3.1 El policía, el militar. Más cerca del delito

Las funciones policiales y militares son las que, con riesgo de causa, en su mayoría se encuentran íntimamente ligadas con la delincuencia, ya que tienen por encargo el combate al delito. La delgada línea que contrasta esta función con la pertenencia a tal sector del delito se ve reflejada en la realidad, pues la confusión entre protector social y delincuente en la figura del policía coexisten en el imaginario colectivo.

La función administrativa que debiera tener la figura del policía¹⁴ se ve rebasada por aquella que el Estado encomienda y que es resultado de una necesidad reactiva, de tal manera que el compromiso de respeto a la dignidad del policía en su función, al igual que la de quienes combate, se violenta indiscutiblemente con frases como “encapsúlenlos ahí, denles duro y que no se les vayan”.¹⁵ Desgraciadamente, esto no se queda en frases, la acción desmedida de la policía ha pasado a ser una ola de abuso, tortura y muerte,¹⁶ dado que las tácticas de grupos delincuenciales son usadas por las Procuradurías.¹⁷ Basta como muestra el entierro clandestino de 117 cuerpos, de los cuales 84 fueron previamente torturados, entre ellos tres niñas de entre 2 y 10 años de edad, a quienes los familiares buscaban desesperadamente ante el silencio institucional.

Es necesario recalcar que esto ocurre a pesar de las múltiples recomendaciones estatales, nacionales e internacionales por violaciones a derechos humanos (DDHH). Los casos paradigmáticos¹⁸ marcan negativamente a México, algunos de los más conocidos son los de Tlatlaya, Tanhuato, Ayotzinapa y Apatzingán, pues queda en evidencia la violencia ejercida por los policías en todos sus niveles, ministerios públicos y miembros de las fuerzas militares que tienen a cargo la detención de “criminales”.

La doble función de los roles de contacto directo con el crimen -el de contención y el de comisor- es ocasionada por la estrecha brecha que existe entre ellos, la cual se difumina en el contexto de la legislación ante una clara confusión entre lo permitido y lo prohibido; por ejemplo, es apreciable en la resolución de la Suprema Corte acerca de la constitucionalidad de la “inspección de personas y vehículos”, si requieren o no de autorización judicial para ser llevadas a cabo,¹⁹ donde el tema de fondo es la colisión de derechos entre seguridad jurídica y seguridad pública. Es materia del primero la presunción de inocencia y libre tránsito, que pueden verse afectados por actos de molestia; mientras que en el segundo se vulneraría la colectividad en la búsqueda de la verdad por la investigación de delitos. Por ello, el propio ministro Franco González afirma que “la línea es muy delgada entre los dos” y que deben establecerse criterios que limiten la actuación policial.²⁰ Sin embargo, la mayoría argumentó sobre la prevalencia del segundo de los derechos anteriores, es decir, la responsabilidad del Ministerio Público en la investigación de los delitos, marcada en el artículo 21 constitucional, aunada a la vinculación con el auxilio del policía que, al mismo tiempo, en la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, definir sistemas de planeación estratégica, además de la evaluación y transparencia, constituyéndose en un sistema confiable, legítimo y eficaz que busque el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas, así como de la sociedad. Se aprobó, pues, que la policía puede inspeccionar personas y vehículos sin autorización judicial, con lo cual se amplían las facultades discrecionales que aumentan la incertidumbre de seguridad jurídica de las personas en lo particular.

El resultado de lograr en el policía la autoasunción de criminal resulta en considerar al otro como un enemigo constante y, ante cualquier sospecha -inclusive infundada- o en complicidad con la delincuencia, que comete actos de barbarie como el caso ocurrido con las dos menores ejecutadas por policías en Veracruz, por ser “delincuentes”.²¹ Ello resulta discutible porque, hasta donde se conoce, no existía un procedimiento judicial en su contra, por lo cual el actuar policial fue completamente violatorio del principio de legalidad y presunción de inocencia.

Por otro lado, la figura del militar portando la misma función de contención del crimen y con resultados de violencia análogos a los del policía ha sido fortalecida por el Estado al permitir la intervención militar dentro del articulado de la Ley de Seguridad Interior.²² Esto, a pesar del parteaguas jurídico que significó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco vs Estado mexicano, que derivó en el expediente que modificó el significado del fuero militar²³ para la protección de los DDHH de los civiles. Sin embargo, también impactó en el estatus de los militares y sus acciones, derivado de las constantes violaciones de DDHH que se generaron a partir de la lucha contra los cárteles de la droga, impulsada por el gobierno del 2006. Dicha práctica sigue vigente, fortalecida y con más militares en las calles, quienes han sido ordenados para atacar sin importar que de ello resulte la pérdida de vidas, y no necesariamente de los pertenecientes al crimen organizado.²⁴

Es innecesaria la existencia de las fuerzas militares en un país que no se encuentra en guerra. La función administrativa de proximidad social por parte del policía que se ve diluida y amenazada con la reactiva Ley de Seguridad Interior, una norma que entró en vigor el 21 de diciembre de 2017, caracterizada por tener como objetivo regular la función del Estado para “preservar” la seguridad interior; establecer los requisitos y las formas de coordinación entre los niveles de gobierno. Además, faculta al Poder Ejecutivo para ordenar la intervención militar con la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior cuando considere que ésta se vea amenazada.²⁵ Esta ley rompe el tono armónico y humano que la reforma del 2011 justificó e implementó en el país.

Así, en el contexto de guerra interna, se olvida que policías y militares son personas, al igual que aquellos que son combatidos. La violencia que ejerce el Estado contra policías y militares abarca desde la selección del perfil idóneo para la riesgosa tarea hasta la auto asunción del deber de obediencia -con un riguroso adiestramiento no sólo físico, sino mental, de “amor a la patria”- que los obliga a cometer actos que en otro rol probablemente no realizarían pero que, en apego al deber de obediencia, tratan de justificar su actuar contra el otro, no responsabilizándose por él, no viendo su rostro; ese otro desconocido en espíritu pero conocido en apariencia que lo invita al acto de violencia.²⁶

En este escenario, antes que la intervención militar como reacción estatal, debería impulsarse la prevención que ya el gobierno ha iniciado pero que ha dejado a un lado; en otras palabras, la llamada justicia cívica que surgió a partir de trabajos interuniversitarios solicitados por el propio presidente de la república para que, en el marco de la solución efectiva de conflictos como mecanismo preventivo penal, se impulsara desde 2015 la llamada “justicia cotidiana”,²⁷ que fue puesta en ley a partir del 2016 para excluir los problemas penales del marco preventivo y para poder solucionar desde la causa que los origina.²⁸

3.2 El juez. Verdugo y víctima divina

Bajo el velo de “justicia”, el juez será el último verdugo. ¿Pero quién es este que, cual dios, decide el futuro de una persona y pretende dar tranquilidad a otra?

El Estado divide sus funciones y corresponde a la figura del juez cumplir la de decidir el futuro de otras personas dentro del marco de funcionamiento organizacional. Lineamiento que intenta separarlo de la persona social para el cumplimiento institucional que le ha sido encargado, puesto que los individuos que se encuentran involucrados en la toma de decisiones tienen la obligación de no involucrarse sentimental o materialmente debido a la prohibición de la relación directa de sus experiencias personales. Pero es imposible ejercer su profesión con base en hechos aislados, dado que su actuar está íntimamente relacionado con su vida y su experiencia en sociedad. Por tal motivo, la institución a la que ellos representan y por la cual ejercen decisiones es resultado de un desarrollo social y profesional que se tradujo en experiencia.²⁹

En la visión antropológica de Supiot, en el momento en que un actuar convertido en ley requiere justificación o interpretación, la voluntad está condicionada y atrapada en el contexto exterior, pues un sujeto de derecho es un sujeto soberano, un ser que nace “libre y dotado de razón”.³⁰ Supiot otorga contexto de superioridad al individuo que no debe ver restringida su libertad externa por reconocer la existencia de otras voluntades que parecieran irreconciliables. Entonces, se debe dejar que cada una se ajuste en armonía con las demás, con la finalidad de la convivencia social. Coincide esta visión con la postura filosófica de Cassirer, al plantear que para armonizar los diferentes actos individuales de la voluntad no se debe dar el mismo valor real, sino que cada uno y todos a la vez se sometan a la regla del fundamento determinante universal como valor independiente e incondicionado³¹ de libertad de cada individuo sin interferir en la de los demás sobre sus propios intereses.

Tanto Supiot como Cassirer coinciden en el fundamento de la libertad como condición de anteposición del individuo en cualquier acto, incluso si se torna en el rol de juez como decisor no sólo de un conflicto, sino también de una vida en el momento en que condena o absuelve, vive o muere. Si vive, continuará con su vida (pues tal vez en un futuro vuelva a estar en sus manos si continúa perteneciendo a un segmento inferior); pero si muere, será con tal crueldad y brutalidad que el resultado producirá un cuerpo orgánico vacío, siendo el propio juez quien se encargue de ello.

En su calidad de artistas, los jueces combinan técnica con creatividad cuando aplican la ley; técnica, al momento de ejercer su facultad discrecional; y creatividad, al crear el derecho, tal como los novelistas, de manera inconsciente.³² Sin embargo, como Posner señala, el “‘miedo a la revocación’ les crea a los jueces un conflicto entre lo que se espera de su rol y sus sentimientos personales”.³³ Ello hace que cada uno ponga su mayor esfuerzo y ya sea que ellos mismos o con ayuda cumplan el compromiso estatal al actuar en sus decisiones como se esperaría de un “buen” juez que pertenece a una burocracia administrativa y organizativa.

Sin embargo, la tarea de aplicación normativa y, en general, el contenido de derecho no son lo único por lo que pueda evaluarse el trabajo judicial, lo complejo surge cuando notamos incidencias que sólo las personas pueden añadir y en el cual se cuestiona si ellas son las idóneas para ejercer la función encomendada al Estado.

Un aspecto demostrativo es que en México, por sinceridad o por cinismo, se conoce a la familia judicial, y es que gran parte de los ministros, magistrados, jueces y consejeros tienen esposas, papás, hijos, hermanos, primos, sobrinos y cuñados, así como otros parientes, dentro de este poder que ofrece prestaciones y sueldos superiores, en promedio, a la media nacional.

Ya desde algunos años se conocía esta situación,³⁴ pero fue a partir del estudio realizado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada,³⁵ cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) entregó al Consejo de la Judicatura Federal y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el documento que revela que en el Poder Judicial de la Federación alrededor de siete mil servidores públicos de 31 circuitos forman esta red clientelar.³⁶ En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito, correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Así, en el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían cometido actos de nepotismo al sobrepasar sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay, además, otros 7 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

El Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República invitó al consejero Borrego Estrada a una reunión de trabajo para puntualizar sus hallazgos; así mismo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó una nota aclaratoria sobre la responsabilidad de uno de los consejeros -y no del Consejo en su conjunto- acerca del estudio, puntualizando sobre la restricción en materia de nombramientos que en acuerdo fue emitida desde 2015; posteriormente, otro de los consejeros llamó a transparentar la selección de juzgadores, de lo cual el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción acordó incorporar la recomendación del fortalecimiento de los procedimientos de designación de jueces y magistrados.³⁷

La afectación a la independencia judicial es latente cuando el nepotismo impide el desarrollo de la expectativa de justicia, a pesar de las acotaciones puestas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, principalmente el artículo 97 constitucional, que da la responsabilidad al Consejo de la Judicatura para el nombramiento de magistrados y jueces.

Pero es necesario comprender que el nepotismo es una acción personal y lejana de una estructura democrática de impartición de justicia. Reside en las personas involucrar su razón pues, al ejercer la función judicial, no pueden negar sus experiencias vividas; tal como lo comparte Olga Sánchez Cordero, exministra de la scjn, son personas que alguna vez se pronunciaron contra el gobierno y que usaban minifalda.³⁸

Así pues, al ser individuos pensantes que viven y experimentan, es posible que las características personales del juez, así como su ideología, ejerzan influencia sobre las decisiones judiciales. Es importante remarcar que “desde una orientación culturalmente relativa se considera que dichos criterios dependen, en todo momento, del contexto”.³⁹ Esto “nos previene […] del peligro de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto”,⁴⁰ y nos lleva a decir que “los valores constituyen una elección individual y son el motor de la personalidad del ser”,^41, pues cada individuo toma sus decisiones en función de la vida que lleva y de las necesidades que tiene, ya que no se puede decidir sobre algo que se desconoce dado que “la toma de una decisión siempre requiere conocer el problema y comprenderlo para así poder solucionarlo o, al menos, decidir sobre la información procesada”.⁴²

Si tan sólo se comprendiera que es más sensato reconocer esta natural situación que ocultarla en el velo de la mentira del juez como máquina legal, empezaríamos la transformación que esperamos. Por todo ello, el juez es víctima del Estado en la limitación de su expresión como persona en la función judicial, pues no es posible separar la característica de persona que nos identifica y que nos distingue del resto de seres vivos. Esta personalidad permanece a pesar del rol y las funciones que le implican; es la que refleja nuestro carácter, forma de ser, actuar y sentir, que desplegamos en la sociedad al interactuar con los demás. Por ello, cada juez tiene una forma particular de observar su vida, tener su propia expectativa y actuar conforme a ello.

Es injusto y contra natura que deba desprenderse de esa esencia para dictar resoluciones a pesar de la consecuencia humana que ello conlleva. Es atrapado por su ser para llevar cabo su rol, ese rol que por alguna razón asume y que lo obligará a lograr la percepción social de un ser diferente, casi ideal. Pero no es así, es una persona con un trabajo diferente, la forma de actuar corresponde a su ser como persona individual que, en otro caso de papel desempeñado, tal vez no fuera condenable. Por más que se quiera separar la parte subjetiva para ser “objetivo”, no es posible y se debe considerar que hombre y mujer tienen un rasgo esencial común, distinto al cuerpo, que los diferencia y que no puede perderse de vista a la hora de considerar una diferencia física pues el yo y el cuerpo son inseparables.

No se puede negar el individualismo que las acciones personales representan como parte de ser el juez en una persona con finitud física e infinitud mental. No es correcto pensar que por ello haya eliminado la justicia de su esencia, ésa que comparte incluso con la persona a la que juzgará, porque “el derecho no es revelado por Dios ni descubierto por la ciencia, es una obra plenamente humana en la que participan quienes se dedican a estudiarlo y que no pueden interpretarlo sin tomar en cuenta los valores que transmite: compartir un mismo deber ser con la sociedad”.⁴³

En consecuencia, la transparencia y evidencia de que el personal involucrado cuenta no sólo con los conocimientos necesarios al puesto que ocupa, sino la excelencia de su calidad humana en la prestación de su servicio, es lo que podría vislumbrar un tanto de justicia.

Una actuación judicial verdaderamente pública es aquella que no tiene al Estado como patrón y donde los juzgadores no se representan como seres especiales y etéreos -aunque su función lo sea-. Así, rendir informe a la sociedad no sobre el número de sentencias resueltas con fundamentaciones legales, sino sobre el resultado del contraste de la realidad y las implicaciones actuales, más aún a futuro de sus resoluciones, sería una pequeña flama de empatía social, lo cual eliminaría la percepción de desdén al vulnerable, al crear condiciones necesarias de trabajo en conjunto, con compromisos y responsabilidades a cumplir; todo ello, a fin de crear un ejercicio cíclico de justicia.

En tal sentido, es importante considerar la necesidad de que el individuo no se aleje de lo que lo acompaña como ser racional: sus percepciones y sentimientos, por ejemplo. Sin embargo, esto no quiere decir actuar bajo una crítica moral profunda en el uso máximo de la razón para mostrar un juicio ético a partir de diversos motivos, por ejemplo, la benevolencia y la compasión.

4.1 Indígenas, víctimas de la diferencia por clase social

La misma ley marca diferencias que, al mismo tiempo, victimizan a los grupos sociales que forman parte de la gran estructura social. En este supuesto se encuentran los grupos indígenas, en donde, en caso de ser inculpado, la ley establece criterios distintos para el desarrollo del proceso -derecho a intérprete, por ejemplo-. El juez, a su vez, debe hacer valoraciones acordes a usos y costumbres para la imposición de sanciones. A pesar de que la justificación estatal es la protección a los grupos vulnerables aplicando justicia distributiva, no puede dejar de considerarse que tal distinción legal supone la evidencia de la exclusión de las comunidades indígenas en la sociedad, esto es, indígenas protegidos legalmente como muestra de desigualdad, pues si la condición social de indígena no fuera situación de vulnerabilidad, no sería innecesario mostrar la diferencia legal.

Son dotados con derechos de apariencia y, simultáneamente, con el reconocimiento institucional de que son insuficientes, cuando es obligación del Estado que el total de la población cuente con un nivel cultural y socialurbano, medios de información e instrucción escolar suficiente como para que toda persona sepa el delito cometido y sus consecuencias. Esto sucederá cuando no exista desigualdad gracias al trabajo preventivo de responsabilidad estatal y haya un sistema de justicia penal que cumpla el objetivo de “estar del lado de la sociedad”.

Prueba de esta intención estatal es el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres indígenas otomíes de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro (México), condenadas a 21 años de prisión el 3 de agosto de 2006, tras ser acusadas de posesión de cocaína y secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Jacinta fue puesta en libertad el 16 de septiembre de 2009 tras permanecer tres años en prisión, mientras que Alberta y Teresa fueron liberadas hasta 2010.

La cárcel es el lugar favorito e idóneo para la alternativa de vida de aquellos que intentan romper el control del Estado pues, como observa Zygmunt Bauman, la visión del Estado es que “las ‘clases peligrosas’ son consideradas clases criminales y las cárceles pasan a desempeñar las funciones que antes les cabía a las ya casi desaparecidas instituciones del Estado benefactor. Por lo que, a medida que se reducen las prestaciones de asistencia social lo más probable es que las cárceles tengan que seguir desempeñando ese papel cada vez con mayor intensidad”.⁴⁴ Así, la miseria de los excluidos se redefine como un delito individual.

Bajo esta visión, en el caso de Jacinta F. Marcial, once años pasaron para que el Estado, bajo orden de sentencia, reconociera públicamente haber violado el principio de presunción de inocencia y conculcado el debido proceso por no contar con un traductor y una defensa adecuada, sin que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervinieran, como lo detalla el Centro Pro-Derechos Humanos.⁴⁵ La disculpa pública era obligada, pero también representativa de las múltiples violaciones de derechos humanos, como lo hizo ver Estela, hija de Jacinta, en el acto público de disculpa por parte de la Procuraduría General del República, pues la libertad, la justicia y la democracia son motivo para seguir adelante en la lucha de respeto no sólo para ellas, sino para todas las personas. Ese el sentido de sus palabras: “Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de ustedes, por siempre y para siempre […] hasta que la dignidad se haga costumbre”.⁴⁶

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce la necesidad de no discriminación, pues dichos pueblos contribuyen a la riqueza cultural y han sido víctimas de múltiples injusticias, por lo que se torna urgente la necesidad de respetar y promover sus derechos humanos.⁴⁷ Por ello, el Estado mexicano toma cumplimiento legal e institucional para atender la relación internacional, modifica leyes internas con especificidades de reconocimiento de la diferencia de los grupos indígenas para su protección; irónicamente, él mismo las contraviene al mostrar la falta de interés de verdadera protección a aquellos que más la necesitan.

No obstante, en busca del desarrollo nacional, el Estado debería poner en situación de igualdad de derechos a la población, así como la equidad de oportunidades para eliminar la pobreza. Desgraciadamente, en relación con las comunidades no indígenas, la diferencia económica es abismal, pues casi 80% de pobreza corresponde a las comunidades indígenas.⁴⁸ El éxito de un país depende de que logre el avance de toda la población y no sólo de unos cuantos. Así, la existencia de una nación con grupos en condición de vulnerabilidad no sólo es una responsabilidad estatal, sino que es evidencia de la caótica efectividad política para atender condiciones sociales.

De manera análoga, aquellos que esperan protección estatal en su situación social son atacados por el Estado, son marginalizados, sometidos y desvalorados; por tanto, son candidatos idóneos para la prevención general. Entonces, es lógico suponer que no tienen un gran grupo de abogados, ya que su nombre no es mencionado más que en su barrio (por decir mucho), por lo que nadie lo recordará. Los delitos que pudieron cometer son los que los medios de comunicación hacen parecer como toscos, para, con ello, ser condenados por el resto de la sociedad y los representantes políticos, lo cual concede al Estado la razón, incluso le permite exigir que se sancione con penas duras donde, por consiguiente, se necesita que alguien pague por las conductas seleccionadas del Estado.

4.2 La mujer, ¿el sexo débil? Víctimas de la diferencia por género

La violencia de género es un fenómeno con presencia tanto nacional como internacional que no distingue su aparición por razones geográficas, culturales, sociales, económicas, étnicas o religiosas; todo lo contrario. Su aparición en el día a día tiene impacto en el desarrollo social y la interacción humana. Un claro ejemplo de dicho rubro es la existencia y el aumento en potencia de los homicidios en razón del género, mejor conocidos como feminicidios. En el país, tan sólo de 2015 a 2017 el aumento de estos delitos fue de 72%, cerrando 2017 con una cifra de 671 víctimas, y Sinaloa es el Estado con la tasa más alta.⁴⁹

Por otro lado, no se ha reflejado disminución de muertes contra las mujeres, a pesar de que desde 1993 fue descubierto el telón que cubría la grave situación en Ciudad Juárez (Chihuahua), donde muchos estudios fueron realizados para encontrar elementos que dieran respuesta a la insuficiencia legal para abatir la ola de feminicidios. Resaltamos el estudio antropológico de Julia Estela Monárrez por su aportación del concepto de feminicidio sexual sistémico, como un tipo específico de asesinato contra niñas y mujeres, que no se produce de manera aislada, sino a partir de otras lógicas del poder que tienen que ver con factores políticos, económicos y sociales.⁵⁰

Así pues, la complejidad de la situación merece una respuesta más allá de la legal, ya que, de facto, la sociedad mantiene comportamientos agresivos contra la mujer por un arraigado patriarcado que no se atiende sólo con establecer en fracciones los motivos de género que se van modificando conforme suceden las muertes que ocasionan la revictimización de la mujer, una violencia simbólica que envía un mensaje equivocado a la sociedad incluyendo a las mismas mujeres. Dicho de otro modo, la distinción de género de la víctima, visto sólo desde el punto de vista legal, no provoca un cambio en el actuar social, pues lo verdaderamente necesario no es una ley que distinga el delito, sino una educación temprana que lo evite.⁵¹ Ante tal contexto, se torna fundamental referirse a conductas individuales, aceptadas y validadas colectivamente para revertir esta discriminación estructural que es la causante del no ejercicio práctico de la igualdad sustantiva de las mujeres. Asimismo, se necesita atender las causas vistas en el feminicidio sexual sistémico para revertirlas a partir de una prevención sistémica.

Tan sólo en México, hasta 2016 no se disponía de datos para contabilizar el impacto en cuestiones de homicidios por razón del género. Sin embargo, aun cuando en 2016 se dio a conocer que cerca de 2 700 mujeres eran víctimas de homicidio, los datos siguen siendo incompletos e insuficientes. Además, para agosto del mismo año, INEGI señaló que 66% de niñas y mujeres mayores de 15 años habían sido víctimas de violencia de género, mínimo una vez en su vida, y un 44% lo había sufrido a manos de su pareja.⁵²

Lo anterior se hace plenamente evidente dado que ni las 67 leyes ni el presupuesto anual de cerca de 1 200 millones de dólares -distribuido en 89 programas- que hay en México para combatir el feminicidio ha sido razón suficiente para detener el problema. Por el contrario, sigue en aumento, pues el verdadero conflicto no es la tipificación legal, sino “la voluntad del estado para dar seguimiento a las políticas públicas que generen un cambio cultural para erradicar el machismo”,⁵³ así como los bajos niveles de educación en equidad tanto en las escuelas como en las familias, ya que “a las niñas se les enseña a tener una imagen de dulzura y [...] ternura, para asumir roles de esposas fieles y madres abnegadas […] A los niños se les enseña a ejercer el poder en la familia, ser fuertes, no llorar, ser listos para dar a las mujeres protección, alimento, dirección, que los lleva a avasallar los derechos de las mujeres”.⁵⁴ Con ello, se demuestra que los estereotipos y los roles de género son los que siguen gobernando la sociedad, y no la igualdad que “existe ante la ley”.

Es la hegemonía de pensamiento actual, donde el mundo común comprende y asegura la supervivencia de todo lo que los hombres hacen y sufren entre sí. Se entiende que la grandeza humana no se limita a la acción y al hacedor en el sentido estricto de la palabra, sino que también puede ser, de igual manera, la parte que padece y la que lo sufre. Por ello, es factible considerar que en la realidad social los roles individuales marcan la pertenencia a un grupo, lo cual incrementa la visión de poder -político, económico, laboral, artístico, intelectual, entre otros-.

En otras palabras, la esfera pública totalizante y generalizante permea en la esfera individual, que queda incierta en su actuar y la dirige al ejercicio del poder violento de uno sobre otro, convirtiéndose uno en propiedad del otro. Así, la red corporativa -pública, privada o social- comanda haciendo que en el espacio público se obligue a demostrar el poder y en privado sea conservado, verificándose la relación del poder soberano (terror) y el homo sacer en la nuda vida -lo absoluto y el otro-, de Agamben.⁵⁵ Lo conocido en el núcleo de pertenencia es pues lo natural y lo otro, lo diferente que merece ser violentado.

Ante esta realidad social, el Estado incide en sus políticas proteccionistas al género, lo que ocasiona que revele a la mujer como símbolo de violencia, precisamente porque los mecanismos de protección y generación de equidad de oportunidades son resultado de mandamientos internacionales que reconocen la violencia a la mujer como un problema generalizado, pero que los Estados han replicado en sus comunidades con objetivo de cumplimiento y no de satisfacción personal y social. El planteamiento equívoco de la identidad de la mujer y la forma de intervención estatal que manipula esta idea hacen que el Estado se muestre como titular hegemónico del poder de otorgar el ejercicio de los derechos, cuestión que reafirma la construcción social etiquetada de la mujer y el peligro de generalizar una actitud violenta y machista.

Dicho marco de equivocación es alentado por posturas radicales e irreconciliables de la concepción de género, que han generado confusión social y estatal en la tarea de objetivación de las condiciones de bienestar personal y social. Por un lado, el radical feminismo que parte del tratamiento de persona como ser libre; por el otro, el personalismo, que muestra un blindaje contra la “ideología de género”. Ambos, con terminología específica -estereotipo, ideología, feminismo, machismo, sororidad, masculinidad, etc.- que se abstrae de la realidad para asegurar su existencia, por lo que logra la confusión de conocimiento respecto al reconocimiento de las personas como seres con dignidad y, por tanto, con libertad. Además, se convierte en problemático incluso porque propicia una atención parcial de los conflictos jurídicos, al preferir, en su análisis, una sola característica o condición de la o las personas involucradas.

Las teorías feministas acuden al término estereotipo para señalar cómo a partir de la diferencia sexual se construyen y atribuyen características y funciones sociales a hombres y mujeres, limitando así sus posibilidades de comportamiento y de identidad. El pensamiento estereotípico es problemático para la protección de los derechos humanos porque propicia una atención parcial de los conflictos jurídicos, al preferir, en el análisis de dichos conflictos, una sola característica o condición de la o las personas involucradas.

A partir del planteamiento anterior, necesitamos referirnos de manera puntual a las conductas individuales, aceptadas y validadas colectivamente por el constructo social, para extraer la esencia cultural discriminatoria de género como fuente de la diferenciación entre las personas.

Visto así, tomaría significado la función de bienestar común que ofrecería el Estado en la apuesta por la labor preventiva para, sólo de ser necesario, ocupar la reactiva. Entonces, es esencial prevenir la violencia al considerar al otro como sí mismo, porque comparte esencia en su corporalidad, psique y espiritualidad al dejar la distinción de sexo en segundo plano de importancia, si se considera la libertad irrestricta de cada ser humano en sus roles sociales. Dar un giro a lo irreconciliable ordenando la innumerable cantidad de información que impacta en la destrucción de la persona con el debate constante de constructos teóricos sólidos argumentados fenomenológicamente evitará crear leyes reactivas cargadas de violencia simbólica a la mujer y morbo social. El reto es transformar el estigma social discriminatorio en el tránsito de lo prohibitivo a lo regulativo.