2.1 Generalidades del caso Villas de Salvárcar

Los hechos sobre el presente caso se describen en la Recomendación No. 50/2011 sobre el caso de las víctimas y ofendidos del delito de la masacre de Villas de Salvárcar ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, emitida por la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) el 30 de agosto de 2011.

En lo que respecta a la citada recomendación, la CNDH señala que los hechos sucedieron el 30 de enero de 2010, entre las 23:30 y las 23:50 horas, en donde varios jóvenes se encontraban reunidos en un domicilio en el Fraccionamiento Villas de Salvárcar, con motivo de una fiesta, cuando un comando armado atentó contra ellos, privando de la vida a quince personas e hiriendo gravemente a otros diez.

En consecuencia, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, inició la carpeta de investigación, dentro de la cual cinco personas fueron vinculadas a proceso en la causa penal.

Posteriormente el 2 de febrero de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua radicó una queja de oficio, misma que se remitió a la CNDH tras advertir posibles violaciones de derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que, en diversas notas periodísticas, se señalaba que elementos de dicha dependencia habían impedido el paso de las ambulancias al lugar donde ocurrieron los hechos.

Fue hasta el 11 de julio de 2011, cuando cuatro de los cinco imputados fueron condenados a 240 años de prisión por el delito de homicidio simple, homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa y sentenciados a pagar solidariamente una cantidad por concepto de reparación del daño y otra por concepto de gastos funerarios, misma que sería repartida de manera igualitaria a los familiares de las víctimas. El quinto de los imputados que fue sujeto a proceso, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, mismo que fue negado, por lo que interpuso el recurso de revisión, y que, atendiendo a la relevancia del caso, lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, concediéndole el amparo en contra del auto de vinculación a proceso, por lo que a ese quinto imputado se le concedió la libertad.

Finalmente, la CNDH recomienda al titular del poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, atendiendo a que el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos constituye una de las vías previstas en el ordenamiento jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos del estado, con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró procedente solicitar que se giraran instrucciones para que se otorgara una justa reparación a los sobrevivientes y a los familiares de las personas que fallecieron y a aquellos que hubiesen comprobado haber sido afectados por las omisiones de las autoridades, reparación que debía consistir en atención médica, psicológica y de asistencia social hasta en tanto no cesaran los padecimientos físicos, psíquicos y médicos generados por los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010, en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, atención que debía ser a través de una institución médica o de salud, incluidos la provisión de medicamentos, transportación para su atención, gastos de alimentación, hospedaje de ser necesarios, y todas aquéllas atenciones que fueran indispensables para su completa rehabilitación.¹¹

2.2 De la reparación integral a las víctimas

La reparación integral debe ser entendida como un derecho fundamental tal y como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2012 en tesis aislada, cuyo rubro se cita: “Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. Concepto y alcance”¹².

Por otro lado, la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013, obliga a todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales en el ámbito de sus competencias a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

Además, la citada ley, señala que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

En ese sentido el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, establece qué debemos entender por cada una de las medidas de reparación integral, así tenemos lo siguiente:

1. La restitución que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos humanos; que a manera de ejemplo puede consistir en el restablecimiento de los derechos jurídicos; de la vida y la unidad familiar.
2. La rehabilitación que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa de las violaciones de derechos humanos; en este sentido se hace referencia a la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas que llegue a necesitar la víctima.
3. La compensación, la cual ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos; esta medida hace referencia a la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; reparación del daño moral, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales.
4. La satisfacción, la cual busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; misma que podría darse a través de una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima, una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
5. En lo que respecta a esta medida la Corte Interamericana en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala ha señalado que “las medidas de satisfacción buscan reparar el daño inmaterial y no tienen naturaleza pecuniaria”¹³
6. Las medidas de no repetición, mismas que buscan que la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; estas medidas pueden consistir en asistencia a cursos de capacitación de derechos humanos a funcionarios públicos.

Ahora bien, como lo hemos venido señalando, la Ley General de Víctimas no es la vía exclusiva de indemnización tutelada en el sistema jurídico mexicano, y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas previsto en la misma Ley debe entenderse en un ámbito de complementariedad respecto de las indemnizaciones otorgadas a la víctima, a través de otros medios.

Así pues, la CEAV, no emite condena alguna a la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos, ni prejuzga sobre la responsabilidad que debe atribuírsele, sino que simplemente hace de su conocimiento el pago de la compensación que realizará a las víctimas con motivo de la reparación del daño, para que dicha autoridad inicie los procedimientos conducentes y, de ser procedente, promueva las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

En el caso que nos ocupa estas medidas han sido satisfechas por las autoridades en distintos momentos, pues en el caso de la medida de satisfacción desde su dimensión colectiva la podemos visualizar en dos momentos, el primero de ellos el que se dio en enero de 2011, cuando el gobierno federal crea un centro deportivo en la colonia Villas de Salvárcar en memoria de los jóvenes asesinados, construido en tres hectáreas, mismo que fue inaugurado en el contexto de la estrategia Todos Somos Juárez.

Para la construcción de este deportivo, las autoridades identificaron los daños y necesidades de la comunidad, con la participación de las personas que la integraban, es decir la importancia de construir con y para la comunidad son elementales dentro del proceso restaurativo, pues “la participación de la comunidad y la construcción de comunidad son dos de las metas de la justicia restaurativa”.¹⁴

En este sentido, para la CEAV fue importante identificar a los grupos afectados, y a quienes quisieran participar dentro del proceso restaurativo comunitario. Porque “la movilización de la comunidad empieza con la identificación de los individuos y grupos afectados por conflictos y de quienes están en posición de participar en la solución de los mismos. Un elemento básico en este proceso es la comprensión de las necesidades y los valores de la comunidad”¹⁵

Por ello, la participación de la comunidad es indispensable para la apropiación de los espacios públicos, como sería en este caso el centro deportivo.

[Figure ID: f1] Imagen 1.

Unidad Deportiva Villas de Salvácar

  —Fotografía: Aguirre Bonilla Olivia.

Un segundo momento es la creación del memorial en el domicilio donde sucedieron los lamentables hechos, ubicado en la calle Villa del Portal, número 1310. Memorial que fue entregado a familiares de las víctimas en un evento solemne por el Gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI). Este memorial era una exigencia de las familias pues querían cambiarle la imagen negativa a esa vivienda y apropiarse de la misma para recordar a sus familiares de manera digna. Y es que se ha observado, como lo señala Bazemore y Umbreit que “la manera en que una comunidad se define y se involucra en modelos restaurativos es un factor crítico que afecta la naturaleza y el grado de participación y propiedad de los ciudadanos”¹⁶

[Figure ID: f2] Imagen 2.

Memorial 30 de enero Villas de Salvárcar

  —Fotografía: Aguirre Bonilla Olivia.

Con las anteriores medidas, se buscó reconocer y restablecer la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas directas e indirectas para rescatar la memoria colectiva.

Ahora bien, en lo que respecta a la medida de compensación, el catorce de octubre de 2019, el gobernador del estado se reunió con las víctimas de Villas de Salvárcar con la finalidad de realizar a través de CEAV la compensación subsidiaria derivada de la sentencia condenatoria dictada en el presente caso. Y es que, la citada sentencia había condenado a los acusados a pagar de manera solidaria por concepto de indemnización, cuarenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos con ochenta centavos, moneda nacional a favor de cada una de las víctimas mortales y por otro lado se les había condenado a pagar de manera solidaria por concepto de incapacidad diversos montos a las víctimas lesionadas que oscilaron desde los seis mil pesos hasta la cantidad de cincuenta y un mil pesos moneda nacional.

Sin embargo, en el concepto de indemnización, no se incluía la compensación por el daño moral. Por ello la CEAV una vez que analizó el impacto generado en cada una de las víctimas, teniendo en cuenta la magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante, otorga una compensación apropiada y proporcional a cada una de las víctimas, utilizando para ello el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV.

En ese mismo sentido, la Coordinadora de la Zona Norte de la CEAV, la Lic. Gabriela Romero Reza (información por escrito)¹⁷, señala lo siguiente: “La reparación en el ámbito de la compensación que realiza la CEAV parte de la reparación como víctimas del delito y como víctimas de violaciones de derechos humanos”.

En lo que respecta a la medida de rehabilitación durante el proceso judicial y posterior a este, la CEAV atendió las necesidades urgentes e inmediatas que presentaron con motivo del hecho victimizante, gastos médicos, alimentación, transporte, medidas de seguridad entre otras, por otro lado, se revisaron las secuelas físicas y psicológicas, así como los tratamientos necesarios como parte de las medidas de rehabilitación.

Además, como parte de las medidas de restitución, las víctimas accedieron a la justicia y conocieron la verdad de los hechos a través de la sentencia condenatoria emitida en el juicio oral respectivo, sin embargo, el gobernador Javier Corral Jurado precisó el mismo catorce de octubre de 2019, en evento privado destinado al pago de la reparación integral a las víctimas, realizado en uno de los auditorios de las oficinas de gobierno ubicadas en Ciudad Juárez, que se tuvo que reconstruir la investigación para la búsqueda de más involucrados, y por tanto, el proceso seguía abierto.

Por último, en lo que respecta a las garantías de no repetición se determinó capacitar a los cuerpos de seguridad en los ámbitos municipales y estatales en materia de prevención, investigación y detección de necesidades de seguridad; garantizar la implementación de programas de prevención del delito; la creación de lineamientos de modelos de atención integral para las víctimas; que el Tribunal Superior de Justicia genere mecanismos encaminados a promover, respetar, proteger y garantizar la seguridad de las víctimas en el desarrollo del proceso penal, asimismo que establezca un plan permanente de capacitación y sensibilización sobre los derechos de las víctimas y que las instituciones que integran el Sistema Estatal de Víctimas elaboren programas de formación, permanencia, capacitación profesionalización y sensibilización especializado en la atención a las víctimas.

La CEAV en el estado de Chihuahua, ha sido de las entidades de la república que se ha comprometido en atender las medidas de reparación integral, aunque el proceso ha sido lento y complejo por ser esta institución de reciente creación, del año 2018 al 2019 en todo el estado se realizaron 110 reparaciones integrales, tal como lo precisa la información proporcionada por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV. La cual se señala a continuación:

El reto que enfrenta la CEAV estatal, es el presupuesto que destinen las próximas administraciones, pues ello hará posible que se garantice el derecho fundamental a la reparación integral.

2.3 La percepción de las víctimas de Villas de Salvárcar

En este apartado se abordarán las diferentes perspectivas de las víctimas indirectas en torno al impacto individual y social relacionado con la reparación integral posterior a su otorgamiento. Como parte del análisis cualitativo de la presente investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a las víctimas para conocer su postura al respecto. De esta manera el instrumento se dividió en dos áreas, la primera de ellas el área de la reparación colectiva, integrada por la categoría de cohesión social; espacios públicos y medida de satisfacción. La segunda área fue la reparación individual, integrada por la categoría de rehabilitación; proceso judicial; sentencia y compensación económica. Mismas que a continuación se exponen y se analizan: