3.1. La denominada Constitución económica

Antes de comenzar con el análisis de la NC, resulta conveniente detenerse en lo que suele entenderse por constitución económica. El reconocido constitucionalista García Pelayo la ha definido como:

normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico. Tales normas sirven de parámetros jurídicos básicos para la acción de los actores eco­nómicos públicos y privados, y pueden ser enunciación de principios y valores directivos orientadores de la acción, o pueden tener formulación y garantías más rigurosas. ¹⁵

A juicio del propio García Pelayo, son constitutivas del orden económico jurídico en la constitución al menos tres materias: el derecho de propiedad, la forma de relación entre los actores económicos y la distribución de las atribuciones entre el Estado y los actores, y entidades económicas de la sociedad. ¹⁶

Existe consenso acerca de que el término constitución económica aparece con la República de Weimar, en que su uso se generalizó en 1925 y en que fue el notable jurista alemán Carl Schmitt quien lo incorporó a la cultura jurídica, con su obra La defensa de la constitución, en 1931. ¹⁷

En Latinoamérica, todas las constituciones nacionales incluyen los aspectos económicos fundamentales, aunque otorgándoles diferentes tratamientos; algunas, como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y México, han optado por diseminar el tratamiento de lo económico a lo largo de todo el articulado constitucional; otras, por el contrario, asignan una parte especial de la Ley Suprema al tratamiento sistemático de las cuestiones económicas, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Colombia, ¹⁸ en cuyas constituciones se aprecia que antes de la llamada cláusula de reforma había una parte dedicada establecer directrices sobre el sistema económico (política económica, financiera, tributaria, ambiental, de ciencia y tecnología, políticas sociales, política agraria y otros aspectos).

En general, en todas ellas, como tendencia, se prevén contenidos comunes tales como: presupuesto, planificación, propiedad privada, libertad de comercio e industria, monopolios, recursos naturales, moneda y banca, protección al consumidor, entre otros aspectos. También, como regularidad, se consagran varios principios de orden jurídico económico, como la soberanía nacional, la propiedad privada, la función social de la propiedad, la libertad de empresa, la libre concurrencia, la defensa del consumidor, la defensa del medio ambiente, la reducción de las desigualdades regionales y sociales, posible reserva al sector público de recursos o servicios esenciales o estratégicos, la búsqueda del pleno empleo, la planificación de la actividad económica general y el tratamiento favorable para las empresas del capital nacional de pequeño aporte, aunque algunos países reconocen a otros principios. Tales aspectos servirán como criterios de comparación para el presente análisis.

La denominada Constitución económica aparece en la NC, principalmente en el titulo II, “Fundamentos económicos” (artículos 18 al 31), y en el titulo IV, “Derechos, deberes y garantías” (específicamente, en los artículos 64 al 79); aunque también en algunos preceptos del título II, “Fundamentos de la política educacional, científica y cultural” (artículo 32).

3.2. El régimen de la propiedad

El artículo 22 de la NC enumera las formas de propiedad que se reconocen, apreciándose como principal innovación la admisión expresa de la propiedad privada. Pero en los términos en que se pronuncia, parece retrotraer la evolución del derecho al liberalismo de los códigos civiles decimonónicos, pues desde hace casi un siglo la teoría jurídica mayoritaria acepta que el derecho a la propiedad privada no es ilimitado, sino que se le imponen determinadas obligaciones a sus titulares; en tal dirección se expresaba ya el artículo 87 de la Constitución cubana de 1940.

Procede en tal sentido adicionar un precepto expresivo de que todas las formas de propiedad reconocidas deberán cumplir su función social y ambiental en los términos en que lo hacen, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, en el artículo 56; la de Ecuador, en el artículo 282; la de Nicaragua, en el artículo 44; la de Colombia, en el artículo 58, etc. Tal condicionamiento también se infiere del artículo 18 de la Constitución de Vietnam, cuando, al referirse a la administración y uso de la tierra, emplea términos como “ajuste a los objetivos establecidos y dar resultados eficaces”, “protección, enriquecimiento, la explotación racional y el uso económico de la tierra”.

En artículo 30 de la NC dispone que “la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado”; en tal sentido, debió quedar mejor precisado lo que se entiende por concentración de la propiedad, a fin de prevenir que su regulación gubernativa o administrativa posterior pueda producir efectos económicos y sociales indeseables como fuga de capitales, aumento del "testaferrismo", fraude fiscal, limitaciones innecesarias a la inversión nacional y a la iniciativa privada, etc.

3.3. Las formas de gestión de la economía y las relaciones entre ellas

El artículo 27 de la NC se limita a respaldar el papel de la empresa estatal como sujeto principal de la economía, sin hacer un reconocimiento a las demás formas de gestión económica no estatales y a las relaciones entre la empresa estatal y las otras formas de gestión.

Al respecto, cabe observar que si bien existen sectores económicos donde hoy resulta inobjetable que la empresa estatal constituya el sujeto protagónico, como en la minería, los hidrocarburos y la energía, existen otros, como el agrario, donde la empresa estatal no constituye el sujeto productivo principal. Esto se evidencia en datos como que las empresas estatales participan sólo en el 13.9% de la producción de las viandas y hortalizas, en el 6.9% de los frutales, en el 24.4% del arroz, el 16.2% de los frijoles, el 21.8% de la leche fresca, el 24.5% de la carne de aves, etc. ¹⁹

Por tanto, respaldar el papel de la empresa estatal como sujeto principal de la economía del sector agrario resulta una paradoja que sólo puede condu­cir a distorsiones como que se continúen asignando a las empresas estatales de acopio y de servicios productivos los mayores recursos (vehículos, tractores, máquinas de riego, cosechadoras, combustible y otros insumos productivos, etc.), que las cooperativas y otras formas de gestión carezcan de la suficiente autonomía y sigan funcionando como apéndices de las empresas estatales, y que el Estado tenga sistemáticamente que asignar cuantiosos recursos financieros para recapitalizar a estas empresas, muchas veces ineficientes e irrentables.

Tambien procede adicionar otros preceptos que reconozcan expresamente a las empresas cooperativas, privadas, familiares, asociativas y mixtas, y el deber de promoción y protección especial por parte del Estado a las formas asociativas, solidarias y comunitarias de gestión económica, como establecen, por ejemplo, la Constitución de Venezuela, en los artículos 108 y 308; la de Bolivia, en los artículos 306, 307 y 310; la de Colombia, en el artículo 58; la de Nicaragua, en el artículo 109; la de México, en el artículo 25; la de Brasil, en su artículo 174; la de Vietnam, en sus artículos 20 y 21; y la de China, en sus artículos 8 y 11. Igualmente, declarar que en las diversas formas de organización de la producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente, la obligación de generar trabajo digno, proteger el medio ambiente y contribuir al fortalecimiento de la soberanía, la independencia económica, al desarrollo social, a satisfacer las necesidades de la población y a la reducción de las desigualdades, tal como regulan los artículos 308 y 312 de la Constitución de Bolivia; el 112, 307, 310 y 313 de Venezuela; y los artículos 283 y 320 de la Constitución de Ecuador.

A este respecto, vale la pena considerar que la economía popular y solidaria surge como una alternativa a la homogeneización y a la globalización neoliberal y a la privatización, y como una manera de reconocer y hacer visibles las posibilidades y las realidades verdaderamente diversas en cuanto a las formas de gestionar y organizar la economía, abarcando múltiples formas que van desde un emprendimiento comunitario hasta un taller artesanal o una cooperativa, ²⁰ que se caracterizan por apartarse del modelo de organización capitalista de la producción para proponer otro basado en la autogestión obrera y popular, y prácticas de organización democrática y de democracia participativa donde la cooperación consciente busca suplantar la articulación autoritaria del capital. ²¹

Las micro, pequeñas o medianas empresas tienen otras ventajas, como que generan empleo, permiten el desarrollo a nivel local o regional y se adaptan con flexibilidad a las crisis económicas, por lo que si se analiza la estructura empresarial de las grandes economías —como Japón, Italia, Corea del Sur, entre otras—, se podrá comprobar el importante aporte a la economía de esas formas de gestión económicas. ²²

Las consecuencias de esas omisiones en el texto constitucional ya se han visto en el caso de las cooperativas: demora y burocratismo en la ampliación de su ámbito hacia las diversas actividades económicas y para instituir las de segundo y tercer grado; y en el caso de pequeñas empresas privadas: inseguridad jurídica para las personas que ejercen estas actividades y para los trabajadores que allí laboran como empleados, y en general para las relaciones jurídicas en que intervienen.

Estas propuestas no contradicen el consenso acerca de que el Estado sea propietario de aquellas entidades que aseguran actividades supra-económicas o que interesen de manera estratégica y tenga un protagonismo en ellas, pero se trata de que participen en ellas todas las otras formas de propiedad. ²³

3.4. La política económica y el papel del Estado

El artículo 19 de la NC establece que “el Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad”; el 22 declara que “todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social”. Resultan preceptos tan abstractos y omisos que difícilmente puedan servir de anclaje a las leyes complementarias sobre el tema en cuanto a instituciones clave dentro de la regulación jurídica económica, tales como tributación, financiación, presupuesto, mercados, precios, etc.

En consecuencia, deberán agregarse otras regulaciones que esclarezcan los principios generales y los objetivos de la política económica, así como las funciones del Estado en esta materia, lo que deviene imprescindible para poder defender ciertos valores y para alcanzar determinados fines sociales. En tal dirección se expresan, por ejemplo, el artículo 284 de la Constitución de Ecuador y los artículos 170 al 181 de la Constitución de Brasil, así como la de Perú, del 58 al 65; aunque, como ya aquí se viene sosteniendo, estas cuestiones pueden aparecer en una parte posterior dedicada a la política económica, como se muestra, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador, en los artículos del 283 al 318; en la de Bolivia, del 318 al 379; en la de Panamá, del 282 al 298; en la Constitución de Vietnam, en el artículo 16; y la Constitución china, en los artículos 14 y 15, entre otras.

En cuanto a la referida política económica, como también va resultando tendencial, se debería desglosar en varios aspectos, como:

Política comercial. En el artículo 18 de la NC se enuncia que “la dirección planificada de la economía, tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”. Se requiere incorporar al texto los objetivos de la política comercial, el papel del Estado en el control de los mercados, precisando que el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, prohibirá la monopolización en la gestión de las actividades productivas que pretenda el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios, salvo en provecho del Estado; que el Estado favorecerá y velará por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, establecien­do por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional, tal como lo regulan, por ejemplo, la venezolana, en el artículo 113; la de República Dominicana, en el 50; la Constitución de Bolivia, en el 312; la Constitución de Ecuador, en sus artículos 304 y 335; la de Perú, en el 60; la de México, en el 22; y la Constitución de Vietnam, en el artículo 28.

Política tributaria. El artículo 90-d se limita a consignar como un deber fundamental del ciudadano la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establezca. Pero deberán incluirse los principios del sistema tributario, la distribución de competencias entre las distintas fuentes normativas y autoridades en materia tributaria, tal como refrendan la Constitución de Ecuador, en su artículo 300; la de Venezuela, del 316 al 317; la de Bolivia, del 321al 325; la de Nicaragua, en el 114 y 115; la de Brasil, del 145 al 162; y la de Perú, en el artículo 74.

Política financiera. Monetaria, cambiaria, crediticia, financiera y de precios, y régimen presupuestario. En cada una de estas materias deben precisarse objetivos, órgano rector, misión, competencias y estructura, tal como lo respaldan las constituciones de Ecuador, en sus artículos 302 al 308 y el 335; la de Venezuela, en sus artículos 311 al 318; la de Bolivia, del 326 al 329; la de Brasil, del 163 al 169; y la de Perú, en los artículos 75 al 87. Debe establecerse que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional y que la ley reprimirá el abuso de poder económico que pretenda la dominación de los mercados y el aumento arbitrario de las ganancias, tal como regulan, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, en el artículo 335; y la Constitución de Brasil, en su artículo 173.

Deuda pública. Debe regularse su procedimiento de contratación, competencia y requisitos para ser contraída, tal como recogen, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, en el artículo 289; y la de Bolivia, en el 322.

Política minera y de hidrocarburos y energía. Estas actividades requieren ser tratadas como sectores estratégicos de la economía, tal como prescriben los artículos 348 al 372 de la Constitución de Bolivia, del 313 al 319 de la Constitución de Ecuador, y del 302 al 304 de la Constitución de Venezuela.

Política turística. Esta actividad también requiere ser tratada como un sector estratégico prioritario para el país; en consecuencia, se deben adicionar preceptos que anuncien sus objetivos y principios, como una actividad económica que deberá desarrollarse de manera sustentable, para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente, tal como prescriben el artículo 302 de la Constitución venezolana, el artículo 337 de la Constitución boliviana y el 42 de la Constitución de Vietnam.

Política ambiental. En el artículo 86 de la NC esta cuestión queda reducida al reconocimiento del derecho al medio ambiente y a la obligación del Estado a su protección, pero deben enunciarse sus principios, fines, instrumentos y responsabilidades tal como establecen los artículos 324 al 347 de la Constitución de Bolivia, del 395 al 397 de la Constitución de Ecuador, el 110 de la Constitución de Venezuela, del 118 al 121 de la Constitución de Panamá y el 29 de la Constitución de Vietnam.

Política científica y tecnológica. En el artículo 32 de la NC se ofrece una visión limitada de este aspecto, debiendo quedar regulados en la Constitución sus fines, mecanismos, financiamiento y medidas fundamentales para lograrlo. En este tenor se expresan, por ejemplo, los artículos 103 de la Constitución de Bolivia, del 385 al 388 la Constitución de Ecuador, 110 de Venezuela, 218 y 219 de Brasil, y el 37 y 38 de la Constitución de Vietnam.

Política agraria. Este aspecto queda resumido solamente en el artículo 29 de la NC.

La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. Se prohíben el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares. La compraventa u otra trasmisión onerosa de este bien sólo podrán realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio. Los actos traslativos de dominio no onerosos o de derechos de uso y disfrute sobre este bien se realizan previa autorización de la autoridad competente y de conformidad con lo establecido en la ley.

En primer lugar, procede hacer notar que se trata de una regulación visiblemente omisa y, al mismo tiempo, pródiga en prohibiciones y con escasas propuestas para la actuación, que, por otra parte, sólo está previendo un régimen especial para la tierra, incurriendo en una omisión esencial al no incluir a los demás bienes agropecuarios vinculados a ella, ya que deviene en una cuestión de lógica jurídica que los equipos e instrumentos, los animales y bienhechurías pertenecientes al patrimonio del productor agrícola individual queden sujetos al mismo régimen especial que la tierra, tal como regulaba la Constitución de 1976 en su artículo 24.

Lo ideal y lo aconsejable es que el aludido régimen jurídico especial no se limite a la tierra y a los bienes, sino que esté previsto para todas las actividades agropecuarias o para el sector agropecuario. En esta dirección, debe incluirse un precepto dirigido a reconocer el régimen sucesorio especial, de transmisión y adquisición por herencia de la tierra y demás bienes agrope­cuarios, aunque sin privar este derecho de la tutela judicial y estableciendo las limitaciones para adquirir la tierra mediante testamento. La omisión de este aspecto parece ignorar que el régimen especial de herencia de la tierra, aun con diferentes matices, está instituido de manera común en la gran mayoría de los países de Iberoamérica ²⁴ y podría generar graves afectaciones a los fines de la política agraria.

Procede, además, adicionar al artículo 29 de la NC un precepto que prohíba el latifundio, devenido en un principio sustancial de la constitución económica de la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas desde que así fue consagrado en el artículo 27, sección XV, de la Constitución mexicana promulgada el 5 de febrero de 1917, y en tal sentido se pronuncian, por ejemplo, la de Ecuador, en el artículo 282-E; y la de Bolivia, en el 398. La lucha contra el latifundio, particularmente el latifundio extranjero, movilizó a varios sectores de la sociedad cubana durante más de medio siglo, y así quedó recogida su prohibición como una conquista histórica en el artículo 90 de la Constitución de 1940, en la Ley Fundamental de 1959 y en la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959.

En el mismo sentido, procede adicionar un precepto que establezca las limitaciones y condiciones bajo las cuales los extranjeros podrían ejercer derechos reales sobre las tierras, del modo en que, por ejemplo, lo dispone en artículo 27, sección I, de la Constitución mexicana, y sobre lo cual se pronunciaba el artículo 90 de la Constitución cubana de 1940.

Se debe adicionar un precepto que exprese que el Estado normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental, a los efectos de conjurar problemas enraizados durante décadas —como la existencia de las tierras ociosas y deficientemente aprovechadas—, del modo en que se declara, por ejemplo, en el artículo 282 de la Constitución de Ecuador, en el 393 de Bolivia, en el 51 de Republica Dominicana, en el 58 la de Colombia y en el artículo 48 de la Constitución de Panamá.

Deben fijarse las bases fundamentales del régimen jurídico del sector agrario: los principios y fines, enfatizando en el desarrollo agrícola y rural integral, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la justicia social en el campo, etc.; ²⁵ declarar las medidas para lograr los aludidos fines, como la protección especial por parte de los poderes estatales al sector agrario y especialmente a la producción de los agricultores individuales y a las cooperativas mediante incentivos económicos; la integración, de forma efectiva, de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica, como lo hacen, por ejemplo, los artículos 305 al 307 de la Constitución de Venezuela; 281 y 282 de Ecuador, 393 al 407 de Bolivia, 27 de México, 184 al 191 de Brasil, artículos 122 al 128 de la Constitución de Panamá, artículo 65 la de Colombia y el artículo 51-3 la Constitución de República Dominicana.

El referido artículo 29, al reconocer el derecho preferente del Estado a la adquisición de la tierra en caso de compraventa, resulta un precepto carente de fundamentación histórica y sociológica. Fidel Castro Ruz, a los fines de aclarar lo regulado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Reforma Agraria de 1959, en su discurso del 21 de junio de 1959, expresó que “el campesino libremente puede disponer de esa tierra, con una sola condición: que tiene que pedir permiso al instituto para vender”. ²⁶

La regulación sobre el derecho preferente del Estado en la compraventa apareció en el artículo 21 de la Constitución de 1976, como correlato del interés político de que toda la tierra progresivamente fuera estatalizada ²⁷ para contribuir a que el fondo estatal del suelo agrícola alcanzara en los años ochenta más de 80% del total; sin embargo, no es posible ocultar que esto incidió en que más de 50% de las tierras agrícolas devinieran ociosas y deficientemente aprovechadas. Entonces, el hecho de que el Estado continúe comprando tierras y que luego las distribuya en usufructo gratuito carece de racionalidad económica.

Política inversionista. El artículo 28 de la NC recoge que: “El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales”. El precepto es expresivo de una voluntad política de dar protección prioritaria a la inversión extranjera. Tal posición no resistiría un examen de racionalidad económica; parece animada por el prejuicio de que resulta menos riesgosa la inversión nacional para la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como para el respeto a la soberanía e independencia del país.

Pero el desarrollo económico de Cuba no podrá lograrse solamente con el concurso de la inversión estatal y de la inversión extranjera, si se toman en consideración las necesidades actuales que derivan de la descapitalización de la infraestructura. Los cálculos del nivel de capital físico (valor de las edificaciones, infraestructura, equipos de transporte y maquinarias) ponen de relieve que este indicador ha disminuido, de manera continuada, desde 1990 hasta 2005 en promedio 2.5% cada año, que de 2006 hasta 2014 la tasa de disminución fue del 0.7%, y que en el 2014 el valor en dólares corrientes del capital físico era 37% menor que en 1989. ²⁸

La mayoría de las constituciones —contrario a lo que dispone la NC— refrendan la prioridad de la inversión nacional sobre la extranjera, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, en su artículo 399, y la Constitución de Bolivia, en el 320; o la igualdad de ambas inversiones, como lo hace la de Perú, en su artículo 63, y la de Vietnam, en sus artículos 24 y 25. En consecuencia, se debe incluir un precepto referido a la protección de la inversión nacional bajo similares condiciones que las enunciadas para el capital extranjero.

Es de vieja data la posición del gobierno de que no es necesario respaldar la inversión de los nacionales cubanos, pues estos apenas tienen capital; nada más lejos de la verdad. Como ha apuntado Mesa Lago —citando a Esteban Morales—, entre 2009 y 2016 el monto total de las remesas enviadas a Cuba registró un crecimiento del 108.4%, y el país recibió un monto total de 21.2 billones de dólares durante este período. Las remesas se han convertido en la principal fuente del capital empleado por los “nuevos empresarios cubanos” para crear pequeñas y medianas empresas en diversos sectores de la economía a lo largo y ancho de la isla. ²⁹

Los autores del PCRC sostuvieron reiteradamente durante el proceso de la reforma que las cuestiones relativas al ordenamiento jurídico de la economía deben quedar reservadas al posterior pronunciamiento del legislador o del gobierno. Sin embargo, es preciso tomar en consideración el criterio acertado de que:

La constitucionalización de las bases de la política económica se ha convertido en un parámetro desde el cual es posible valorar la legitimidad jurídico-constitucional de las intervenciones públicas en la economía. (…) El sistema económico no debe someterse a las mutaciones de los gobernantes, toda vez que ello conduciría a la posibilidad de una inestabilidad política y económica. De allí que el constituyente busca que la Constitución defina la estructura y organización de la economía, las libertades y funciones de los individuos y grupos sociales; el reparto de poder de las instituciones, y la delimitación de la intervención estatal de una forma amplia y flexible. ³⁰

3.5. El ordenamiento jurídico de la economía y algunos derechos socioeconómicos fundamentales

Existen algunos derechos fundamentales, principalmente de segunda y de tercera generación, que, aunque no integran la Constitución económica en sentido estricto, por su contenido guardan una indisoluble relación con el funcionamiento de la economía y el papel del Estado en ella; de ahí la necesidad del examen de su regulación constitucional en el presente trabajo.

El artículo 58 de la NC dispone que: “La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización. La ley establece el procedimiento para la expropiación, las garantías debidas, las bases para determinar su utilidad y necesidad, y la forma de indemnización”; con ello, reitera lo preceptuado en el artículo 25 de la Constitución de 1976. Se aprecian aquí omisiones importantes que no deberían quedar a expensas del legislador y mucho menos de los operadores jurídicos administrativos, como que la certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la declaración de la expropiación corresponderá decidirla a los tribunales en caso de impugnación, tal como ya respaldaba el artículo 24 de la Constitución de 1940.

El artículo 64 establece que: “La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad”. Constituye un precepto más avanzado que el previsto en los artículos 9-b y 35 de la Constitución de 1976.

El artículo 65 de la NC reconoce el derecho a recibir una remuneración por el trabajo, “en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos, expresión del principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Pero esta regulación no resulta suficiente si es que no se reconoce el derecho del trabajador a recibir un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, tal como refrendan la Constitución venezolana en su artículo 91; la de Bolivia, en el 46; la de Ecuador, en el 33; la de Brasil, en el artículo 7; la Constitución argentina, en el 14; la de Perú, en el artículo 24, y la Constitución de Panamá, en sus artículos 65 y 66.

Ésta resultó una propuesta reiterada en muchas de las asambleas de ciudadanos y de la comunidad jurídica —a pesar de ello, no fue adicionada al texto constitucional aprobado—; sobre todo, los profesionales y trabajadores del sector estatal valoraban como injusto el hecho de que, mientras ellos recibían un salario visiblemente insuficiente, muchas personas dedicadas a la economía subterránea o que incluso, por su propia voluntad, no desempeñan ninguna labor productiva ni pagan tributos tienen igual derecho a recibir educación y salud gratuitas, y otros servicios públicos, a veces, paradójicamente, en condiciones de privilegio.

La posición de los redactores del PCRC y de los parlamentarios, de no comprometerse con el reconocimiento del derecho a un salario digno, era coherente con la sostenida invariablemente durante más de tres décadas por el gobierno —y aceptada sin muchas réplicas por la máxima dirección sindical— mientras no se produjera el anhelado aumento de la producción.

Algunos analistas han subrayado como causas del descenso en la producción en Cuba factores humanos como los salarios bajos, la débil motivación, la falta de disciplina de trabajo y la escasa productividad, calificándolos como un ciclo que ha afectado de forma cruel los servicios, la manufactura y la agricultura, y que podrían haberse convertido en un círculo vicioso. ³¹ Los trabajadores parecen asumir que si los salarios son tan bajos que no garantizan su bienestar, entonces no se empeñarán en aumentar la productividad. Otro problema que deriva de ello es la corrupción de baja escala, consistente en la apropiación por los trabajadores y el desvió de medios y recursos pertenecientes a la empresa estatal. El nuevo gobierno cubano evidentemente así lo comprendió cuando en julio de 2019 anunció un aumento salarial para todo el sector, presupuestado en cifras inéditas desde la década de los ochenta del pasado siglo, como una medida para dinamizar la economía.

El artículo 76 reconoce el derecho de todas las personas al agua, con la debida retribución y uso racional. Constituye un precepto nuevo en el derecho constitucional cubano, en el cual se hace más vidente la influencia de la Constitución de Ecuador, que refrenda este derecho humano en su artículo 12, y de la Constitución boliviana, cuyo artículo 20 reconoce el derecho al agua, aunque visiblemente con mayor amplitud en cuanto a garantías y principios que rigen el acceso a los servicios en este ámbito, incluyendo el acceso al agua para fines productivos. En artículo 77 ampara “el derecho de las personas a la alimentación y que el Estado trabaja para alcanzar la seguridad alimentaria de toda la población”. Igualmente, constituye un precepto nuevo en el derecho constitucional cubano, aunque se advierte que no llega a reconocer la seguridad alimentaria como un derecho ni se refiere a las garantías materiales que la respalden, ni a las medidas para alcanzarla; aquí también es más notoria la impronta de la Constitución de Ecuador y de Bolivia, que reconocen el derecho a la alimentación en sus artículo 13 y respectivamente, pero se extienden en declaraciones de indudable contundencia: “acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local” y “alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”. Los derechos al agua y a la alimentación todavía no han tenido un reconocimiento expreso en la mayoría de las constituciones, pero puede mencionarse que se reconocen ambos derechos el artículo 118 de la Constitución de Panamá; en la de Bolivia, en el 16 y en el 20; en la de Ecuador, en el 12 y 13; y en la Constitución de Nicaragua, que ampara en el artículo 63 el derecho a la alimentación.

El artículo 78 establece el “derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información adecuada y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno”. Es también un precepto nuevo; no obstante, omiso en cuanto a los demás derechos del consumidor: a recibir protección contra la publicidad engañosa, a la reclamación, de elección, a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley en caso de que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, a constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Debería adicionarse la declaración de que, mediante ley, se establecerán los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores, caracterizados por la celeridad y eficacia; y las sanciones por la vulneración de estos derechos, así como la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, del modo en que lo refrendan el artículo 52 de la Constitución de Ecuador, el 117 de Venezuela, el 51 de República Dominicana, el 28 de la Constitución de México, el 49 de la Constitución de Panamá y el 42 de la Constitución de Argentina.