personales; que ninguna parte contratante dependa del arbitrio de la otra y ambas estén en situación de velar por su propio interés y que, al llegar a un acuerdo por propia y libre voluntad, sobre determinadas condiciones, prestaciones y obligaciones, queden las partes en igualdad de condiciones y afectados en carácter jurídicamente obligatorio mediante un contrato legalmente establecido. ¹⁴

Esto en el ámbito financiero es difícil que se dé, sobre todo en lo concerniente a fijar las condiciones, ya que, dada la naturaleza de las operaciones financieras, en su mayoría se formalizan mediante contratos de adhesión en las que el usuario queda jurídicamente obligado conforme a las disposiciones establecidas por su contraparte, lo que implica un cierto grado de vulnerabilidad frente a la institución financiera y que, dada la finalidad de la Condusef, pueda provocar una presunción o, al menos, una predisposición en contra de la institución, sin que se respete estrictamente el principio de igualdad de las partes.

Evidentemente que hay mucho que decir y analizar sobre este punto, sin embargo, no queremos desviarnos del tema propuesto, por lo que nos limitamos a señalar que efectivamente la Condusef cumple con el objetivo propuesto; éste es el verdadero sentido de su actuación, lo que nos deja vislumbrar que probablemente no es muy adecuado que actúe como árbitro, ya que su función principal es precisamente la protección y defensa del usuario, sea mediante medidas preventivas y de promoción de la cultura financiera o proporcionando asesoría y asistencia en procedimientos judiciales y extrajudiciales, incluyendo la conciliación, a aquellos usuarios que así lo requieran, pero no en los procedimientos arbitrales, al menos no como árbitro, ya que con ese carácter consideramos que no puede cumplir estrictamente con la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros.

3.2. La imparcialidad en el texto legal

Volviendo al principio de igualdad en el trato a las partes, el texto de la Leprodusef contempla en su articulado algunos puntos que no dan precisamente la idea de una imparcialidad, o al menos pareciera que van dirigidos a una sola de las partes; por ejemplo, en el art. 80 establece que le corresponde a la Condusef adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los laudos por ella dictados y que mandará “que se pague a la persona en cuyo favor se hubiere emitido el laudo, o se le restituya el servicio financiero que demande”; y para el caso de que se condene a la institución financiera, prescribe el art. 81 que “ésta tendrá un plazo de quince días contado a partir de la notificación para su cumplimiento o ejecución”, y continúa con que “si la institución no cumple en el tiempo señalado, la comisión nacional enviará el expediente al juez competente para su ejecución”; y termina estableciendo, en el art. 84, que para verificar el cumplimiento de los laudos la Condusef requerirá al director general de la institución “que compruebe dentro de las setenta y dos horas siguientes haber pagado o restituido el servicio financiero demandado”.

Llama la atención que en ningún apartado se contempla la posibilidad de que sea el usuario el responsable de la controversia ni que se regule qué sucede en caso de que éste último resulte condenado en el laudo, como pudiera suceder, por ejemplo, en el caso de haber procedido la reconvención o una compensación propuesta por la institución financiera, y aunque de una interpretación armónica del ordenamiento se desprende que podrá ser el juez competente quien ejecute el laudo, resulta a nuestro parecer comprensible que las instituciones financieras, ante una aparente parcialidad, se nieguen a dirimir sus controversias mediante el procedimiento arbitral ante Condusef, máxime que, como veremos en el siguiente apartado, consideramos que el procedimiento también adolece de algunos inconvenientes que de igual forma pueden provocar una negativa a utilizarlo como medio alterno para la solución de controversias en materia financiera.

4.1. Los tipos de arbitraje contenidos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

El artículo 73 de la ley en comento, al contemplar el juicio en amigable composición, señala que las partes podrán facultar a la Condusef para resolver en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, la controversia planteada, y permite que las partes fijen de común acuerdo y de manera específica las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje, estableciendo las etapas, formalidades, términos y plazos a que deberá sujetarse el arbitraje; además, menciona que en lo no previsto se aplicará supletoriamente el Código de Comercio. En su artículo 74 hace lo propio con el juicio arbitral en estricto derecho, y para tal efecto hace alusión a que las partes facultan a la Condusef para decidir con estricto apego a las disposiciones legales aplicables, y también permite que las partes determinen las etapas, formalidades, términos y plazos a que se sujetará el arbitraje, pero consideramos que rompe con la autonomía de la voluntad al imponer que dichas circunstancias sean determinadas únicamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 de dicha ley.

En efecto, el citado artículo 75 prescribe que el procedimiento de estricto derecho se sujetará como mínimo a los plazos y bases que establece en diversas fracciones, es decir, impone límites que las partes no podrán exceder al momento de fijar las reglas de su arbitraje; por ejemplo, en su fracción primera dispone que la demanda deberá presentarse dentro del plazo que voluntariamente hayan acordado las partes, pero dicho plazo no podrá exceder de nueve días hábiles. A falta de acuerdo entre ellas, será dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración del convenio; lo mismo sucede con la contestación, el período de ofrecimiento y desahogo de pruebas y los alegatos, estableciendo además que los plazos serán improrrogables.

De lo planteado en los párrafos anteriores desprendemos, de inicio, dos situaciones que a nuestro parecer pueden llegar a violentar los principios de autonomía de la voluntad y flexibilidad que son básicos en el arbitraje y que analizaremos a continuación.

4.2. Limitaciones a los principios del arbitraje

Una primera cuestión es la relativa a los tipos de arbitraje en relación con el procedimiento arbitral. Consideramos que, al ser un arbitraje regulado, se crea una confusión entre el arbitraje ad hoc y las modalidades del dictado del laudo en procedimientos de estricto derecho y en equidad, lo que nos obliga a mencionar, aunque sea brevemente, cada uno de ellos a efecto de analizar sus semejanzas para estar en condiciones de visualizar su diferencia específica y poder determinar si existe una limitación a los principios básicos del arbitraje.

Una primera diferenciación de los arbitrajes es distinguirlos entre arbitrajes ad hoc y arbitraje institucionales. ¹⁷ Esta dicotomía se presenta básicamente en la estructuración del procedimiento, y consiste en que en el arbitraje institucional el procedimiento es administrado precisamente por una institución arbitral que se encarga de ratificar o designar a los árbitros, de recibir la demanda, contestación, hacer las notificaciones a las partes, revisión de la sentencia, etc., y que normalmente cuentan con un reglamento bajo el cual las partes pactan sujetar el procedimiento. ¹⁸

Es muy importante resaltar que estas instituciones no actúan como un tribunal arbitral, sino como simples facilitadores del proceso, suministrando reglas claras y sencillas. ¹⁹

Por otra parte, se encuentra el arbitraje ad hoc, que, de acuerdo con Péreznieto Castro, se trata de un arbitraje en el que las partes acuerdan no sólo someterse al arbitraje, sino también organizarlo en todas sus etapas. Señala este autor que en la cláusula compromisoria o en el compromiso arbitral se deben especificar todos y cada uno de los puntos conforme a los cuales el procedimiento puede conducirse, incluyendo las reglas para la designación de los árbitros, términos, pruebas, etc.; sin embargo, las partes pueden declarar aplicables determinadas reglas, como podrían ser las de un reglamento institucional. ²⁰ Un claro ejemplo de este tipo de procedimiento arbitral es el regulado por el Código de Comercio, que al efecto establece:

Artículo 1435.- Con sujeción a las disposiciones del presente título, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto por el presente título, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

Como se puede apreciar en la lectura del texto transcrito, en el arbitraje institucional las partes pactan someterse a las reglas de una institución administradora, por lo que el procedimiento se regirá por las reglas que al efecto tenga establecidas la propia institución, mientras que en el ad hoc las partes fijan libremente las reglas del procedimiento desde que inicia con la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo (nada impide que puedan ser incluso las reglas de una institución administradora), pero lo que finalmente las distingue es la participación de la institución administradora; si nos damos cuenta, nada tiene que ver ni influye lo que las partes pacten respecto a la forma en que se dé el dictado del laudo, que da cabida a otra clasificación doctrinal del arbitraje.

En efecto, una segunda clasificación del arbitraje se deriva del sustento que utilice el tribunal arbitral al momento de dictar el laudo y resolver el fondo de la controversia, sea que se base en un ordenamiento jurídico o que se utilice como criterio la equidad y la buena fe.

Es muy importante enfatizar que para resolver el fondo del asunto el árbitro, en un procedimiento en estricto derecho, aplicará las normas sustantivas aplicables, como serían, en el caso de México, las diversas leyes de carácter mercantil y financiero, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, etc., es decir, al momento de dictar el laudo el árbitro debe cumplir con el requisito de fundar su resolución con base en las normas positivas aplicables; mientras que en el procedimiento de amigable composición el tribunal debe ajustarse a un criterio de equidad aplicable al caso concreto, buscando en todo momento la mayor equidad entre las partes. Debe hacerlo “en conciencia”, sin ceñirse necesariamente a un cuerpo de normas jurídicas, pero sustentando en todo momento los motivos de su aplicación. En este sentido, los árbitros deben mostrarse sumamente cautos, ya que a este respecto los tribunales franceses, por ejemplo, han resuelto que en arbitrajes de equidad los árbitros deben dar razones para justificar su decisión, sin que les esté permitido simplemente aplicar un derecho; recientemente, la Corte de Apelaciones de París anuló un laudo basado en amiable composition porque el árbitro no explicó su decisión de aplicar el derecho francés en las catorce páginas del laudo. ²¹

Sobre este punto podemos concluir que la diferencia entre el árbitro en estricto derecho y el amigable componedor estriba en que el primero decide la controversia conforme a disposiciones jurídicas determinadas por las partes, mientras que el segundo tiene la facultad conferida expresamente por las partes de desprenderse de las leyes y decidir conforme a equidad y principios de buena fe. El resultado de un arbitraje de derecho y el resultado de una amigable composición tienen el mismo efecto jurídico: es un laudo definitivo con fuerza vinculatoria para las partes. ²²

Hechas las aclaraciones doctrinales pertinentes sobre los tipos de arbitraje, encontramos que los arbitrajes institucionales y ad doc se refieren al aspecto adjetivo del arbitraje, es decir, a las reglas que las partes; en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden pactar para regular el procedimiento al que sujetarán la resolución de su controversia, ya sea sometiéndose a las reglas de una institución administradora o estableciendo cada una de ellas libremente, pero reiteramos, se refieren a las reglas del procedimiento, mientras que en los arbitrajes en estricto derecho y en amigable composición se diferencian en lo concerniente al dictado de la resolución, sea que se aplique un determinado orden jurídico o si se haga en conciencia y buscando la equidad entre las partes.

Esta diferencia entre los aspectos adjetivos y sustantivos de los tipos de arbitraje nos lleva a considerar que es viable la combinación de ambos, por ejemplo, puede existir un arbitraje institucional en el que las partes pacten que sea en conciencia; entonces, el procedimiento se regirá conforme al reglamento de la administradora, pero el tribunal dictará su resolución con base en la equidad. ²³ Igualmente, se da el caso de arbitrajes en los que las partes lleguen a determinar libremente las reglas del procedimiento pero elijan una ley aplicable para la resolución de fondo del asunto. ²⁴

La regulación arbitral en la Leprodusef no permite la combinación de los tipos de arbitraje, ya que al referirse al arbitraje en amigable composición no sólo se refiere al dictado de la resolución de la controversia, sino que incluye las reglas del arbitraje ad hoc al otorgar la libertad de las partes para decidir libremente desde el tipo de arbitraje y establece para el de estricto derecho una libertad condicionada para elegir las reglas del procedimiento.

Esto significa que las partes en una controversia financiera, si quieren elegir libremente las reglas del procedimiento, estarán obligadas a permitir que se dicte el laudo únicamente bajo la modalidad de amigable composición; por el contrario, si deciden que el fondo del asunto se dirima conforme al ordenamiento jurídico aplicable, estarán impedidas de fijar libremente las reglas del procedimiento y tendrán que ajustarse a los límites que fija el art. 74 de dicha ley, lo que convierte el procedimiento en un simple juicio sumario que resuelve una autoridad administrativa con la rigidez de los procesos judiciales, desvirtuando incluso el avance logrado en esta materia, al haber alcanzado los estándares internacionales con la introducción de la ley modelo de UNCITRAL en el Código de Comercio, que, dicho sea de paso, únicamente es aplicable en forma supletoria en los arbitrajes financieros. ²⁵

El inconveniente que señalamos en el párrafo precedente implica, a nuestro parecer, una limitación a los principios de autonomía de la voluntad y de flexibilidad que son propios de la figura del arbitraje y que pueden influir en el ánimo de las instituciones financieras para no elegir al arbitraje como medio alterno para la solución de controversias con las personas a quienes les presten un servicio financiero.