2.1 El derecho como dominación

La perspectiva marxista del derecho marcó toda una línea de pensamiento que se desarrolló en oposición a la representación liberal-burguesa.³ En esta corriente el elemento que atravesó a toda la literatura fue, según el propio Marx, señalar al derecho como un instrumento de dominación y al servicio de la burguesía para establecer sus intereses capitalistas.⁴ El argumento fue una consigna en contra del mundo de la vida burgués y de su reproducción material.⁵ Para Marx, el derecho era un instrumento de clase para perpetrarse en el poder, cuidar los intereses y legitimar la división social en el modelo económico capitalista.⁶ En la primera escuela de estudios críticos del derecho se acentuó la posición inicial del fundador de la teoría crítica y se consideró al derecho como un instrumento producto de la razón instrumental que ayudó a ordenar y mantener el status quo de las relaciones sociales.⁷ Ese argumento generó la idea de que nada bueno podía surgir por la vía legal, y la difusión de los derechos individuales estuvo asociada a la reificación de las relaciones económicas burguesas y con la vigencia del modelo de reproducción de desigualdad capitalista.⁸

Marx agudizó su crítica al señalar que el reconocimiento de los derechos simplemente fueron concesiones abstractas y acotadas que no lograron liberar al hombre de la religión, del egoísmo de la industria o de la explotación de la propiedad.⁹ En cambio, la transición del hombre a un ente burgués y no “ciudadano” lo redujo en un ser egoísta e individual, y con esto se dio el origen a la escisión del hombre entre lo civil y político. Además, se inició un periodo de desigualdad fundamentado y legitimado en el régimen del derecho. Para Marx, los derechos burgueses, en el mejor de los casos, sólo lograron emancipar políticamente al hombre mediante la promulgación de los Estados laicos, pero no alcanzaron la emancipación humana.

Wendy Brown, cuando realizó la relectura a la crítica de los derechos que hizo Marx en la Cuestión judía, enfatizó un aspecto: los derechos como discurso implican la generación de una expectativa social de igualdad que no es posible de cumplirse.¹⁰ Su posición es que el propio sistema sobre el que descansan los derechos y las libertades está fundamentado sobre asimetrías en las relaciones sociales, consecuencia de una diferenciación clasista que, de facto, se opone al discurso igualitario. La crítica de Brown parte de señalar a los derechos como significados multiformes e irresueltos que no solamente varían en el tiempo o en las culturas, sino que, por el contrario, siempre están atravesados por diferentes vectores que “llenan” de contenidos esos derechos a favor de determinados grupos: clase, raza, sexualidad, edad, riqueza.¹¹

Un segundo grupo de la literatura que se puede incluir en esta posición crítica es una parte de los trabajos desarrollados por la corriente de los Critical Legal Studies (CLS). Ahí los autores coincidieron en la tipificación del derecho como una máscara para ejercer el sometimiento de un sistema económico y político -capitalismo y liberalismo-; también, señalaron que la regulación jurídica no es neutral y atiende a los intereses definidos por el poder.¹²

De este segundo grupo podemos destacar algunas de las corrientes que se desarrollaron en su interior y que son significativas para la discusión que presentamos. En primer término, la Teoría Crítica Racial, perspectiva que enfatizó que desde la utilización de las categorías jurídicas en los procesos (negro, blanco, afro), la selección de los jurados (mayormente blancos) y en la misma constitución norteamericana se privilegiaban y normalizaban prácticas jurídicas raciales a favor de un sujeto determinado: el hombre blanco liberal.¹³

Otra variante que se puede incluir dentro del desarrollo de los CLS es la Crítica Feminista. En esta segunda se enfatizó que la construcción del derecho y del Estado estaba realizada desde la visión masculina.¹⁴ Además, la institución del matrimonio fue concebida como un contrato sexual donde el hombre tiene el libre acceso a la mujer y ésta queda en un rol de absoluta subordinación, al grado que el acto sexual es considerado por el feminismo radical como una invasión del cuerpo masculino sobre el femenino.¹⁵ La crítica feminista señala que los hombres establecen las conductas y costumbres sexuales, normalizando así las violaciones.¹⁶ Recientemente, se desarrolló una tendencia del feminismo posmoderno que señala como elemento importante disputar los contenidos jurídicos dentro del lenguaje¹⁷.

Finalmente, en esta tradición de los CLS destacan los trabajos y las reflexiones de Duncan Kennedy. Sus posiciones se pueden enmarcar como una crítica contra el discurso de los derechos que se había instaurado con gran fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Kennedy enfatizó que el discurso legal era sólo retórica basada en la neutralidad e imparcialidad y, desde sus reflexiones, este discurso no era neutral y menos imparcial, era una suerte de manipulación que se había utilizado en los tribunales para legitimar decisiones judiciales.¹⁸

Un tercer cuerpo de la literatura en esta línea del derecho como dominación, simplificando sus trabajos, es la corriente crítica que caracterizó al derecho como un elemento alienante, pero cuyo énfasis -a diferencia del marxismo ortodoxo- no se encuentra en la economía, sino en la ideología. Esta orientación señaló que el uso de los contenidos legales y la utilización del derecho en los tribunales impide a la sociedad alcanzar la plenitud -emancipación política en lugar de humana-. La posición de Althusser, quien analizó al derecho como parte de los aparatos ideológicos del Estado¹⁹ (AIE), se puede señalar como pionera en esta línea. De forma similar, Milner apuntó que los movimientos que reivindicaron derechos (como el caso francés de mayo del 68) sólo fueron procesos que terminaron con concesiones acotadas -permisos- que limitaron el avance de las sociedades en contenidos sustanciales.²⁰ En esta tradición, la lectura más radical se encuentra en los trabajos de Žižek.²¹ La reflexión de este autor es que los fundamentos de las sociedades capitalistas están dados a priori y sobredeterminados. El énfasis crítico de esta corriente que ve al derecho como parte de la ideología está en señalar que la función de los aie es la propia reproducción de los aie, permitiendo -como parte de la actual lógica imperante- la reivindicación de categorías culturalistas (homosexual, lesbiana, indígena, etc.) que sólo apuntan a ser “victorias” con contenidos que reducen los objetivos colectivos por demandas individuales, que segmentan las luchas sociales y sirven de paliativos.²²

Una cuarta corriente que se inserta en la misma lógica de este apartado se basa en señalar que al recurrir al derecho se amplía el poder de regulación del Estado, se fortalecen las estructuras de dominación y se desmoviliza la acción política porque se canalizan los conflictos dentro de las coordenadas del Estado.²³ Los estudios que se encargaron de analizar a los movimientos sociales desarrollaron argumentos para evidenciar que trasladar la contienda política a la arena judicial normalmente genera una pérdida de movilización social y un menor activismo en los movimientos.²⁴ Rajagopal, cuando reflexiona sobre la movilización sociolegal en el Valle de Narmada (India), muestra que el derecho, si bien puede usarse en la globalización neoliberal de manera crítica, tiene límites claros en los tribunales porque los tiempos judiciales no son los mismos que los de los movimientos, eso sin contar que no siempre se obtienen los resultados esperados.²⁵

Como se puede observar del análisis que presentamos de las diferentes corrientes y autores en este apartado, existe una continuidad entre los postulados ofrecidos por Marx y los posteriores desarrollos analíticos de la teoría crítica del derecho en cuanto a que el derecho es un elemento de dominación. Las diferencias, salvo algunos matices, se encuentran en los énfasis de la dominación y en las formas bajo las cuales ocurre. Sin embargo, en todos los casos podemos afirmar que el derecho no representa una posibilidad real para la emancipación social, incluso recurrir a uso personifica la propia dominación.

2.2 El derecho como una posibilidad de cambio

En este apartado el objetivo es presentar las principales reflexiones y eventos que contribuyeron a repensar el papel del derecho en la sociedad y sus posibilidades para generar cambios en beneficio de los grupos oprimidos. Como punto de inicio, se parte de la problematización del Estado como un esquema político que incorpora al menos dos elementos: una promesa de bienestar y un proyecto institucionalizado de dominación/regulación²⁶ y emancipación.²⁷ En ambos casos, la faceta de dominación se vuelve más visible en los Estados menos democráticos, en cambio, en las democracias más sólidas se presentan mejores marcos de oportunidad para generar procesos de cambio mediante los canales institucionales. Esto, desde luego, hace pensar en la relevancia de analizar los contextos institucionales y las oportunidades políticas.²⁸

De este modo, al incorporar estos dos elementos al análisis, el Estado no puede entenderse como un sistema articulado, cerrado y coherente, sólo de opresión. Al contrario, en tanto es heterogéneo, se puede concebir como el resultado constante de una tensión estructural entre el consenso y el conflicto, y aunque si bien el segundo se resuelve mayormente dentro de la política liberal, también permite la entrada de nuevos contenidos políticos impulsados desde abajo.²⁹ De estas contradicciones al interior del Estado, las investigaciones en antropología y sociología han mostrado las diferentes grietas y zonas grises donde las instituciones no alcanzan a regular, controlar y administrar su justicia de forma análoga,³⁰ a pesar de contar con el monopolio de la violencia legítima.³¹

Precisamente en esta tensión es donde el uso del derecho cobra relevancia para generar procesos de cambio social a favor de los grupos en situaciones de opresión. Un ejemplo de las tensiones al interior del Estado se dio con las transiciones a las democracias en América Latina y Europa. Dentro de esas transformaciones políticas se identificaron nuevas áreas para luchar dentro del sistema³² y se generaron reflexiones sobre el uso del derecho que no necesariamente fortalecen al modelo económico neoliberal.³³ Estas reflexiones llegaron a la par de la crisis del modelo marxista y de la caída de los gobiernos comunistas en Europa. Ambos eventos inspiraron nuevas bases teóricas apoyadas en las ideas de Gramsci y Lukács.³⁴

En este proceso de apertura del sistema estatal, donde las reformas neoliberales estuvieron presentes y nuevas luchas sociales emergieron, el derecho conformó toda una agenda que acompañó los cambios sociales. En este proceso, el papel de la abogacía de causa fue central en la reconfiguración del campo jurídico para propiciar el surgimiento de la causa por los derechos humanos, al igual que los propios discursos de derechos humanos que posibilitaron nuevos relatos contra insurgentes que generaron transformaciones progresistas para algunos sectores.³⁵

Aunado a los anteriores elementos, reflexionar sobre la capacidad del derecho para transformar socialmente fue también un rechazo a las teorías totalizantes y a los patrones universales deterministas que habían permeado las discusiones académicas. En el ámbito del derecho, las investigaciones que se posesionaron en contra de las teorías deterministas que sólo observaron la dominación, resaltaron el carácter moldeable del derecho gracias a la influencia que dejó el posestructuralismo y las tendencias que abandonaron lo macro por lo micro, así como el concentrarse en los aspectos cotidianos de la dominación.³⁶ Otro aspecto que contribuyó a retomar las reflexiones sobre el uso del derecho y su potencialidad de cambió fue el incremento de la movilización trasnacional del derecho en el campo de los derechos humanos.

Como se observa, para que el uso del derecho se considerara como una posibilidad relevante de cambio social a favor de los grupos en situaciones de opresión tuvieron que pasar, entre otras cosas, importantes reflexiones teóricas que precedieron a eventos políticos y luchas sociales por los derechos humanos en el mundo. De la variedad de los postulados y trabajos que han abordado de forma crítica el uso del derecho concediendo posibilidades de cambio, destacamos la contribución del sociólogo portugués Santos al uso del derecho desde abajo, por ser probablemente una de las corrientes analíticas que ha cobrado mayores seguidores entre las luchas por los derechos en el sur global.

De su enfoque sociojurídico, que se caracteriza por el rechazo a las teorías totalizantes y deterministas, resaltamos la apuesta por una epistemología inclusiva y la posición que señala la existencia de la hegemonía, pero siempre acompañada de resistencias.³⁷ En esta sintonía, Santos identifica a la hegemonía con la globalización neoliberal y con las instituciones que promueven sus intereses (el banco mundial, la lex mercatoria y las empresas trasnacionales). En oposición, la resistencia la enmarca en aquellas luchas impulsadas por ong, sindicatos, trabajadores, inmigrantes, mujeres y otros actores individuales y colectivos que se oponen a la globalización neoliberal y a sus consecuencias.³⁸

Después de analizar brevemente los aspectos que influyeron para que el derecho sea considerado como una herramienta de cambio social importante a favor de los sectores oprimidos, ahora nos encargamos de presentar los argumentos de los trabajos que abordaron de manera precisa las formas y usos que se asumió la abogacía cuando defendió procesos legales para los grupos oprimidos y acompañó causas relacionadas con los derechos humanos.

3.1 La abogacía de causa y sus principales recursos

Los primeros debates de esta literatura estuvieron centrados en discutir y señalar las posibilidades para generar cambios sociales mediante las instancias legales; en ellos se indicó el papel y los riegos de los abogados en tanto se oponen al Estado, como al intentar mejorar las condiciones sociales cuando trabajan en espacios institucionales.³⁹ En esos mismos trabajos se buscó explicar los aspectos que formaban parte de los abogados de causa: cuál era su trayectoria, qué era una causa, para quién se dirigía la abogacía, qué la constituía, por qué los abogados abrazaban determinadas causas y no otras, las condiciones políticas o contextuales que favorecían el surgimiento de los abogados de causa y el régimen político en el que defendían las causas.

Los autores identificaron las circunstancias socio-políticas que contribuían al surgimiento de profesionales con ciertas características y peculiaridades que los distinguían de los abogados tradicionales, y las condiciones sociales que imposibilitaban la aparición de un mayor número de abogados.⁴⁰ Por otro lado, los resultados significativos fueron que las motivaciones que impulsaban la acción social de esos abogados eran el altruismo, la empatía, la ideología, el auto interés y las preocupaciones por la reputación.⁴¹ Los abogados de causa, a diferencia de los tradicionales, eligen a los clientes y a los casos para perseguir sus proyectos ideológicos y redistributivos. Su selección es a partir de una cuestión vinculada al compromiso personal, por lo que estos profesionales abrazan los valores y objetivos de las personas que representan.

De hecho, desafían las concepciones tradicionales de la profesión.

Otro aspecto relevante que sostuvieron los autores fue la existencia de diferencias sustantivas entre la abogacía de causa y la tradicional.⁴² Fueron enfáticos en señalar que los abogados de causa, además de defender a cierto tipo de “clientes”, ejercían la profesión legal de manera distinta a los abogados tradicionales, ya que para alcanzar los objetivos de la causa argüían a un variado repertorio de actuaciones, entre las que destacaban: la educación, la movilización social y el activismo en las instituciones judiciales. Otro aspecto que distinguía a los abogados de causa de los tradicionales era que los primeros aplicaban sus habilidades al servicio de una causa distinta de los intereses de los clientes, mientras que los tradicionales buscaban beneficiar al cliente dentro de los arreglos prevalecientes de poder.

En la literatura hay una primera tensión respecto a los elementos que explican el ejercicio de la profesión y las estrategias finales que empleaban los abogados de causa para conseguir el resultado. Por un lado, está la perspectiva que asocia la ideología, los valores y las motivaciones con las decisiones que tomaban los abogados, pues el objetivo era conseguir el resultado⁴³ (causa). Por otro lado, está la perspectiva que señala que son las interacciones con el cliente -individual o colectivo- y el contexto político los que determinan las prácticas y la forma de ejercer la profesión.⁴⁴

Existe una segunda tensión en torno a si hay diferencias entre los abogados de causa y los tradicionales. Los primeros trabajos señalaron que sí, pues identificaron actuaciones más allá de la defensa legal.⁴⁵ En la actualidad, otros sostienen que no las hay, que las estrategias de actuación y las actividades son esencialmente las mismas;⁴⁶ en cambio, señalan que el rasgo distintivo de los abogados de causa son las causas que defienden y el compromiso político con que las asumen.⁴⁷

3.2 La abogacía de causa en la globalización

En un segundo momento, la literatura abandonó los aspectos que conformaban la abogacía de causa y se concentró en una nueva agenda de investigación que incluía, como eje articulador, la globalización. Los trabajos señalaron complejas transformaciones a nivel nacional y global, y propiciaron la aparición de nuevos actores y capitales en el campo de la abogacía de causa.⁴⁸ El énfasis se puso en explicar el papel y las posibilidades de los abogados de causa ante las influencias externas en los campos subnacionales. El desafío implicó observar las nuevas tácticas y estrategias que la abogacía de causa podía implementar ante las puertas que abrió la democratización y la redistribución del poder estatal. Se incluyeron reflexiones de procesos impulsados desde “arriba” y procesos reconfigurados desde “abajo”.

En las transiciones se identificaron las situaciones cambiantes del poder estatal y se mostraron las redes trasnacionales que implementaron los abogados de causa para defender las agendas contra la globalización neoliberal y aprovechar el potencial redistributivo de los actores internacionales. Un hallazgo importante fue que la aparición y éxito de la abogacía de causa era más probable en los contextos democráticos, sobre todo donde existieron poderes judiciales independientes; en cambio, en los contextos no democráticos fue poco factible el surgimiento y la obtención de resultados favorables.⁴⁹

En esta corriente, los cambios en el Estado a raíz de la globalización se midieron en dos sentidos: como procesos que en determinados contextos propiciaban la formación de una estructura de oportunidades para las reivindicaciones de los derechos, principalmente donde se dieron eventos sólidos de democratización; y otros contextos sociolegales que se caracterizaron por los abusos de poder y donde la abogacía de causa tuvo una agencia reducida.⁵⁰ En los contextos locales donde hubo graves abusos de poder y la abogacía de causa fue reducida, se usaron las redes trasnacionales para intercambiar información y ejercer presión sobre los actores gubernamentales.⁵¹ Las dictaduras militares en Argentina, Uruguay y Chile son ejemplos en América Latina sobre este punto. En los tres casos sobresale la importancia que tuvieron las redes trasnacionales para montar un discurso global en contra de los regímenes militares y de sus formas de represión social.⁵²

Un rasgo que presenta esta segunda línea de la literatura es la notoria participación de organismos internacionales que facilitaron el establecimiento de los DH.⁵³ Esto implico transformaciones al interior de los discursos y de las técnicas de la propia abogacía, pues al institucionalizar los DH se volvió necesario el aprendizaje de un lenguaje que sólo los expertos en ese campo fueron capaces de manejar.⁵⁴ En ese proceso destacan los estudios que los abogados realizaron en universidades norteamericanas que forman parte de la élite global, y las prácticas profesionales en instituciones y organizaciones trasnacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) o el Tribunal Penal Internacional. En estas investigaciones, los DH son producidos, en parte, por las actividades de democratización que promovieron los abogados de causa cuando exploraron la fragmentación de las instituciones del Estado.⁵⁵ En sus reflexiones, el objetivo de los abogados de causa fue desafiar las distribuciones establecidas de valores políticos, sociales y económicos.

3.3 La abogacía de causa y su papel en los movimientos sociales

En la última parte de la literatura de Norteamérica se encuentran los trabajos que reflexionaron sobre el papel que desempeñaban los abogados de causa en los movimientos sociales al momento de ir a la corte y lo que implicaba trascender en ese espacio.⁵⁶ Algunos de los puntos que recogieron fueron determinar qué tipo de causas eran concernientes a los movimientos sociales, así como las implicaciones que tenía para los movimientos sociales permanecer por largos periodos en los procesos judiciales. Los autores propusieron buscar estrategias que generaran una mayor trascendencia política y priorizar con base en los periodos de los movimientos.⁵⁷

En estos trabajos se evidenció que los abogados de causa, cuando trabajaban conjuntamente con los movimientos sociales, perdían la autonomía que caracterizaba la labor individual tradicional, aunque el énfasis fue que la independencia de los abogados de causa quedaba más comprometida cuando existía una relación monetaria de por medio. Otro aspecto importante fue mostrar las complicaciones que representaba para los abogados realizar actividades de base y campañas políticas para apoyar las causas de los movimientos sociales, a grado tal que era difícil diferenciar a los abogados de causa de los activistas sociales.

En los trabajos siguieron presentes las preocupaciones por los límites de los recursos legales y los peligros que representa para los movimientos sociales el recurrir al derecho. Pero también aprovecharon para reflexionar sobre las posibilidades que ofrecía la vinculación de los abogados con el Estado para progresar en los intereses y metas de la movilización social, gracias a la mediación y facilitación que ofrecían las relaciones entre el movimiento y el Estado.⁵⁸ Los enfoques que predominaron en los análisis fueron los trabajos sobre la movilización de recursos y la teoría de las oportunidades políticas.⁵⁹ Los principales tópicos se focalizaron en la forma en que influyen las condiciones del entorno o externas en el surgimiento de la acción colectiva y en cómo el surgimiento y éxito de los movimientos sociales dependían de las oportunidades contestatarias de la acción colectiva, generadas a partir de los cambios institucionales, así como de la apertura ideológica de los representantes en el poder.⁶⁰ No era lo mismo pretender la reivindicación de derechos durante los regímenes totalitarios y militares que movilizarse colectivamente en donde las instituciones y el contexto político presentan condiciones favorables o menos hostiles.

Pensar los aspectos estructurales fue vital, porque el estudio de la abogacía de causa a menudo se concentró en los factores microcontextuales -motivaciones, aspiraciones y estrategias-, así como en las relaciones entre los abogados y clientes, lo que provocó que dejaran de lado el análisis de los contextos institucionales que son centrales para el triunfo o fracaso de los reclamos sociales.⁶¹ El litigio fue visto como un recurso más que debe utilizarse dentro de un contexto político que abre oportunidades en distintas arenas sociales.⁶²

En este último eje también se cuestionaron las funciones que la abogacía podía realizar por los movimientos sociales y los problemas que enfrentan los profesionales al momento de tomar las decisiones colectivamente. Las propuestas de análisis sobre la abogacía de causa en los movimientos sociales fueron el resultado de la gran tradición que existe en Estados Unidos en torno a la acción colectiva, donde diferentes escuelas: oportunidades políticas, marcos de oportunidad, movilización legal y otras marcaron toda una tradición de estudios.⁶³

4.1 Uso alternativo del derecho

Los primeros trabajos en América Latina no tuvieron el interés de reflexionar sobre los aspectos que influenciaban la práctica del derecho. Las preguntas que se hicieron estuvieron orientadas a pensar el papel del derecho en la sociedad, y su énfasis estuvo en evidenciar otro tipo de prácticas que realizaban los abogados, independientemente de su denominación.⁶⁸ En sus aportes, una característica que destacó fue pensar al derecho desde una multidimensionalidad de factores (políticos, económicos, sociales y culturales) para articular propuestas de resistencia y ventilar nuevas formas de praxis legal.⁶⁹

En ese cuerpo de literatura, los autores resaltaron que la disputa para los grupos vulnerables era más que el debate por lo estrictamente legal.⁷⁰ Por esa razón, sus reflexiones se inscriben en una línea política del uso del derecho donde la importancia de la estrategia social y popular trascendió el ejercicio legal. Otro elemento que se puede destacar es que los teóricos apelaban a que la demanda superara la defensa tradicional y se involucrara en el proceso legal a los principales beneficiarios.⁷¹ Dos ejemplos se pueden rescatar de las propuestas de los autores: la apropiación discursiva de los DH como una estrategia política y no sólo legal⁷² (Correas, 1994), y la reapropiación del orden normativo para incluir prácticas legales de los grupos vulnerables.⁷³ Con esto se intentó observar cómo los abogados desplazaban el monopolio legal del Estado para generar su propia praxis y otorgar un sentido legal a favor de esos grupos.

Una de las principales discusiones de este primer cuerpo de literatura se centró en describir y, a la vez, diferenciar los servicios legales tradicionales de los servicios legales innovadores. Los rasgos que encontraron como medulares fueron la naturaleza de los casos y el interés en defenderlos. Mientras que los servicios legales tradicionales tenían como foco de interés la litigación de los procesos individuales -consecuencia de la herencia que guía la cultura jurídica liberal-, los servicios legales innovativos se preocuparon por los casos colectivos y enfatizaron resolver las necesidades que afectaban a las colectividades.⁷⁴

Las características en este primer cuerpo de literatura son:

• Una educación jurídica popular para generar “transformaciones”, apoyada en contenidos políticos y no sólo en un saber técnico.
• Un uso del derecho para que, además de defender, lograra capacitar, apoyar y adelantar en propuestas jurídicas, así como en el diseño de protección extrajudicial.
• Uso del derecho de forma interdisciplinaria con la incorporación de las víctimas de forma central, empleo de metodologías y estrategias innovadoras para generar nuevos ordenes legales.⁷⁵

Un aspecto de los postulados de la literatura latinoamericana fue que los especialistas debían generar los espacios necesarios para que los grupos victimizados o subalternos ejercieran la voz, no sólo en espacios públicos, sino en los espacios legales y en sus propios términos -que normalmente son un obstáculo al momento de participar en la justicia del Estado-. En estas propuestas estuvo de fondo la búsqueda de un ideal de justicia distinto al que promueven las instituciones estatales, una justicia decolonial sustentada en el bien común⁷⁶ y basada en un acceso pleno y antiformalista.⁷⁷

4.2 Las prácticas de la abogacía activista en América Latina

Estos trabajos se preocuparon por dos cuestiones: dar un mapa completo de las actividades que diferenciaba a estos abogados de los tradicionales y comparar algunos de los rasgos más importantes que diferenciaba la abogacía de causa (interés público) en América Latina de la norteamericana.

En todas las investigaciones se puede advertir un elemento: los autores afirman que los abogados que defienden otras causas diferentes a las tradicionales desarrollan percepciones del derecho críticas y sus servicios están encaminados a lograr que las víctimas se empoderen y participen en la solución de sus problemas. Esto implica la participación ciudadana, por eso los trabajos hacen hincapié en que la práctica del derecho que hacen los abogados debe ser concertada y evaluada, o incluso señalan que la estrategia legal en algunos casos queda subordinada a la lucha política.⁷⁸

En ese punto, Vértiz⁷⁹ y Junqueira⁸⁰ fueron enfáticos al señalar que las víctimas (individuales o colectivas) participan en los procesos gracias a la educación y orientación que brindan los abogados, la cual les permite a los defendidos ser protagonistas y decidir las soluciones en relación estrecha con el especialista, desplazando así la jerarquización y el saber del abogado como el único guardián del conocimiento.

A pesar de que Vértiz y Junqueira observan la importancia que asumen las víctimas en los procesos, así como la activa participación en la toma decisiones y tratan de mostrar la relación no jerárquica entre el abogado y cliente, no atinan del todo a romper analíticamente con la práctica del derecho liberal porque señalan que los conocimientos de los sujetos defendidos son sólo saberes diferenciados y complementarios, con esto reiteran la no subordinación de un actor sobre otro⁸¹ pero escapan de la centralidad de esos conocimientos para superar los problemas, como sí lo han observado las recientes investigaciones sobre narraciones exitosas de DH en el mundo.⁸²

Otro aspecto importante que destaca la literatura es la trayectoria de los abogados, las motivaciones personales y las preferencias en la distribución.⁸³ Todos coinciden en que estos abogados orientan sus servicios primordialmente a grupos en situación de vulnerabilidad y colectivos,⁸⁴ con la intención de lograr mejores condiciones sociales y acercarse a un ideal de justicia igualitaria, en posición a las injusticias que prevalecen en sus realidades.⁸⁵

Un espacio sobre el cual no han sido lo suficientemente enfáticos es en la problematización del Poder Judicial como un ente heterogéneo. Los autores que se han ocupado de esa parte continuaron con la perspectiva fatalista y determinista de ser un espacio con fuertes falencias técnicas, el cual bloquea el acceso a la justicia en razón de relaciones asimétricas de poder y, por lo tanto, sólo señalan a la justicia institucional como conservadora e intolerante que tiende a privilegiar los intereses de clase.⁸⁶

Como último aspecto, la literatura muestra una amplia variedad de estrategias utilizadas por los abogados, incluso algunas escapan del terreno de los tribunales. El uso político del derecho, señalan los autores, es una de las diferencias sustantivas respecto a la abogacía tradicional, ya que en los procesos se moviliza la lucha en distintos frentes: jurídicos, administrativos y legislativos.⁸⁷ Además de esos espacios, también se disputa en los medios de comunicación para desmitificar conductas y discursos de control.⁸⁸