a) Breve introducción del sistema ombudsman en México

La figura del Ombudsman es de origen sueco¹ y data de inicios del siglo XVIII, periodo en que se instituyó el Hogste Ombudsmannen por el rey Carlos XII para controlar a los funcionarios durante su ausencia.² Se estableció formalmente en la Constitución sueca de 1809 como Justitie-ombudsman, de ahí en adelante se propagó primero por Europa y luego en el mundo.³ En Iberoamérica, se ha modificado esta figura para adecuarla a necesidades y coyunturas diversas, no obstante, se ha inspirado en la Institución sueca.⁴

En el caso de México, el modelo ombudsman no solo se concibe como una institución de control de la actuación de la administración pública sino, primordialmente, como un órgano que tutela los derechos humanos.⁵ La implementación de esta figura es relativamente reciente.⁶ En 1990 fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en 1992 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además, en dicha reforma se mandató la implementación de un sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos.⁷

La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México es una labor ejercida por la CNDH y treinta y dos órganos de las Entidades Federativas creados para tal efecto. Tomando en cuenta que fue en la década de los noventa del siglo pasado cuando surgió esta figura en el contexto mexicano, se advierte que se ha instaurado y consolidado este modelo en nuestro país.

No obstante, las críticas a este modelo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos se han enfocado en señalar que las recomendaciones que emiten estos órganos no son vinculatorias, es decir, de acatamiento obligatorio para aquellos a quienes se dirigen.⁸ Hoy en día, a treinta y un años de la creación de la CNDH, se ha generado un amplio debate referente a los alcances jurídicos de las determinaciones de este tipo de órganos. En particular, Rosario Piedra Ibarra,⁹ la actual ombudsperson nacional, se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional para hacer vinculantes las recomendaciones de la CNDH.

El antecedente mexicano más remoto de una institución garante de los derechos del gobernado es la Procuraduría de los Pobres instituida en San Luis Potosí mediante la Ley de la Procuraduría de los Pobres, que data de 1847.¹⁰ Por lo anterior es que Jorge Carpizo, acertadamente, señaló que las primeras instituciones de protección de los derechos humanos provienen “primordialmente de la periferia al centro”.¹¹ En este sentido, después del establecimiento de algunas instituciones protectoras de derechos en el país¹² (tanto en las Entidades Federativas como en la Universidad Nacional Autónoma de México) el 6 de junio de 1990 se creó la CNDH mediante decreto presidencial.

Tratar el tema de la CNDH es referirse a un órgano que en un inicio dependía del Poder Ejecutivo; la evolución de su naturaleza jurídica fue paulatina, de órgano desconcentrado pasó a ser organismo descentralizado y de ahí a órgano constitucional autónomo. En las Entidades Federativas la naturaleza jurídica de los órganos locales en la materia guardó semejanza con el diseño institucional de la CNDH, no obstante, con particularidades propias.¹³

El 28 de enero de 1992 se constitucionalizó a la CNDH con la reforma al artículo 102 de la CPEUM, en dicha reforma también se dio el mandato a las Entidades Federativas para crear en su régimen interior órganos similares. Respecto a esta reforma constitucional Héctor Fix-Fierro, en 1993, fue preciso al señalar que incluyó por primera vez el concepto de derechos humanos.¹⁴ Resulta esclarecedor su comentario en el sentido de que a partir de ese momento se adicionan los derechos humanos en la CPEUM:

Por otro lado, al hablarse [en la constitución] de ‘derechos humanos’ se hace referencia implícita a la esfera internacional, la cual constituye cada vez más el parámetro con el cual deben medirse las normas internas. Dicho de otro modo, los derechos humanos son ya una de las puertas de intercambio entre el orden jurídico nacional y el internacional. La reforma confirma esta aseveración cuando señala, más específicamente, los derechos humanos ‘que otorga el orden jurídico mexicano’, el cual incluye, por vía del artículo 133, los pactos y convenciones internacionales en esta materia que nuestro país ha firmado y ratificado.¹⁵

Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102 apartado B de la CPEUM. A propósito de esta reforma, Jorge Carpizo subrayó que un cambio trascendental fue la sustitución del verbo “otorga” por el de “ampara”; refiriéndose al enunciado: “[…] organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano […]” establecido en el artículo 102 apartado B, a partir de dicha reforma.¹⁶

Como se puede advertir de las consideraciones de Héctor Fix-Fierro y Jorge Carpizo, al tiempo que se constitucionalizó la CNDH también lo hicieron los derechos humanos. Sin embargo, no solo asistimos a una inclusión de un concepto sino de un paradigma, eso se evidencia con la conversión de la palabra “otorga” por “ampara” (en 1999). En este orden de ideas, podemos decir que, previo a la gran reforma constitucional de 10 de junio de 2011, los derechos humanos establecidos en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano ya formaban parte del orden jurídico nacional, empero, lo cierto es que su utilización no era tan común como lo es ahora.

Sobre la ubicación en la CPEUM de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo 102, apartado B), cabe destacar que comparte artículo con la Fiscalía General de la República (artículo 102, apartado A), ambos son órganos constitucionalmente autónomos, no obstante, pertenecieron en el pasado, a la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Federal.¹⁷ Para Héctor Fix-Fierro su ubicación es la correcta, ya que refleja su finalidad como un órgano de la justicia en sentido amplio y señala: “resulta lógica y adecuada su ubicación en la parte de la Constitución que se refiere a las instituciones y los medios de defensa de las normas y los derechos constitucionales”.¹⁸

b) Sistema jurisdiccional y sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México

Como bien sabemos, en México el gobernado tiene primordialmente dos medios de defensa de sus derechos humanos, uno por la vía jurisdiccional y otro a través del sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Se puede decir que la diferencia más trascendental entre estos medios de defensa es la naturaleza de sus resoluciones.

También existen diversos motivos por los cuales el ciudadano es más proclive a acudir al sistema no jurisdiccional. Para Héctor Fix Fierro, aunque el medio idóneo para defender los derechos es la vía jurisdiccional, esto no siempre es posible debido a que “existen circunstancias de orden sociológico e institucional que impiden o dificultan el recurso a esos órganos”.¹⁹ Como expresa Agustín Gordillo, las principales objeciones a los órganos jurisdiccionales es que son deficitarios en el tiempo y costo, lo cual deviene en que importantes sectores poblacionales queden excluidos de la tutela jurisdiccional.²⁰ Por su parte Jean Bernard Marie, menciona que una alternativa a los procedimientos judiciales “de difícil acceso, complejos, onerosos y prolongados” es el sistema ombudsman, que ofrece algunas ventajas como: “el acceso directo, la gratuidad, el reemplazo de procedimientos, y condiciones de recepción de quejas, una mayor rapidez en el examen y en las reglas”.²¹

Por lo anterior, los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos son una forma de ampliar el acceso a la justicia a una mayor población, ya que coadyuvan con los órganos jurisdiccionales en la resolución de conflictos.

c) Medios alternativos de solución de conflictos y órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos en México

Destaca Guzmán Palma, que los conflictos pueden ser solucionados por numerosas formas distintas a la vía jurisdiccional; por lo que algunos métodos y estrategias se enfocan más en cambiar la formulación y comprensión del problema, este enfoque implica la resolución no jurisdiccional de conflictos o disputas.²²

Vado Grajales, menciona que los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) “consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional.”²³ Por su parte, Beatriz Camarillo con especial énfasis en el derecho administrativo, menciona que los MASC, “se han incorporado al campo del derecho público, estando a disposición de los ciudadanos para posibilitar el derecho de acceso a la justicia”.²⁴

En cuanto a su denominación la doctrina se ha referido a los MASC de distintas formas: medios alternativos de justicia, medios alternativos de solución de conflictos y alternative dispute resolutions.²⁵ Por su parte, la CPEUM, en su artículo 17 se refiere a “mecanismos alternativos de solución de controversias”.

En México, ante presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, el gobernado puede elegir entre la vía jurisdiccional (p. ej. el juicio de amparo); una vía no jurisdiccional (p. ej. acudir a un órgano no jurisdiccional de protección de derechos humanos), o también puede acudir a ambas instancias (jurisdiccional y no jurisdiccional).²⁶

La CNDH y sus homólogas a nivel local no son instancias jurisdiccionales, por lo tanto, en los casos en que el gobernado solo acude ante ellas, está intentando resolver el problema por un medio distinto al jurisdiccional. De acuerdo con lo anterior, consideramos que el sistema ombudsman es en “sentido amplio” un medio alternativo de solución de conflictos.

Para Vado Grajales²⁷ la mediación, la conciliación y el arbitraje están comprendidas dentro del concepto MASC. Alfredo Gozaíni, concibe que: “Cada una de las modalidades (arbitraje, conciliación, mediación, ombudsman, etcétera), tiene una motivación particular que está desprendida del modelo adversarial que tipifican los procedimientos” y afirma que estas modalidades tienen características propias que las alejan de ser consideradas como equivalentes jurisdiccionales o instituciones sustitutivas del proceso público.²⁸ Se advierte que, para el autor, el modelo ombudsman es ya una vía alternativa para la resolución de conflictos, es decir, un medio alternativo a la vía no jurisdiccional.

Ovalle Favela, considera que la conciliación, el arbitraje y el ombudsman son instituciones no jurisdiccionales “que fortalecen el papel de la sociedad civil en la solución de los conflictos jurídicos y contribuyen, en buena medida, a dar mayor sustento al ejercicio de los derechos.”²⁹

Como se verá más adelante, la conciliación y la mediación son atribuciones de los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos en México, es decir, el sistema ombudsman mexicano implementa dentro de sus procedimientos algunos medios alternativos de solución de conflictos, ya que contempla que no todas las quejas deban resolverse necesariamente mediante una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad.³⁰ Para Islas Colín, una de las características principales del sistema ombudsman es la búsqueda de “una solución amigable entre las partes”.³¹ Por lo anterior, consideramos que estas atribuciones del sistema ombudsman son MASC en “sentido estricto”.

Por su parte, de la revisión a la normatividad de los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos a nivel local se observa que, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hace mención de los procedimientos conciliatorios y de mediación como “mecanismos alternativos de solución de conflictos”,³² mediante los cuales se alcanza la justicia restaurativa.³³ En otras leyes de órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos no se utiliza la denominación MASC de forma expresa, pero se puede inferir, siendo el caso de las siguientes entidades federativas: Guerrero³⁴; Estado de México³⁵ y Michoacán³⁶ en las que se establece que la mediación y conciliación son medios alternativos, auxiliares y complementarios al procedimiento de queja y a la investigación de oficio que tienen como finalidad lograr la solución del conflicto. A diferencia de las anteriores, en Sinaloa³⁷ solo se hace referencia a la conciliación y no a la mediación.

Por todo lo anterior es que proponemos lo siguiente: el sistema ombudsman mexicano puede ser clasificado como MASC en “sentido amplio” y en “sentido estricto”. En “sentido amplio” si se toma en cuenta como un medio que permite resolver un conflicto sin acudir a la instancia jurisdiccional; y en “sentido estricto” para referirnos a sus atribuciones de conciliación y mediación.

A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivos, mencionaremos algunos conceptos de conciliación y mediación, con la finalidad de proseguir con el análisis de la atribución de conciliación de la CNDH y posteriormente, con tales atribuciones en los órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos a nivel local.

d) Conciliación

En relación con la conciliación, Vado Grajales menciona que es el “procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto, y que además formula propuestas de solución”. Este autor menciona que la conciliación se divide en extraprocesal e intraprocesal, y coloca al procedimiento de conciliación que llevan a cabo los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, dentro de la categoría de extraprocesal.³⁸ Alfredo Gozaíni, expresa dos vertientes de la conciliación, en la primera, como “proveniente del acuerdo de voluntades que encuentra puntos de acercamiento entre los intereses que los enfrenten sin que para ello intervengan terceros” y; en la segunda acepción es “la actividad dispuesta por otro en miras a aligerar las tensiones y desencuentros de las partes”.³⁹

e) Mediación

La mediación se puede entender como “el procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre aquellas para que puedan delimitar el conflicto y encontrar su solución. El tercero no hace propuestas de arreglo”.⁴⁰ Alfredo Gozaíni, menciona que su objetivo es “encontrar una respuesta pacífica, una alternativa flexible que no tenga el marco preciso de la perspectiva analizada, pudiendo conseguir resultados absolutamente diferentes al cuadro típico que califica la pretensión y su resistencia”. Así, el mediador se convierte en un facilitador para que las partes puedan expresar sus intereses y mediante su técnica, propicia que las partes se alejen de sus posturas antagónicas.⁴¹

f) Los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano

El artículo 17 de la CPEUM establece como derecho humano el acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias. En este sentido, mencionaremos algunos de los criterios jurisdiccionales que lo han interpretado.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ha señalado que los mecanismos alternativos de solución de controversias contemplados en el artículo 17 de la CPEUM son un derecho humano.⁴² Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ha establecido que la justicia no solo está a cargo de los órganos jurisdiccionales del Estado, sino que a partir de una interpretación progresiva de los derechos humanos el acceso a la justicia también abarca a “los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes.”⁴³

Los criterios referidos, evidencian el desarrollo que han tenido los mecanismos alternativos de solución de controversias en los razonamientos del Poder Judicial de la Federación. Los cuales, fueron constitucionalizados en el artículo 17 de la CPEUM, mediante la reforma de 2008 y pretenden generar un cambio de paradigma de la justicia, promoviendo el modelo de justicia restaurativa.⁴⁴

Desde la doctrina se ha definido a la justicia restaurativa como “una forma de interpretar la justicia y las vías para llegar a ella, que sitúa a la víctima en el lugar que le corresponde como protagonista del conflicto ocasionado y reconoce que no solo ella sufrió un menoscabo en sus intereses, sino que el conflicto también pudo transcender a la comunidad.”⁴⁵ En la consideración de Gorjón Gómez y Rodríguez Rodríguez, el paradigma de justicia restaurativa se enfoca en un cambio de cultura en el que la empatía de las partes es determinante para, en la medida de lo posible, reestablecer las cosas al estado en el que estaban antes del conflicto.⁴⁶ Si bien la doctrina se ha enfocado primordialmente al estudio de la Justicia Restaurativa desde el punto de vista del Derecho Penal, estimamos que dicho modelo no solo es aplicable a conflictos en materia penal, por ello, puede trasladarse a otras materias.⁴⁷

Como ya se ha mencionado, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, establece que la justicia restaurativa se alcanzará a través de procesos restaurativos como la conciliación y la mediación.⁴⁸ Desde una visión doctrinal, los MASC han sido considerados como “herramientas para la paz” debido a que “pretenden en todo momento el desarrollo de esquemas de justicia y paz en todo tipo de conflictos”.⁴⁹

Por su parte, López Chavarría, ha sostenido que “los organismos defensores de los derechos humanos, con sus rasgos específicos tienen como finalidad procurar una mejor administración de justicia”.⁵⁰ En el mismo sentido, Aguilar Cavallo y Steward, han afirmado que el “Defensor del Pueblo se constituye en un medio adicional eficaz para la satisfacción del principio de acceso a la justicia, ya que aumenta, amplía y complementa la posibilidad que tienen los individuos y grupos de ver realizados sus derechos humanos.”⁵¹

De acuerdo con lo anterior, los órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos pueden ser considerados como órganos que garantizan el derecho humano de acceso a la justicia. Consideramos que la normatividad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México representa un avance significativo al concebir a la conciliación y mediación como medios para alcanzar la justicia restaurativa.

a) Fundamento constitucional de la CNDH

Desde su adición a la constitución en 1992⁵⁵ el apartado B del artículo 102 ha sido reformado en tres ocasiones: en 1999⁵⁶, en 2011⁵⁷ y en 2016.⁵⁸ De la revisión a dichas reformas, no encontramos mención expresa del procedimiento conciliatorio en el texto constitucional. Consideramos que dada la trascendencia de esta figura debería de incluirse alguna mención sobre la atribución de conciliación de la CNDH en la CPEUM, para ello el Poder Reformador de la Constitución federal podría tomar como referencia lo realizado por los Poderes Reformadores de las Constituciones de Hidalgo y Ciudad de México.

Así, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 9 bis, enuncia que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo “[…] Dentro de las formas de solución a los asuntos que atienda se encontrara (sic) la amigable composición, para lo cual podrá hacer uso de los medios alternos de solución de conflictos de mediación y conciliación siempre que se trate de violaciones no calificadas como graves. [… ]”. Estimamos que esta mención es un acierto ya que desde esta Constitución local se mandata la utilización de los MASC en los casos que así proceda. Por su parte, en el artículo 48, punto 4, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de México, se dispone que la Comisión de Derechos Humanos tiene como atribución y obligación “Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos”.

b) La Ley de la CNDH

En 1992 con la finalidad de adecuar la reforma al artículo 102 de la CPEUM, se expidió la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.⁵⁹ Desde su promulgación se estableció el procedimiento de conciliación. Cabe mencionar que dicha Ley ha sido reformada en dieciséis ocasiones,⁶⁰ no obstante, los artículos referentes a la atribución de conciliación (6 fracción VI; 24; 36; y, 53) no han sido modificados a la fecha. A continuación, se hará una breve mención de estos.

El artículo 6, fracción VI de Ley, establece que una de las atribuciones de la CNDH es: “Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita”.

Por otra parte, el artículo 24, fracción III de la Ley, enuncia como una de las facultades y obligaciones de los Visitadores Generales la de: “Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita”.

Mención especial merece el procedimiento establecido en el Título III de la citada Ley, que dispone en su artículo 36, lo siguiente:

Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente o los Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos humanos para intentar lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.

El procedimiento concluye al lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, en este caso la Comisión Nacional lo hará constatar y ordenará el archivo del expediente, no obstante:

[…] podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 90 días. Para estos efectos la Comisión Nacional en término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.

Por otra parte, en el artículo 53 de la Ley se establece la obligación de incluir “los efectos de la labor de conciliación” en los informes anuales que presenta el presidente de la CNDH. Como se verá más adelante, esta disposición fue replicada en las leyes de los órganos locales de protección de los derechos humanos.

c) El Reglamento Interno de la CNDH

También en 1992, se publicó un nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,⁶¹ el cual abrogó el Reglamento de 1990. En este nuevo ordenamiento se incluyó y delimitó la atribución de conciliación de la CNDH a fin de armonizar su contenido con el de la Ley. El Reglamento promulgado en 1992, fue modificado en una sola ocasión, el 17 de noviembre de 2000.⁶²

En 2003 se expidió un nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,⁶³ abrogando el Reglamento Interno de 1992. En este nuevo reglamento se hicieron modificaciones a los artículos que se referían al procedimiento de conciliación. De la comparación entre la normatividad abrogada y la vigente, advertimos que los cambios no son tan representativos, en todo caso lo que si es evidente es que en el Reglamento de 2003 se eliminaron plazos que operaban a favor del quejoso, además se advierte que se delimitó el concepto de infracción grave a los derechos fundamentales, lo cual ayuda a determinar la procedencia de la conciliación.

d) La razón que llevó a incluir a la conciliación como atribución de la CNDH

Una duda que podría suscitar el presente análisis es la siguiente: ¿por qué no se incluyó la atribución de conciliación de la CNDH desde su origen en 1990? Al respecto, consideramos que la influencia de los “Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, (también denominados “Principios de París”) fue decisiva para que en la Ley de la CNDH de 1992 se agregara la atribución de conciliación, tal y como se desarrollará en el presente apartado. Respecto al origen de los “Principios de París”, señala Luis Raúl González Pérez, lo siguiente:

[…] se elaboraron como resultado del Primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que se celebró en la ciudad de París, Francia, del 7 al 9 de octubre de 1991. Posteriormente, estos principios fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la Resolución 1992/54, de marzo de 1992, reafirmada por la Asamblea General con la Resolución 48/134 del 4 de marzo de 1993.⁶⁴

Para el mismo autor, la importancia de estos principios radica en que “se han convertido en el fundamento y fungen como el principal punto de referencia del cual se debe partir para la creación de las INDH [Instituciones Nacionales de Derechos Humanos] alrededor del mundo”.⁶⁵ Además, en consideración de Aguilar Cavallo y Steward, los Principios de París “proporcionan un estándar internacional mínimo que asegura la existencia de una institución nacional de derechos humanos efectiva, eficiente e independiente”.⁶⁶ De esta manera, podemos entender la trascendencia que tuvieron estos principios para la creación de instituciones de protección y promoción de los derechos humanos.

Conforme Aguilar Cavallo y Steward, los Principios de París, disponen seis características básicas que deben cumplir las INDH:

i) independencia garantizada por texto constitucional o legislativo, ii) autonomía respecto al gobierno, iii) pluralismo, incluida su composición, iv) mandato amplio, basado en las normas universales de derechos humanos, v) facultades de investigación adecuadas y vi) recursos adecuados.⁶⁷

Para la materia del presente estudio, resulta pertinente destacar que los principios antes aludidos, constan de un apartado denominado “Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasijurisdiccional” en el cual se enuncia que una de las funciones encargadas a las INDH podrá basarse en lo siguiente:

Tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los límites establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un procedimiento de carácter confidencial […]⁶⁸

Como se ha mencionado, los Principios de París representan una influencia importante para la creación de INDH y la propagación de este modelo en diversas latitudes.⁶⁹ No obstante, como señala Gomes da Silva, antes de que se establecieran los Principios de París ya se habían creado instituciones de protección de derechos humanos en Latinoamérica, como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala en 1985, sin embargo, es a partir de la década de los 90 que aumenta su número de manera exponencial.⁷⁰ También, González Pérez, coincide en señalar que “en el caso de México la CNDH se creó antes de que se dieran los Principios de París, y la referencia directa que se tuvo en el momento de hacerlo fue “la figura del ombudsman escandinavo.”⁷¹ En similar sentido Aguilar Cavallo y Steward, mencionan que “el Defensor del Pueblo latinoamericano se inspira de la figura del Ombudsman contemplada en la Constitución sueca de 1809”.⁷²

Desde nuestro punto de vista, lo anterior, explicaría porque en el Decreto que creó la CNDH en 1990, no se incluyó la atribución de conciliación, dado que no tuvo como referente a los “Principios de París” sino el modelo de ombudsman escandinavo. Además, conforme a dichos principios, el procedimiento conciliatorio tiene un carácter confidencial lo cual nos ayudaría a entender porque la mayoría de los órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos en México ha decidido no hacer públicos los acuerdos de conciliación. No obstante, consideramos que a la luz del artículo 6 de la CPEUM, estos deberían ser públicos, siempre y cuando se protejan los datos personales de los quejosos.